Carlos Pedro Blaquier, presidente de la empresa Ledesma, y Alberto Lemos, ex administrador de la compañía, deberán presentarse a declarar como acusados de ser partícipes del secuestro de personas durante la última dictadura militar. El juez federal de Jujuy Fernando Poviña los citó para el 18 y 17 de mayo, respectivamente. Están implicados en la privación de la libertad y las torturas sufridas por Luis Ramón Aredez, ex intendente de Libertador General San Martín; Antonio Filliú, Ramón Luis Bueno, Omar Gainza y Carlos Alberto Melián.

Blaquier y Lemos están involucrados, en realidad, en tres expedientes en los que se investigan crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas personas que residían en la localidad de Libertador General San Martín y eran, en su mayoría, empleados de la empresa Azúcares Ledesma.

Los cinco secuestros investigados en la causa por la que los empresarios fueron citados a declarar la semana que viene se produjeron el 24 de marzo de 1976. El mismo día del golpe de Estado, el intendente y otras cuatro personas fueron sacados de sus domicilios por la policía provincial, que se trasladaba en camionetas de Ledesma SA conducidas por choferes de la empresa. Estuvieron cautivos durante dos meses y fueron interrogados y torturados en distintas comisarías y dentro de las instalaciones de Ledesma. En una entrevista que Olga del Valle Márquez, esposa de Aredez, tuvo con Lemos cuando buscaba datos sobre su marido, el administrador de la compañía le dijo que habían puesto sus móviles a disposición del operativo llevado a cabo por las Fuerzas Armadas “para limpiar el país de indeseables” y que el intendente era perjudicial para los intereses del ingenio azucarero. Las cinco personas fueron liberadas en marzo de 1977, pero Aredez fue secuestrado nuevamente dos meses después y sigue desaparecido.

El ingenio Ledesma está involucrado también en lo que se conoce como la Noche del Apagón: entre el 20 y el 27 de julio de 1976 alrededor de 400 personas fueron secuestradas y llevadas a distintos centros clandestinos de detención. En varios ocasiones también se usaron los vehículos y choferes de la empresa.

Las citaciones de los empresarios llegan después de un largo proceso. En 2009 el fiscal Domingo José Batule había pedido la indagatoria de Lemos y Marcos Paz, ex jefe de Relaciones Públicas de Ledesma, que falleció en 2011. En 2011, la fiscalía insistió con el reclamo, pero esta vez contra Lemos y Blaquier. Los organismos de derechos humanos de la provincia y la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado denunciaron la inacción de quien era entonces el juez a cargo del expediente, Carlos Olivera Pastor, quien rechazó los pedidos de la fiscalía y los querellantes y luego renunció. A principios de este año, la Cámara de Apelaciones de Salta ordenó indagar a Lemos y Blaquier, medida que ahora efectivizó Poviña. Antes de llamar como sospechosos a los dos empresarios, el nuevo juez dispuso allanamientos en instalaciones de la empresa Ledesma y en el domicilio de Lemos. En esos procedimientos se secuestró documentación de la compañía y legajos de trabajadores, entre otras cosas, que fueron incorporados a la investigación y que se utilizará como evidencia en las indagatorias.

Poviña también hizo lugar a un pedido de eximición de prisión realizado por Lemos a cambio de una caución de 200 mil pesos y de que se presente sin falta a la indagatoria, por lo tanto, si el ex administrador de Ledesma falta el 17 de mayo a tribunales, corre riesgo de ser detenido. Hoy, de todas formas, el abogado Pablo Pelazzo pedirá que se revoque el beneficio de la eximición de prisión para Lemos y que, además de ser convocado a declarar como sospechoso, Blaquier sea detenido.