El fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello elevó ayer a la jueza de ese fuero María Romilda Servini de Cubría un dictamen a favor de levantar la suspensión de las elecciones a jefe de Gobierno y legisladores dispuesta por esa magistrada. El planteo de Di Lello agrega un nuevo elemento al análisis jurídico y político que Aníbal Ibarra y sus colaboradores están realizando para definir la nueva fecha de los comicios que en principio habían sido convocados para el próximo 8 de junio.
Di Lello elaboró su dictamen en función de lo que esta misma semana resolvió la Corte Suprema de Justicia en la controversia en torno a la convocatoria a las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. El martes pasado, con la firma de seis de sus miembros, el máximo Tribunal definió que es Servini de Cubría y no el Tribunal Superior porteño la autoridad competente para controlar el proceso electoral.
Servini dispuso la suspensión de la votación en la Ciudad por pedido del PJ porteño con el argumento de que no quedaba claro quién tenía a su cargo la conducción de los comicios, pero no llegó a pronunciarse sobre la cuestión de fondo porque, antes de que lo hiciera, se planteó el conflicto de competencia entre la magistrada y la Justicia porteña. Resuelta esa disputa por la Corte, Di Lello señaló que ya no hay razones para no realizar las elecciones en la fecha prevista.
Los fundamentos del dictamen del fiscal son simples: si ya no quedan dudas acerca de cuál es la autoridad a cargo de los comicios porque la Corte se definió en favor de Servini, la jueza puede dejar ya sin efecto la suspensión que había ordenado “a fin de facilitar el cumplimiento de la misión que le compete al orden local”.
El dictamen de Di Lello no tiene carácter vinculante, por ello la magistrada puede dar por válido el planteo del fiscal o disponer otra cosa. En Tribunales estimaron que, por cuestiones de plazos, se debería de por sí cambiar la primitiva fecha del 8 de junio y no se arriesgaron a pronosticar si la jueza hará o no lo que indicó el fiscal: “Servini –comentaron a Página/12– es una pequeña caja de sorpresas.”
En la Jefatura de Gobierno tienen la misma impresión sobre la jueza y por eso se están tomando su tiempo para definir la nueva fecha de elecciones. Ibarra se debate entre hacer una nueva convocatoria para votar en agosto –según establece la ley deben pasar 90 días entre el llamado del Jefe de Gobierno y la votación– o cambiar la fecha del 8 de junio por otra en el marco del mismo proceso electoral. En términos políticos eso es lo que Ibarra y su gente prefieren porque no daría lugar a la presentación de nuevos candidatos ni a la rediscusión de las alianzas ya establecidas, aunque esta alternativa podría traer nuevas complicaciones en la Justicia.