“El terrorismo de Estado contó en Córdoba con la complicidad del Poder Judicial Federal, que se adecuó y consintió sin más el plan sistemático de represión y aniquilamiento.” Con esta frase y un extenso y detallado dictamen, los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta imputaron y pidieron que sean llamados a prestar declaración indagatoria cinco ex funcionarios judiciales de la provincia de Córdoba, a quienes consideraron cómplices de torturas, secuestros y asesinatos cometidos durante el terrorismo de Estado.

Los acusados son el ex juez federal Miguel Angel Puga, el entonces secretario penal Carlos Otero Alvarez (quien luego fue vocal del Tribunal Oral Federal de la provincia), los ex defensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro (ex camarista federal) y el ex procurador fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo.

Gonella y Trotta los responsabilizaron por dictar resoluciones u órdenes contrarias a las Constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutar órdenes o resoluciones de esa clase o no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento les incumbía; por dejar de promover la persecución y represión de los delincuentes y por no denunciar delitos de los que tuvieron noticia en el ejercicio de sus funciones. Pero, además, los inculparon directamente de haber sido cómplices de tormentos, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, aborto (en un caso) y abuso sexual. “Los magistrados y funcionarios judiciales no sólo incumplieron sus deberes, sino que también ocultaron sistemáticamente –en una etapa posterior a su comisión– la ejecución de hechos típicos que configuran delitos de lesa humanidad cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad. Entendemos que este ocultamiento se hizo en base a una promesa de impunidad anterior, al menos tácita, ya que la falta de investigación de los autores de esos delitos que se cometían de acuerdo con un patrón modal reiterado y sostenido en el tiempo –sistemático– implicó la garantía de impunidad de los mismos ‘hacia el futuro’”, aseguraron los fiscales.

En concreto, la acusación refiere que los funcionarios judiciales no investigaron las torturas e incluso los asesinatos de presos políticos que estaban a su disposición en la ex cárcel penitenciaria de Córdoba (UP1) y en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. Todas las víctimas de esta causa estaban “ingresadas al sistema judicial” ya que habían sido detenidas antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Los fiscales relatan que de las pruebas recolectadas en el expediente surge que, en noviembre de 1975, el jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, solicitó al Servicio Penitenciario Provincial una lista con todos los nombres y datos personales de las personas detenidas a disposición de la Justicia Federal. El represor creía que algunas de ellas podrían quedar en libertad por orden de los jueces y ordenaba a sus subordinados que lo impidieran. Luego, afirman Gonella y Trotta, “se cristalizó el tipo de relaciones entre el sistema judicial y el sistema militar, con los oficios en virtud de los cuales la autoridad militar solicitaba a la judicial la entrega de las víctimas que se encontraban bajo su disposición a fin de eliminarlas, emitiendo comunicados de prensa en base a los cuales se justificaban los homicidios, pretextando intentos de fuga o rescate sin que ningún juez, fiscal, defensor oficial u otro funcionario responsable hiciera absolutamente nada”.

Marta Juana González de Baronetto fue detenida en agosto de 1975. Otero Alvarez, que era secretario del juez Adolfo Zamboni Ledesma, estuvo presente en la declaración indagatoria de la mujer. Allí, ella relató que había sido encapuchada y esposada, que había recibido golpes de puño en todo el cuerpo, que había sido asfixiada mediante vertido de agua, que había sido desvestida y manoseada mientras le pegaban y que le habían dicho que habían mutilado a su hija en el momento en que le hacían tocar algo que le decían que eran sus dedos. Ni el magistrado ni su secretario, Otero Alvarez, reaccionaron. La mujer fue asesinada en octubre de 1976. Cuando su esposo, Luis Baronetto, que también estaba preso, les pidió explicaciones, Otero Alvarez y el juez sólo atinaron a leer un parte militar que hablaba de la muerte de un grupo de “subversivos” luego de que vehículos civiles interceptaran una patrulla en la que eran trasladados del penal con destino desconocido y se produjera un “tiroteo”. Baronetto dijo que eso era mentira y Otero Alvarez respondió que no podía hacer nada. Molina, que era su defensor oficial, le aconsejó que dejara “las cosas como están” porque “si no el perjudicado va a ser usted”.

“Resulta indiscutible la conclusión de que si los acusados, ex magistrados y funcionarios de la Justicia Federal de Córdoba, hubiesen ejercido sus funciones de acuerdo con la ley, el terrorismo de Estado en Córdoba no hubiese dejado las gravísimas secuelas que dejó”, aseguraron Gonella y Trotta.

Los fiscales señalaron, además, que el de Córdoba no es un hecho aislado, sino “un patrón común de trabajo”: “Lo demuestran –afirmaron– la cantidad de procesos abiertos contra ex magistrados y funcionarios por su actuación en casi todas las jurisdicciones del país, conforme surge de los registros de la Procuración General de la Nación, en virtud de los cuales se ha informado a la opinión pública que hasta ahora hay más de cincuenta personas imputadas”.