La oposición ganó una pulseada en el Senado, al cerrarle el paso a Daniel Reposo. El oficialismo “recalculó” y mejoró su oferta proponiendo a la fiscal Alejandra Gils Carbó en su reemplazo.

La concesión a la empresa TBA fue revocada, tras una breve intervención. Los Cirigliano están presos. La restructuración ministerial saca a la Secretaría de Transporte del área de Planificación y le da más realce pasándola al área de Interior.

La Corte Suprema revocó, en buena –sí que tardía– hora, una condena criminal chocante contra Fernando Carrera. Un movimiento de opinión pública acicateado por la película The Rati Horror Show catalizó, sin duda, la decisión (ver asimismo recuadro aparte).

Grupos de clase de alta y media, conducidos por la derecha mediática, manifiestan en las calles. La CTA disidente protesta en toda la geografía porteña y conurbana. El sindicato de Camioneros anuncia fuertes medidas de acción directa. “El campo” cumple su lock out, con poco punch pero con rostro torvo. La acción directa ocupa el espacio público y los únicos desbordes corren por cuenta de los caceroleros.

Hablamos de la crónica de la semana que pasó, resumida en una muestra. El encuadre muestra a una sociedad y a un sistema político vitales, con contrapoderes importantes. El oficialismo domina la escena, entre otras razones porque sabe construir y conservar poder. También porque es diestro para revisar sus errores con velocidad y reaccionar rápido ante los reveses. Pero no es el dueño de la agenda ni tiene control absoluto (mucho menos totalitario) sobre la realidad.

El cronista se ataja: no es que crea que la Argentina es la casa de Heidi o la de la familia Ingalls. Hablamos de una mala propuesta del Gobierno, de la mala gestión del ¿sistema? de Transporte, de vicios policiales, judiciales y mediáticos muy arraigados... O de grupos de gente paqueta que prepotea de modo violento.

Lo que se subraya (o se añade a análisis empobrecidos y sesgados) es que las instituciones funcionan, no de modo ideal pero mucho más de lo que describe la Vulgata dominante. Que la sociedad civil y la opinión pública inciden en las decisiones de los poderes del Estado. Que distintas formas de oposición se aglutinan y defienden sus banderas.

Nada es perfecto, seguramente tampoco lo serían las familias Ingalls o de Heidi si las auscultara una cámara oculta.

La modesta proposición de esta columna es re visionar las lecturas monocromáticas, las que hablan de unicato o hasta “dictadura de los K”. Para el lector que adscribe a esa visión maniquea, va una proposición con alternativas. Si está dispuesto a matizar su pensamiento, siga leyendo esta nota. Si le place más escuchar sólo el batir de su cacerola o su parche, sordo a otras voces, hasta aquí llegamos.

Con los que persistan, ahí vamos.

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Responso a Reposo: Si el cronista quisiera exagerar su punto (no hay tal) bromearía diciendo que el radicalismo y el Frente Amplio Progresista priman sobre el Frente para la Victoria (FpV) en el Senado. Ganaron con el oficialismo las votaciones en general sobre YPF y lo vencieron (por abandono) respecto del pliego de Reposo.

La Casa Rosada evaluó mal la correlación de fuerzas y presentó a un aspirante de módicas condiciones. La exigencia legal de dos tercios para nombrar al procurador fuerza a buscar aliados extramuros (aún en un escenario tan propicio para el oficialismo en las dos Cámaras): no era el momento oportuno ni el candidato ayudó. Cuestionados desde los grandes medios y divididos internamente por el correcto apoyo a la expropiación de Repsol, radicales y socialistas encontraron una oportunidad para oponerse férreamente (lo que les ha salido fácil desde 2008) y ganar (lo que le ha sido esquivo en el recinto y en las urnas).

La normativa vigente es severa por los dos tercios y por el oxigenante régimen de debate público y abierto establecido por el decreto 222 del año 2003, sancionado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Suele decirse que esa regla, como la renovación de la Corte Suprema con la que coincidió, fueron virtudes tempranas del kirchnerismo: un “lavado de cara” o un simulacro del que se arrepintió luego. Esta leyenda negra urbana encuentra algunos reparos en los hechos. Por ejemplo, años después la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convoca al presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti y al supremo más descollante, Eugenio Rafael Zaffaroni, para integrar las comisiones reformadoras de los Códigos Civil y Comercial, por un lado, y Penal, por el otro. Si su afán fuera desapoderarlos, otra hubiera sido su conducta.

En lo que hace al decreto 222, es derogable por otra norma de igual rango, accesible a la pluma de la Presidenta. Sobrevive y le dio contorno al debate de estos días. La visibilización favoreció en este caso a los opositores, en un ejercicio institucional interesante, fomentado por la regulación fijada por el oficialismo. Perdió en su ley, por así decir.

El saldo corrobora que el FpV no es el dueño del Congreso, que su mayoría reconoce límites. El Gobierno lo entendió muy bien cuando logró ampliar el arco de apoyos en las votaciones sobre el Central e YPF. Y se agrandó de más con Reposo. El hombre tiene un curriculum limitado. El hallazgo contrera sobre su bajo promedio en la Facultad es puro efectismo, que pega bien en la arena mediática. Pero los antecedentes son flojos y su desempeño en la audiencia pública resultó penoso. Mala fue su performance, equivocada la propuesta.

Claro que antes de la audiencia había votos cristalizados. La UCR no hubiera virado al “no” aunque Reposo descollara. Y el FpV se mantuvo en sus trece, mientras sus integrantes mascullaban por lo bajo acerca de las carencias del compañero aspirante. Pero un núcleo decisivo y misceláneo de senadores “en tránsito” definió su criterio con las cartas a la vista. Remarquemos dos ejemplos diferentes. La pragmática y ubicua senadora justicialista Roxana Latorre o el monobloquista Samuel Cabanchik, más atento a cuestiones ideológicas o de transparencia. Ambos podían haber revistado con el FpV, estuvieron en los que se preservaron.

Mal cálculo de oportunidad y de selección... la Casa Rosada revisó su praxis sin clamar autocrítica pero ejercitándola. Gils Carbó es una fiscal con millaje recorrido (o sea, sabe bien de qué se trata la Procuración General). Produjo un cúmulo de dictámenes consistentes, desarrolló una atendible trayectoria académica, con obras publicadas. Su especialidad no es el Derecho Penal, esencial para su cargo; tendrá que saber rodearse si es elegida para cubrir ese flanco.

Gils Carbó enfrentó a ciertas corporaciones cuando el kirchnerismo tenía mejores relaciones con ellas. O sea, no descubrió las posiciones dominantes del Grupo Clarín o de la empresa Comercial del Plata por una campaña oficial. Les hizo frente como funcionaria, en expedientes complejos. Eso le valió severos enconos de la “familia judicial” de la que es una suerte de oveja descarriada porque revista en Tribunales desde hace añares. La Cámara Comercial la atacó desde varios flancos porque cuestionó con argumentos rotundos y pluma filosa su connivencia con grandes grupos económicos. En esa batalla, bastante solitaria hasta que llegó el viraje gubernamental en 2008, Gils Carbó contó con el apoyo del entonces procurador Esteban Righi. Y afrontó la ojeriza de Lorenzetti, que es muy sensible al espíritu corporativo del Foro. El predicamento y los apoyos a Gils Carbó mejoraron con el cambio de paradigma oficial.

Una Procuradora con convicciones y bien preparada es, posiblemente, un prospecto más valioso para el Poder Judicial y más preocupante para el establishment que Reposo. La lealtad (a veces confundida con seguidismo) es sobrevalorada en este oficialismo (quizás en todos), sumar protagonistas con espolones y criterios arraigados es un criterio interesante.

En síntesis: la oposición se hizo valer, lo que le da enjundia. No le viene nada mal al sistema democrático una oposición menos estereotipada que el Grupo A.

El oficialismo acusa el golpe y recapacita. El marco institucional ayuda y, como sucedió con la sonada Resolución 125, el kirchnerismo no se retoba ante la derrota sino que recalcula doblando la apuesta.

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Corriéndose a Interior: Los primeros reflejos oficiales frente a la tragedia de Once distaron de lo deseable. Con el correr del calendario, los comportamientos transigen más con las correctas críticas que recibieron.

El secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi renunció y asumió en su reemplazo Alejandro Ramos, un dirigente sin experticia en el sector y también sin mochilas del pasado.

La intervención a TBA y la ulterior rescisión de la concesión van en el rumbo correcto, por ahora a mitad de camino. El juez Claudio Bonadío no es un modelo de conducta pero sí es influible por los reclamos de las víctimas y la voz de muchos ciudadanos de a pie. Ni un federal tan clásico como Bonadío puede escudarse en las pericias que hacen recaer la culpa del estrago sobre el maquinista. Está compelido a hacerse cargo del contexto... no tiene un poder omnímodo, lo que no significa que no tenga demasiado.

Al reformular al Ministerio del Interior como “de Interior y Transporte”, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner agrega una señal sugestiva. Jerarquiza a la Secretaría de Transporte y colma de tareas al ministro Florencio Randazzo y a Ramos. En la vastedad de Planificación se achicaba la pertinencia del Transporte. Y se cargaba con la mochila de un flojo modelo de gestión, con dos cuestionables secretarios: Ricardo Jaime y Schiavi. Los encargados de reformular el esquema del transporte son dos funcionarios con ambiciones electorales, uno en Buenos Aires, otro en Santa Fe. Es bueno que, con esa sed, deban afrontar una misión bien peliaguda que los legitimará o los dejará en la banquina. Para quienes piensan que el Gobierno debe oxigenar sus elencos (el cronista se cuenta entre ellos), el cambio de figuritas resulta interesante.

Puede observarse algo similar en el flamante Directorio de YPF. Prima la novedad sobre la permanencia. Hay protagonistas promisorios como el presidente Miguel Galuccio, el viceministro de Economía Axel Kicillof o los directores Héctor Valle y Eduardo Basualdo. Para un equipo de gobierno que lleva años de labor y de consiguiente desgaste, es casi una necesidad.

Con lógica palaciega, la prensa hegemónica tradujo las movidas de Transporte y de YPF como un debilitamiento del ministro Julio De Vido. El Palacio existe y sería necio negarlo. El recorte a las competencias de De Vido es un dato cuya proyección se medirá con el tiempo. Pero es una mira estrecha circunscribir tamañas movidas al ascenso o bajada de funcionarios. Para ilustrar el comentario, baste evocar que, contadas semanas atrás, se descontaba la caída del ahora empoderado Randazzo, como consecuencia de enfrentamientos internos con el vicepresidente Amado Boudou. De nuevo, un enfoque parcial puede devenir muy engañoso si lo que omite gravita tanto (o más) que lo que abarca.

Randazzo, por directiva presidencial, comenzó la esforzada labor de promover un organismo tripartito con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. El gobernador Daniel Scioli y el jefe de Gobierno ya se reunieron con el ministro y el secretario en la Casa de Gobierno. Será peliagudo eslabonar acuerdos pero valdrá la pena todo avance en un objetivo relegado durante excesivo tiempo.

Las aseveraciones de la Presidenta sobre esfuerzos compartidos habilitan dudas. ¿Será sólo “laburo” o cooperación como exigió Cristina? ¿O se le añadirán reclamos económicos? El enigma está zanjado en la contienda con Macri por los subtes, delineada de antemano. Pero en el resto, pinta complicado comprometer a la Provincia y sus municipios con aportes financieros. La coyuntura los encuentra con muchas dificultades, ya se les hace cuesta arriba cumplir sus obligaciones corrientes, incluso las más acuciantes e inevitables: sueldos, recolección de residuos y acción social.

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Un mapa de los poderes: La sentencia de la Corte en el expediente de Fernando Carrera compone este cuadro impresionista, editado mas no inventado. Una decisión correcta que no subsana todo el daño causado ni resuelve todos los entuertos en cuestión. Un triunfo de la libertad de expresión, si se mira bien. La respuesta de la ministra de Seguridad Nilda Garré también se orienta en sentido reparador, con un gobierno atento a las violaciones de derechos humanos, hoy y aquí.

Puesto a generalizar, el cronista agrega que el optimismo no es lo suyo. Pero sí procurar una observación generalista, que lee el poder de modo distinto a ciertos modelos de pensamiento.

Si se sale de la comarca, para ampliar el panorama, nadie en sus cabales diría que los sucesivos mandatarios de Grecia expresan todo el poder dentro de sus fronteras. Se dirá que elegimos un país chico y sojuzgado. Pensemos en el presidente español Mariano Rajoy que deriva buscando apoyo económico entre sus ¿pares? de la Unión Europea. O su colega francés François Hollande, que acaso quiere cumplir con sus propuestas de campaña y tal vez no pueda con los contrapoderes (políticos y de los otros) que deberá confrontar. O cualquier otro.

Es un sinsentido, también, proponer que en la Argentina todo el poder se concentra en la Casa Rosada. Es negar a su sociedad civil, a sus emergentes transitorios o estables, a sus organizaciones corporativas, las oposiciones, los topes institucionales.

Tampoco es riguroso hablar de dictadura, omnipotencia o unicato. Casi treinta años de democracia y más de nueve de un gobierno estable y firme explican avances y, sobre todo, complejidades.

De eso se trata, allende los berretines o los límites del cronista dominical.

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