La sentencia de la Corte Suprema en la causa “Clarín” fue sorpresiva, de gran impacto político. Reparó, parcialmente, errores previos del propio Tribunal, en especial la excesiva transigencia con que venía acogiendo el afán dilatorio del multimedios. Este martes, el Tribunal se hizo cargo y produjo una resolución que altera el escenario. La cautelar tiene fecha de vencimiento: el 7 de diciembre próximo. Desde entonces, el Estado le puede exigir a Clarín la adecuación de las licencias a las preceptivas antitrust de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).

Los fundamentos son muy severos con la actora. Repasemos algunos:

- La demanda principal no avanzó en buena medida por la reprobable conducta procesal de Clarín.

- Las cautelares deben regir por tiempo restringido, de lo contrario se desnaturaliza su función. Jamás deben suplir el rol de los reclamos de fondo.

- Por añadidura, los cortesanos cuestionan a los letrados del oligopolio, les señalan que nada probaron y casi nada dijeron sobre que la ley vulneraría la libertad de expresión.

Subsisten, opina este cronista, críticas retrospectivas para la Corte. Nunca debió convalidar la cautelar. En octubre de 2010 debió revocarla o, como poco, fijarle un plazo (misión reenviada al juez de Primera Instancia Edmundo Carbone, quien la eludió). El martes lo equitativo era poner fin a la cautelar, le concedió una sobrevida hasta diciembre. De cualquier modo, les puso coto a las chicanas de Clarín, acortó sensiblemente los plazos, produjo un cimbronazo político.

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La primacía de la política: Clarín siempre jugó sus mejores bazas a la política. Apostó a que el paso del tiempo limara el poder de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner o que ésta perdiera las elecciones de 2011.

La demanda por inconstitucionalidad fungió como simulacro, como mero soporte de la medida cautelar. Su función era garantizar que el partido se disputara en otra cancha (sobre las peripecias del expediente, ver recuadro aparte).

No es sólo una lectura de este cronista. Son confesiones de parte, brotadas tiempo atrás de representantes del gran perdedor del martes ante “la Justicia”.

Dos libros recomendables aportan información confiable surgida de los célebres cables del Departamento de Estado: ArgenLeaks, de Santiago O’Donnell, y Wiki Media Leaks, de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. O’Donnell, periodista que trabaja en Página/12, reseña reuniones entre la Embajada y varios popes del Grupo Clarín, en septiembre de 2008. Allí todos alardearon de que el poder del Gobierno estaba en baja, tanto que la Embajada tituló al respectivo párrafo de su cable “Ley de medios. El susto ya pasó”. No fue muy certero en el pronóstico.

Becerra y Lacunza recogen una reunión de la embajadora Vilma Martínez con el interlocutor periodístico dilecto: Morales Solá. Ocurrió cuando la ley contaba con media sanción de Diputados. JMS (así apoda la Embajada al editorialista) se mostró optimista (e indicativo) sobre el futuro. “Morales Solá (...) dijo que él y otros críticos esperan que salga del Senado tan horrible como sea posible, así serán más las trabas en los Tribunales. En el futuro, ya sea el nuevo Congreso (que asumiría en diciembre, de acuerdo a los resultados de junio) o más probablemente el Gobierno que reemplace a los Kirchner en 2011 desechará la ley e intentará hacer otra.” El objetivo y los instrumentos quedaban expuestos, diáfanos. El horizonte deseado e inexorable: la elección de 2011. “Puede fallar”, decía el filósofo empirista Tu Sam. Falló.

Sin saberlo ni intuirlo, la oposición parlamentaria, la mayoría del extinto Grupo A, fue funcional a la vanguardia corporativa: se retiró del recinto para no votar la LdSCA y vaciarla. Y prenunció lluvia de litigios.

El detalle inesperado (aunque esperable, si se leía bien la realidad) fue que el Gobierno revalidó en las urnas, lo que dejó pedaleando en el aire a quienes especulaban con su caída como presupuesto del fin de la ley de medios.

La medida cautelar, urdida como un medio para retardar la ley mientras se producía un desenlace político, se transformó en la tabla de salvación. La Corte desbarató, en buena medida, el artilugio.

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Sorpresa y silencio: El fallo fue unánime, lo que fortalece su autoridad. No se suponía que saldría en esta fecha: ni en el Agora, ni en el mundillo periodístico o el político, ni qué decir en la empresa demandante. La sentencia se divulgó en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ) creado y manejado por la Corte. La edición on line de Clarín tardó una eternidad (medida con reglas mediáticas) para informar: más de 45 minutos. Lección para los que sanatean sobre que “la información es información, ni de derecha ni de izquierda”. La información, en asuntos de porte, es material que exige ser editado, contextualizado en la visión del medio que la publica. No es factible editar (darle sentido, titular de modo que el lector más apurado comprenda la visión del medio) si no media un encuadre editorial previo. A menudo éste es cantado, está en el disco rígido. Esta vuelta, ante un hecho rotundo e imprevisto, primó la falta de reacción, puesto que la respuesta debía ser elaborada.

Un ulterior comunicado del Grupo, los titulares del diario (que le negaron primacía a la noticia), escasas intervenciones de los editorialistas muestran a un gran jugador reservando sus movidas. Y cuidándose de no expresar contra la Corte (que tiene su prestigio) los denuestos que le propinan puertas para adentro.

Al diario La Nación le cupo aguantar los trapos, con algo más de despliegue que su asociado en estas lides. El editorialista Joaquín Morales Solá mezcló errores pueriles con reproches y augurios triunfalistas. Entre los despropósitos prima el de pontificar que la Corte le fijó un plazo para sentenciar al juez de Primera Instancia, algo ilegal que los supremos no hicieron. JMS alegó que la Corte dictó una medida universal para las medidas cautelares: todas durarán tres años, en el futuro. Es otro sinsentido. La Corte no legisla para situaciones futuras, se constriñe a resolver lo que se le propone. Para colmo, el Tribunal dijo lo contrario: el lapso de vigencia de una cautelar depende de contingencias de cada expediente.

Cuando un escriba consagrado escribe con tan poco apego a la verdad queda abierta la duda: ¿le faltan conocimientos o manipula? En un suelo de culturas híbridas, no son desechables explicaciones mestizas.

En otras columnas (menos divagantes) o en notas informativas, La Nación especialmente y Clarín un poco insinuaron una línea argumental, que seguramente será pilar de la táctica venidera. En lo judicial, arguyen que la Corte indicó que el expediente principal debe llegar pronto a la sentencia. Y añaden que es el Estado, con malicia procesal, el que entorpece que progresen los trámites. No hay tal, como se describe en recuadro aparte.

En lo político, acuden a la denuncia. El Gobierno, se encolerizan, no ha exigido a otros grupos mediáticos el cumplimiento del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual (LdSCA). Sólo persigue (o discrimina) a Clarín, dictaminan. Y se equivocan.

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¿Hay vida más allá del 161? El artículo 161, que ordena adecuar la cantidad de licencias existentes a la regulación antimonopólica es, sin duda, uno de los ejes de la norma. Claro que, como señaló en este diario el abogado Damián Loreti, “el corazón de la ley es reconocer el derecho del público a la comunicación, a la diversidad y al pluralismo”. Y de hecho, muchas acciones positivas en ese sentido se implementaron en estos años. Loreti, un especialista bien afilado, destaca la “regla que obliga a aumentar los contenidos nacionales y la producción propia. En las provincias, de a poco y con las dificultades que implica revertir un modelo centralista concentrado durante décadas en Buenos Aires, van creciendo los porcentajes de contenido local”. Y resalta la reforma en la concesión de espacios políticos durante la campaña electoral, que aportó algo de equidad a favor de los partidos o coaliciones más chicas. (Ver más en páginas 8 y 9.)

El ya aludido Becerra, especialista en medios de comunicación, subraya entre los avances ya producidos “la exigencia de producción propia, el aliento a la producción federal, son novedades bienvenidas que se enmarcan en la ley. La asignación de frecuencias a provincias, municipios y universidades es un gran avance por parte de la Autoridad de Aplicación”.

El ordenamiento de la grilla, cierta regulación de los espacios publicitarios (que reconoce baches serios), la promoción de producción de contenidos sirven para amenguar la tendencia oligopólica preexistente. No se la combate sólo por el lado de reformular la propiedad de los medios dominantes, también por la de añadir nuevos emisores, productores y voces.

Lo que sigue siendo trabajoso es la formación de medios alternativos con aptitud para bregar por nuevos licencias. En algunos casos (emisoras barriales o de pequeñas comunidades u organizaciones sociales) basta con contar con una licencia. Lo más relevante es la herramienta y la consiguiente ampliación de ciudadanía aunque la audiencia sea restringida.

Pero hay actores que deben aspirar a interpelar sectores más vastos. Como expresó el periodista Eduardo Aliverti el año pasado durante la entrega de los premios Eter 2011, el desafío es mayúsculo: conseguir sustentabilidad económica (aunque se funcione sin fines de lucro) y armar una programación que interese. Una tarea mayúscula, que no se construye en días ni en meses.

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¿Discriminar al grandote? Clarín y sus voceros se encolerizan: a nadie se exige cumplir con el artículo 161, sólo al Multimedios. Morales Solá añade confusión enfatizando que el resto de los grupos debió hacerlo desde hace dos años y medio. No es así. Como consignó la Corte, el plazo respectivo empezó a correr en noviembre de 2011. Pero, conforme explican funcionarios oficiales, sería chocante intimar a “jugadores” de mucha menos envergadura que el Multimedios mientras éste goza de una burbuja protectoria. Un contertulio del cronista menciona a un conglomerado mediático de fuerte tono opositor, de mediana talla, y ejemplifica “Tiene emisoras de más, tres o cuatro. ¿Cómo les vamos a exigir adecuarse mientras Clarín, que es cincuenta veces más grande, sigue fuera del juego?”.

La idea es entendible, la discriminación existiría si se actuara al revés. No bien conocido el fallo, teniendo el amparo de Clarín fecha de vencimiento cercano, comenzarán las intimaciones a terceros actores. Como decía Arturo Jauretche para aceptar la iniciación de una carrera cuadrera: “Emparejá que largamos”. Ahora (al fin ahora, recién ahora) empieza a ser factible.

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Los cambios que ya son: Retrocedamos en el recuerdo: todo comenzó en 2008. La disputa por las retenciones móviles desnudó flaquezas de una fuerza nacional-popular, ampliamente votada, con apoyos policlasistas. “El campo” y sus aliados le ganaron la calle, se movilizaron con bríos, congregaron actos más masivos que los del oficialismo. A veces, los ruralistas prepoteaban y hacían uso de la violencia pero fueron muchos miles los que coparon el escenario. Se ufanaban de su número y de su estilo republicano y dialoguista.

El episodio espabiló al kirchnerismo y a muchos de sus partidarios, que lo acompañaban pero yendo “de casa al trabajo y del trabajo a casa”. En ese contexto se promovió la ley de medios. La cúpula de Clarín creía que era un proyecto destinado al fracaso, mirando el escenario de 2008 y 2009. No era alocado el cálculo de oportunidad, también lo hacían muchas personas afines al Gobierno. La medida era necesaria pero quizá no era “el momento”. Demasiada audacia, parecía, mucho riesgo. Y tal vez fuera así, pero resultó.

Algunos cambios en el sistema de medios audiovisuales ya son palpables, aunque incipientes. Hay otras cuestiones en danza. La principal, la batalla cultural que se desató. A menos de tres años vista, su desarrollo es gratificante y asombroso. La menguante legitimidad de los grandes medios y de su credibilidad, la visibilización de sus cuadros de conducción (la invisibilidad es, para los poderes fácticos, un atributo positivo). El brotar de voces y relatos cuestionadores, disonantes. La politización creciente de ciudadanos, en especial jóvenes.

El establishment se empecinó en jugar de local. En el Fuero Federal Civil y Comercial, “Grupos friendly”. Hablando a sus propios auditorios, arreando a dirigentes opositores.

Comparemos el espacio público de 2008 con un episodio de esta semana, el patético “abrazo a Tribunales”. Solo gentes de PRO y algún peronista federal, unos centenares de manifestantes. El Frente Amplio Progresista y la Unión Cívica Radical huyéndole, con tino. Personas presentables y bien empilchadas totalmente sacadas. La agresión repudiable a colegas periodistas del programa 6, 7, 8, un síntoma de impotencia y carencia hasta discursiva.

Esa microescena no traduce toda la realidad aunque es sintomática. Sobre todo, cuando la furia invalidante del pensamiento brota de comunicadores de alto rango.

La disputa por la LdSCA seguirá. Clarín tratará de diversificar tácticas en los meses que le quedan. Habrá nuevas fichas en el TEG judicial: abundan los magistrados atentos a los intereses corporativos o, quién le dice, a efectividades conducentes. Pero el entorno del Multimedios luce menos compacto que antaño.

El cambio cultural progresa, con perdón de la palabra. Ni los debates ni los combates están terminados, qué va. Pero el cuadro de situación es diferente al de años atrás. Y la correlación de fuerzas, muy otra. Por eso, entre otros motivos más técnicos, y aunque su sentencia no lo mencione, la Corte Suprema, que en el 2010 le concedió changüí temporal a Clarín, ahora le cierra el horizonte de impunidad.

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