En la madrugada del 22 de agosto de 1972, dieciséis presos políticos fueron asesinados en la Base Almirante Zar.

Mañana a las diez de la mañana, en el teatro José Hernández de la ciudad de Rawson, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia comenzará a juzgar a cinco marinos por la Masacre de Trelew, como pasó a la historia el fusilamiento de dieciséis presos políticos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar de la Armada Argentina. El gran ausente del juicio, el primero por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, será el teniente de navío retirado Roberto Guillermo Bravo, identificado por los tres sobrevivientes del fusilamiento como quien recorrió los calabozos para dar los tiros de gracia. Ciudadano norteamericano desde 1987, localizado por Página/12 en Miami como titular del RGB Group en 2009, el Ñato Bravo sigue libre e impune gracias al juez Robert Dube, miembro de la Corte de Florida, quien rechazó el pedido de extradición con el argumento de que las declaraciones de los sobrevivientes “no son creíbles” y que en todo caso no correspondía la extradición por tratarse de “delitos políticos”.

La causa por la masacre de 1972 se abrió a pedido del CELS, en representación de familiares de los fusilados, tras la reapertura de las investigaciones por crímenes de la última dictadura. La Armada había instruido un sumario en base a su falacia habitual: intento de fuga repelido por marinos con todos los muertos en el bando contrario y ni un rasguño en el propio. El juez federal de Trelew, Hugo Sastre, tomó decenas de testimoniales a personas que trabajaban en la base y a principios de 2008 ordenó las detenciones, que incluían a Bravo.

Los cinco imputados que finalmente se sentarán en el banquillo son los capitanes de fragata Luis Emilio Sosa y Emilio Del Real, los capitanes de navío Rubén Norberto Paccagnini y Jorge Enrique Bautista, y el cabo Carlos Amadeo Marandino. Sosa recorrió los calabozos junto con Bravo para dar los tiros de gracia, según le contaron los sobrevivientes a Paco Urondo, que en base a sus relatos publicó La Patria fusilada. Treinta y cinco años después, citado a indagatoria, Sosa declaró que mientras inspeccionaba los calabozos recibió “una patada de karate” que lo dejó conmocionado y cuando intentó reincorporarse “ya habían empezado a tirar las ametralladoras PAM”. Dijo que alcanzó a ver “cuatro bocas de fuego desde tres metros” e identificó a tres de los fusiladores: Bravo, Del Real y Marandino. El suboficial Marandino, a su turno, declaró que esa noche estaba de guardia hasta que le ordenaron abrir las puertas de los calabozos y retirarse. El capitán Paccagnini era entonces el jefe de la base Zar, superior inmediato de los fusiladores. El capitán Bautista fue el responsable del sumario interno que respaldó la versión del intento de fuga, por lo que será juzgado por encubrimiento. Marandino dijo que le ordenaron mentir para respaldar la historia oficial.

El segundo gran ausente del juicio será el contraalmirante retirado Horacio Mayorga, entonces comandante de la Aviación Naval. Mayorga fue quien ordenó trasladar a los guerrilleros capturados a la base Zar y no al penal de Rawson como había prometido la Armada y quien llegó a reivindicar la masacre ante su tropa. “La Armada no asesina. No lo hizo, no lo hará nunca. Se hizo lo que se tenía que hacer. No hay que disculparse porque no hay culpa”, dijo. El viejo marino, golpista ya en 1955, célebre apologista de la dictadura, fue procesado como cómplice necesario pero quedó fuera del juicio gracias a sus problemas de salud.

Las actividades previas a la audiencia inicial, bajo el lema “Los juicios son ahora”, comenzaron ayer con una conferencia de prensa de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas, y con un taller de capacitación para periodistas organizado por el programa Memoria en Movimiento, de la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional. Hoy a la tarde se realizará un homenaje a las víctimas y luego al fallecido ex secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, abogado de presos políticos al tiempo de la masacre, con la inauguración de un acceso al Centro Cultural por la Memoria que funciona en el ex Aeropuerto Viejo de Trelew, donde se entregaron los presos políticos fugados de la cárcel de Rawson que una semana después serían fusilados.

El tribunal que tendrá la responsabilidad histórica de juzgar la Masacre de Trelew está integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro De Diego y Nora María Cabrera de Monella, que escucharán a unos setenta testigos. En representación del Ministerio Público actuarán los fiscales Horacio Arranz y Fernando Gelvez. Los familiares de las víctimas serán representados por Eduardo Hualpa y abogados del CELS. El juicio será transmitido en pantalla gigante en la plaza central de Rawson, podrá verse a través del Canal 7 de Chubut y desde el sitio www.memoriaenmovimiento.gov.ar