“El gobernador aceptó gustoso el desafío de hacer grande a la provincia y feliz a su pueblo.” Era el año 1992, Adolfo Rodríguez Saá llevaba “apenas” nueve años como gobernador y así era presentado a los alumnos en el texto obligatorio “San Luis, sus hombres, su historia y su cultura”. Diez años más tarde, después de haber cumplido dieciocho años consecutivos en el cargo, votado por más de la mitad de la provincia, apelaba otra vez a las escuelas ajeno al escandelete desatado por su personalismo. “Yo te presento al Adolfo”, fue la consigna del concurso para “propiciar la participación de todos los hijos de esta tierra en la campaña Adolfo Presidente, con la certeza de que cada uno, desde su puesto de lucha, puede aportar para hacer trascender la obra de nuestro conductor”. El “conductor” ya había concretado en el pago chico su sueño de poder: reelección indefinida, control absoluto de la Justicia, los medios de comunicación y los negocios del Estado. Un manejo hegemónico sostenido por un electorado que lo vota porque “hace y da trabajo” y una oposición fragmentada que no le hace mella. Pasó una semana por la Presidencia en el medio de un país incendiado, sonrió como nadie. Ahora pretende repetir la historia avalado por el voto popular.
“Nací para ser presidente”, dijo alguna vez otro caudillo, Carlos Menem, y en “El Adolfo” anida la misma convicción. Pertenece a una familia conservadora que desde fines del siglo XIX coqueteó o ejerció el poder provincial. Su abuelo, Adolfo “Pampa” Rodríguez Saá, fue gobernador entre 1902 y 1908. Su nieto, a los 15 años, abrevaba en las mismas fuentes: fundó la revista La voz de San Luis en las filas de los demócratas liberales enfrentados al peronismo. Rompió rápido la tradición familiar y al regresar a San Luis en 1971, después de haberse recibido de abogado en la UBA ya estaba alistado en el justicialismo junto con su hermano Alberto. En esos convulsionados ‘70 se encuadró en la Juventud Peronista y recibió la bendición de Juan Abal Medina y Miguel “el Colorado” Zavala Rodríguez para ser elegido primer candidato a diputado provincial en las listas del Frejuli que consagró presidente a Héctor Cámpora.
La primavera duró poco, apenas el lopezreguismo ganó la pulseada interna en el PJ, Zavala Rodríguez fue asesinado por la Triple A y Abal Medina se exilió en México. Para entonces el Adolfo ya se había alejado de ese grupo y buscado refugio en los sectores sindicales ortodoxos. De esa amplitud del peronismo lindante –en el mejor de los casos– con la esquizofrenia hizo gala en su paso por la Presidencia y ahora en su campaña. Se alió con Aldo Rico, el carapintada que cobró notoriedad por el levantamiento destinado a lograr impunidad para los represores de la última dictadura, y llamó a las Madres de Plaza de Mayo a votar por él “para terminar con la tortura y el terror”.
Los sectores carapintadas gozaron de la mayor intimidad del Adolfo y su esposa María Alicia Mazzarino, “Marita”, la madre de sus cinco hijos que soportó estoica el bochorno del secuestro-affaire del entonces gobernador con la “Turca” Esther Sesín. Fue golpeado, filmado en escenas íntimas y extorsionado después de que su hermano se había negado a votar como senador nacional la necesidad de la reforma constitucional y así allanar el camino a la reelección de Carlos Menem. El presbítero José Miguel Padilla fue el confesor de Marita en ese momento. Un hombre que se ufanaba de ser un defensor del ideario de Seineldín. Más importante aún fue el rol del abogado Ricardo “Richard” Olivera Aguirre, otro confeso admirador del coronel, que tuvo la tarea de defender a Rodríguez Saá en la primera causa por enriquecimiento ilícito, el expediente 77/90.
La extraordinaria capacidad de los caudillos provinciales para transformar el empleo público –en definitiva un cargo electivo no es más que eso– en fuente de fortuna es una norma de la que Rodríguez Saá no se aparta. Cuando asumió como gobernador en 1983 declaró tener dos autosusados y una casa construida con un crédito hipotecario. Juan José Laborda Ibarra, un liberal devenido frepasista, y Arturo Edgar Petrino, su ex secretario general en la Gobernación, presentaron el 13 de febrero de 1990 la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el entonces gobernador. Once propiedades a su nombre en la provincia, casas en la Ciudad de Buenos Aires y Punta del Este, el diario provincial y la empresa Metalcivin, contratista de la obra pública, figuran en la denuncia que la Justicia cerró argumentando que la investigación era “una actividad que alimenta escándalo y carece de objeto”. Al poco tiempo, el juez Livingston renunció y fue contratado como abogado de la Fiscalía de Estado provincial. En el juzgado federal de Juan José Galeano sobrevive una causa por enriquecimiento contra Alberto Rodríguez Saá que se hizo extensiva al candidato presidencial y a su todavía esposa, de quien se está divorciando. Marita vive en una mansión que el ingenio popular llama “La casa del perdón”, valuada en su momento en 1,2 millón de dólares, que su esposo le empezó a construir después del episodio del hotel “Y... no C” con su amante la Turca Sesín, quien vive en Córdoba y ejerce como psicóloga después de haber sido condenada por el confuso secuestro del Adolfo.
La promoción industrial, la obra pública y las privatizaciones se afianzaron en San Luis al ritmo del crecimiento patrimonial de los funcionarios y de la complacencia de la gente por la seguridad de tener trabajo. Las sospechas sobre el cobro de comisiones para permitir la radicación de fábricas están tan difundidas en la provincia como el contraataque del oficialismo mostrando que “transformamos un San Luis rural en una región más industrial, con cuentas ordenadas y uno de los ingresos per cápita más altos del país”. Gestionó inversiones de más de 1500 millones de dólares, entregó más de 30 mil viviendas populares, construyó diques, autopistas, aeropuertos y extendió la red de agua potable. La DGI investigó el manejo poco claro de las cuentas puntanas pero todo quedó en la nada. También quedó en la nada el proceso de privatización de los Servicios Eléctricos de la Provincia que se transformaron en la Empresa de Energía de San Luis (Enesal). El actual presidente de esa empresa es Mariano Florencio Grondona, el hijo del conductor de “Hora Clave”, anfitrión habitual del ex gobernador.
El manejo de la Justicia ha sido la llave maestra para evitar miradas indiscretas. Disolvió los colegios de abogados, cambió el Tribunal Superior tantas veces como sus necesidades se lo requirieron y promovió el enjuiciamiento de aquellos pocos jueces que osaron mirar al poder. El informe 2002 elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sobre la situación jurídica en las provincias señala con respecto a San Luis que “fueron dictándose con la connivencia de un Poder Legislativo de mayoría oficialista, un conjunto de leyes que buscaron mermar la independencia judicial, limitar la posibilidad de control a los otros poderes, imponer su verticalismo funcional, expulsar del sistema a quienes no dieran con el perfil de juez pretendido e incorporar a él a quienes sí aseguraran docilidad”. Carlos Sergnese, quien había sido apoderado del PJ, abogado personal del Adolfo, director provincial de Rentas, ministro de Economía, de Gobierno e interventor del Banco de la Provincia fue el presidente del Tribunal Superior y reelecto hasta que en 1999 asumió como senador nacional. En el breve paso de Rodríguez Saá por la Rosada fue el secretario de la Side y ahora es el titular de la Legislatura provincial. El actual presidente del tribunal es José guillermo Catalfamo, esposo de la ministra de Acción Social de la provincia.
Para El Adolfo, el poder se ejerce a voluntad. Sus prácticas contrastan con la mesura de su tono y su sonrisa seductora, pero la gente lo apoya. En el ‘83 ganó con el 40,49 por ciento, fue reelegido en 1987 con el 52,12 por ciento y el 50,51 en el ‘91. En el ‘95 superó todas las previsiones alconquistar el 71,75 por ciento y en el ‘99 llegó al quinto mandato con el 54,9 por ciento de los sufragios. A fuerza de voluntad se instaló como candidato y está convencido de que va a ganar. Si no lo logra insistirá. Tiene 55 años y como admirador de Roosvelt anuncia que él está entre los políticos “optimistas”.