Por Irina Hauser y Santiago Rodríguez

La Corte Suprema ratificó la suspensión de las elecciones a jefe de Gobierno y legisladores porteños al reconocer la competencia de la jueza federal electoral María Romilda Servini de Cubría, quien había dejado sin efecto la convocatoria realizada por Aníbal Ibarra para el 8 de junio. “Es un fallo político de una corte menemista”, declaró Ibarra y anticipó que hoy fijará una nueva fecha para votar. En la Jefatura de Gobierno analizaban anoche dos posibles pasos a seguir: hacer un nuevo llamado a elecciones o mantener el que está vigente, pero despegándolo de los comicios de diputados nacionales. La diferencia no es menor porque la primera de las alternativas habilitaría la presentación de nuevos candidatos mientras que la segunda lo impediría, pero podría dar pie a una nueva revocatoria de la magistrada.
Seis ministros de la Corte evaluaron que cuando Servini de Cubría resolvió la suspensión de las elecciones, estaba vigente ley de simultaneidad de los comicios locales y nacionales. Eso implica, señalaron los supremos, que la competencia para intervenir corresponde al fuero federal. El fallo –que no afecta a las elecciones para legisladores nacionales– fue firmado por Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Juan Carlos Maqueda. Antonio Boggiano había hecho un proyecto en el que facultaba al Tribunal Superior de la Ciudad para manejar la votación, pero ayer no participó del acuerdo porque estaba de viaje. También estuvo ausente el presidente de la Corte, Julio Nazareno, que estaba regresando a última hora de La Rioja. Carlos Fayt no votó porque no quiso. Vázquez y Maqueda hicieron votos propios en los que relativizan la autonomía de la ciudad que, advierten, “no es ilimitada” (ver aparte).
La decisión del alto tribunal, que se ajusta al dictamen firmado días antes por el procurador adjunto Luis González Warcalde, da por finalizada la controversia que se planteó en torno del cronograma electoral porteño. Ibarra, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución local, dispuso que la votación se realizara el 8 de junio. El ex fiscal se decidió por esa fecha después de evaluar con sus principales colaboradores que le resultaba conveniente adelantar los comicios –su mandato vence en diciembre– para dificultar la instalación del resto de los candidatos y favorecer la polarización con su principal adversario, el empresario Mauricio Macri. Inmediatamente después, el Poder Ejecutivo Nacional, estableció que ese mismo día se eligieran diputados nacionales.
La convocatoria de Ibarra fue convalidada por el Tribunal Superior porteño, pero entonces el peronismo recurrió a la jueza Servini con el argumento de que la simultaneidad de las elecciones generaba confusión. Entre otras cosas, el PJ advertía que no quedaba claro ante quién había que oficializar las listas de candidatos no tampoco si los comicios serían conducidos por la Justicia nacional o la porteña. Su Señoría le dio la razón a los peronistas al conceder la medida cautelar que habían solicitado y dejar las elecciones en suspenso hasta que resolviera la cuestión de fondo, sobre la cual aún no se expidió. El jefe de gobierno derogó el decreto de simultaneidad de las elecciones con el argumento de que la decisión de la jueza atentaba contra la autonomía de la ciudad. Fue un intento de dejar en pie su convocatoria, pero la jueza ratificó su competencia en el asunto y envió el expediente a la Corte.
Desde un primer momento Ibarra denunció la suspensión de las elecciones como una maniobra del titular de la SIDE y presidente el PJ porteño, Miguel Angel Toma, ante la falta de un candidato justicialista con chances de disputar la Jefatura de Gobierno. “No me extraña el fallo porque viene de una corte menemista y convalida el acuerdo de Toma con Servini de Cubría”, insistió ayer el ex fiscal después de que se conociera la decisión de los supremos y agregó que “quien pierde es el pueblo de laCiudad de Buenos Aires porque pisotean la autonomía y generan incertidumbre”.
En el entorno de Ibarra agregaron ayer más elementos de sospecha sobre la posible existencia de un pacto entre la jueza, el máximo tribunal y Toma. En ese sentido, recordaron que “el peronismo no tenía candidatos a legisladores porque el Tribunal Superior no había oficializado su lista: 39 de los 60 candidatos no habían dado su firma de aceptación a integrar la nómina, faltaban datos de filiación de 37 y la boleta no respetaba la representación por género”.
Además de cuestionar a la Corte, el jefe de Gobierno también refutó las críticas que recibió de parte del resto de los candidatos, y en particular de Macri, quien declaró que “esto demuestra la incapacidad de Ibarra”. “No nos olvidemos que estamos en campaña electoral. Pero, además, no manejo a la Corte Suprema ni hago los votos de los cortesanos menemistas. Quien sí podría haber influido es Macri, quien tiene fuertes vínculos con el menemismo”, refutó Ibarra.
En la Jefatura de Gobierno de la Ciudad se debatían anoche entre hacer una nueva convocatoria a elecciones para agosto o mantener el proceso electoral en curso, postergando sólo la fecha de votación un par de semanas. En términos políticos se inclinaban por la segunda alternativa, aunque admitían que podía llegar a ser objetada nuevamente por Servini. Es que si Ibarra hace un nuevo llamado a elecciones las candidaturas oficializadas quedarían sin efecto y se habilitaría la presentación de nuevos postulantes a la Jefatura de Gobierno. La posibilidad de que, por ejemplo, Ricardo López Murphy presente su candidatura es algo que inquieta a los operadores políticos del ibarrismo y fue precisamente lo que Ibarra quiso evitar cuando fijó el 8 de junio como fecha de los comicios.