El juez Ariel Lijo concretó ayer la audiencia en la que el fiscal Carlos Rívolo fundamentó que no perdió la objetividad en la causa Ciccone, mientras que Diego Pirota y Déborah Lichtmann –defensores de José María Núñez Carmona, amigo y socio del vicepresidente Amado Boudou– sostuvieron que el fiscal cometió irregularidades graves y que debe ser desplazado. El juez seguramente decidirá hoy. Tiene varios caminos. Puede apartar a Rívolo del expediente, como virtualmente se lo sugirió la Cámara de Apelaciones; puede confirmarlo en la causa o, tal vez, le permita continuar, pero retomando la instrucción el magistrado, que en su momento le fue delegada al fiscal por el juez Daniel Rafecas.

Los caminos elegidos por Rívolo y por Pirota y Lichtmann fueron distintos. El fiscal llegó a la audiencia con un escrito de 33 páginas y luego no intervino más. El texto fue leído delante del juez y los defensores de Núñez Carmona, quienes fueron invitados a manifestarse sobre el escrito de Rívolo. Pirota fue respondiendo a los argumentos del fiscal, pero éste resolvió no ir más allá de lo expuesto en el escrito.

Los puntos de controversia fueron numerosos, pero siempre alrededor del mismo eje: si el fiscal perdió o no la objetividad.

- Los defensores de Núñez Carmona sostuvieron que el fiscal mantuvo una acción coordinada con el juez, lo que viola principios procesales. Pusieron como ejemplo que cuando se conocieron los mensajes de texto entre Rafecas y otro de los abogados de Núñez Carmona, el fiscal presentó un escrito anunciando que no recusaría al magistrado, lo que ya fue cuestionado por la Cámara. Pirota sostiene que ese escrito carece de legalidad. Rívolo insistió en que el caso había tomado un enorme vuelo mediático y que, en ese marco, quería dejar en claro que no iba a tomar en consideración diálogos privados sostenidos por mensaje de texto.

- Pirota cuestionó también que el fiscal haya tomado en cuenta las declaraciones públicas de Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbroele, director de Ciccone. Que, además, viajó a Mendoza a tomarle declaración a Muñoz y luego pidió la orden de allanamiento de su casa, en donde se secuestraron computadoras, pese a que Vandenbroele ya no vivía allí. El fiscal afirma que empezó a investigar el caso antes, que no tuvo en cuenta los dichos de Muñoz, que el allanamiento fue convalidado por Rafecas y que no estaba claro si Muñoz y Vandenbroele estaban divorciados.

- Los defensores de Núñez Carmona sostienen que Rívolo encabezó el allanamiento en una propiedad del vicepresidente Boudou, en Puerto Madero, y que por lo tanto fue el responsable de que los resultados de ese allanamiento se hayan difundido de inmediato, pese al secreto del sumario. Rívolo niega que haya filtrado información y argumentó que hubo guardias periodísticas, no avisos previos. Pirota sostiene además que el recibo secuestrado en aquel allanamiento es dudoso y fue introducido en la causa de forma irregular, al igual que un recibo de Cablevisión.

Con ironía, el fiscal se preguntó por qué actúan tanto los abogados de Núñez Carmona, si quien verdaderamente está en el centro de la escena es Vandenbroele, sugiriendo que Pirota más bien interviene como defensor del vicepresidente. Pirota interpreta que Rívolo es parte de una movida mediática en la que se busca el impacto con fines políticos. Su ejemplo es que se allanó una propiedad de Boudou cuando lo mismos resultados se podían haber alcanzado por otros caminos, como por ejemplo tomándole declaración a los vecinos o pidiendo informes a la administración.