Cinco fallos judiciales prohibieron en 2002 a Repsol el transporte de alcohol metílico por el centro de Bahía Blanca en vagones ferroviarios. Las acciones fueron impulsadas por los municipios de Bahía Blanca, Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes y General Roca y por asociaciones civiles que demostraron el pésimo estado de las vías, relataron descarrilamientos y recordaron que el metanol es mortal. El caso está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia.
En febrero de 2002 el municipio bahiense y ocho asociaciones civiles presentaron un amparo para impedir el paso de metanol, transportado desde una planta industrial de Plaza Huincul, en Neuquén, hasta el polo petroquímico de Ensenada. Alegaron que según el plan de contingencias de Ferrosur Roca, el área de evacuación mínima en caso de siniestro es de 800 metros, mientras que en varios tramos del recorrido las viviendas y escuelas están a menos de 20 metros de las vías. Un informe de la consultora Bureau Veritas incluye 30 fotos que muestran “serias deficiencias en las vías”, “pasos a nivel clandestinos o realizados por los habitantes”, “numerosas eclisas en estado de oxidación, con fisuras, desgaste, ausencia de bulones fijadores” y “durmientes mal asentados”. El juez federal Luis Dardanelli Alsina hizo lugar al amparo y la cámara bahiense lo confirmó.
En abril el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano pidió la intervención del Poder Ejecutivo Nacional y amenazó con cesantear a 60 trabajadores. El gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, responsabilizó por la paralización de la planta en su provincia a los “estúpidos de turno” que “lo único que hacen es perjudicar la credibilidad de la Argentina”. Neuquén sostiene que la producción de metanol en la nueva fábrica “presenta la posibilidad de que se recuperen las actividades económicas y la oferta laboral” en la zona. En marzo Repsol concretó sus primeros siete embarques: 84.584 toneladas de metanol a Estados Unidos, donde en forma experimental se utiliza como combustible directo para automóviles.
El secretario de política urbano ambiental bahiense Carlos Ocaña respondió que el organismo regulador del transporte no garantizó que las vías estuvieran en condiciones. La Fraternidad acusó al intendente bahiense Jaime Linares de “comandar un lobby que impidió la utilización de trenes cuando técnicamente es imposible que se rompa un tanque almacenador”. Pero la agrupación ambientalista Raíces de Ventania denunció que “en Coronel Pringles, en septiembre, saltaron de las vías 20 vagones y nunca se explicó nada. En octubre se cambiaron 20 kilómetros de vías y poco después hubo otro descarrilamiento”. El 9 de abril último tres vagones de un tren carguero descarrilaron y por milagro no se estrellaron contra otro de pasajeros que se desplazaba en sentido contrario.
La causa llegó a la Corte Suprema por un pedido de intervención del Estado neuquino. Argumentó que la paralización del transporte afectaba ingresos fiscales del erario provincial y el derecho a trabajar y ejercer industria lícita. El fiscal federal de Bahía Blanca, Hugo Cañón, consideró que no estaba acreditado el “interés directo” de Neuquén y que “los intereses de la planta se encuentran suficientemente representados”. La Cámara revocó la resolución del juez y la Corte se declaró competente. En un rincón, la seguridad física de los vecinos. En el otro, la denominada seguridad jurídica de la empresa. Se toman apuestas sobre el resultado.

Informe: Diego Martínez.