El Gobierno revocó la concesión a la empresa TBA. Cuando sucedió la tragedia de Once, había planteado que esperaría a la pericia judicial. El planteo era inconsistente, por varios motivos. El más rotundo: la responsabilidad penal se mide con parámetros distintos a la mala praxis de un concesionario. Y, yendo más al detalle, porque una pericia no es una sentencia, no resuelve ni siquiera la causa penal.

Era factible que el oficialismo no creyera del todo en su argumento, que buscara ganar tiempo, mientras maduraba una decisión. La intervención a TBA fue la primera señal: la cuestión no se dirimiría en Comodoro Py. Fijada para un mes, la intervención se prorrogó. Con mandatos tan cortos era imposible introducir cambios importantes, aun planificarlos. Los horizontes respectivos se angostaban.

La pericia no terminó de arrojar luz. Los expertos acordaron que no había fallas en los frenos, lo que supone responsabilidad del maquinista. Pero el dictamen no basta, jamás podía, para eximir a TBA o a eventuales funcionarios. La pericia, por ejemplo, no da cuenta de la cantidad de personas que viajaban en los primeros vagones, un punto importante porque muchos murieron por asfixia, posible consecuencia del atosigamiento.

Los expertos informaron que los vagones se construyeron en 1950 y no disponen, por definición, de los dispositivos de seguridad de material rodante más moderno.

El juez Claudio Bonadío procuró pruebas referidas al estado general del servicio, el mantenimiento del material, la organización empresaria.

Como consecuencia del escándalo, y de los justos reclamos de las víctimas, se refrescaron informes lapidarios de los organismos de control. La intervención pudo corroborarlos, aunque ya debía estar al tanto.

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La caducidad de la concesión por culpa exclusiva de TBA es un paso adelante, tan imprescindible como insuficiente. El nuevo modo de gerenciamiento, que incluye a otros concesionarios de pésimos antecedentes, poco promisorio.

Lo importante es que el Gobierno reconoció la necesidad de cambiar: una autocrítica en los hechos, aunque no en el discurso. Y que se implicó en la búsqueda de un nuevo modelo de gestión. En el contexto actual, no podrá distraerse de la calidad y seguridad del servicio. Ni ampararse en la desidia o mala fe de los “otros” concesionarios.

El Gobierno manejó sus tiempos y se movió en el sentido correcto. Está, todavía, a mitad de camino. Pero enfiló con firmeza al rumbo más deseable (una reforma vasta del sistema ferroviario y aun el de transporte), por primera vez desde que ocurrió la tragedia. En unos meses, se verá si fue un primer paso o mero gatopardismo como acusan representantes de la oposición. Habrá que ver. De momento, algo mejoró.