Desde Tucumán

Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos con el ex juez español Baltasar Garzón.
Imagen: Télam.

Uno de los sobrevivientes de la dictadura de Santiago del Estero tomó la palabra. Ya habían hablado sus compañeras de Jujuy, Salta y, un día antes, los delegados que llegaron del resto de las provincias del noroeste. “Nuestra lucha no es sólo una lucha judicial, sino contra el poder de la dictadura que todavía está enquistado en el Estado argentino”, les dijo Luis Garay a los doce diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja del Congreso de la Nación y al ex juez español Baltasar Garzón, que apuntaba lo que iba escuchando. “Los juicios ponen al descubierto esa trama y la complicidad, por eso decimos que la dimensión que produjo la dictadura tiene efectos históricos que, si no se revierten, ninguna democracia puede ser verdadera”.

Garzón se reunió ayer a la tarde con diputados locales y con Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, y luego llegó a la Legislatura, donde lo esperaba la sala llena. Estuvo en la reunión que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados realizó en Tucumán en su calidad de asesor. “Argentina es el ejemplo más avanzado en lo que es la persecución de los crímenes de lesa humanidad aplicando reglas y tratados internacionales que todos estudiamos en Derecho y nadie aplicaba porque a los propios jueces les cuesta mucho trabajo interpretar”, dijo Garzón, a quien Remo Carlotto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, presentó en su nuevo rol de asesor.

En la sala, mientras algunos de los sobrevivientes o familiares terminaban de preparar un libro o un informe que querían regalarle al ex magistrado, Garzón provocó un aplauso en tono de aliento cuando habló de las trabas a la investigación por los crímenes del franquismo. “Cuando lo hice, yo sabía que podía desencadenar unas consecuencias bastantes delicadas y negativas para mí –dijo– y todo lo contrario a lo que algunos piensan volvería a hacerlo otra vez, porque creo que merece la pena y es una obligación. A mí me duele el cinismo de la gente y en mi país se ha expresado de forma grosera ese cinismo.”

Como el jueves, los diputados entregaron la palabra a las organizaciones de la región, para que les relataran el estado de los juicios vinculados al terrorismo de Estado y les hablaran de las dificultades que afrontan. Al lado de Carlotto, escuchaban distintas fuerzas políticas: Manuel Garrido, de la UCR y vice de la comisión; Horacio Pietragala, Marcelo Santillán, Adela Segarra y Stella Maris Córdoba, del FpV; y Omar Barchetta y Aída Ruiz, del FAP y del Frente Cívico por Santiago, entre otros.

“Quiero valorar a Remo Carlotto de traer a tan significativo compañero de lucha contra la impunidad”, arrancó Inés Peña, compañera de un desaparecido jujeño y una de las que está llevando adelante la pelea contra la pereza del Poder Judicial y las alianzas que sostuvieron al ingeniero Pedro Blaquier alejado de las investigaciones de la Justicia. “Es muy dolorosa la lucha que llevamos adelante en mi provincia, denunciando desde hace años a la Iglesia porque algunos de sus miembros estuvieron en los centros clandestinos y a la corporación judicial, que todo este tiempo nos puso trabas para el avance de las causas.”

Salta tomó inmediatamente la palabra. Como en Jujuy, un tema importante se refiere a las relaciones entre empresarios y dictadura. Uno de los casos que avanzó fue el pedido de indagatoria para el dueño de la empresa Veloz del Norte. Una de las víctimas de esa causa fue Víctor Cobos, dirigente de la UTA, enfrentado gremialmente con el empresario y asesinado durante la dictadura. Su hermana Cristina estaba en la sala. “Todavía no tenemos civiles procesados en la provincia –explicó–, pero a la Veloz del Norte, con su dueño Levin, que fue un activo colaborador de todo esto, se le abrió una causa en la que mi hermano fue una de las tantas víctimas.”

Cristina también describió “unos traspiés” de la administración de Justicia. Y mencionó que muchos de los procesados no están detenidos y “la mayoría tiene agencia de seguridad”, un dato que cobró vuelo hace varios meses, cuando las organizaciones locales denunciaron que uno de los acusados dirigía la empresa de seguridad que debía proteger al edificio donde iba a realizarse uno de los juicios. Ella misma, a su vez, denunció el caso de Fernando Chain, quien era funcionario del gobierno de José Alperovich hasta que hace unas pocas semanas fue trasladado a Salta, donde está denunciado en una de las causas de lesa humanidad.

El último punto fue Santiago del Estero. Garzón todavía seguía en la sala. Cristina Torres, una ex detenida, parte de la organización Memoria, Verdad y Justicia que nuclea a familiares, detenidos, desaparecidos y ex presos habló centralmente de la pata judicial o lo que llamó “la aseñorada Justicia”. “Denunciamos como cómplices a dos jueces que se habían negado a recibir denuncias de nuestras situaciones, hicimos hace nueve años una denuncia penal, sin embargo, la batalla sigue con infinidad de apelaciones porque los jueces fueron sobreseídos porque sus pares no consideraron lo que hicieron como delitos de lesa humanidad”, dijo sobre Antonio Liendo Roca y Santiago Olmedo. El corazón de la resistencia de esa Justicia, dijo, “que está unida además por lazos de consanguinidad, se ha vuelto uno de los mayores obstáculos a las situaciones planteadas por las querellas”.

Otro de los ejes del jueves habían sido los problemas con los procesados que están fuera de prisión, sobre todo en la provincia de Tucumán. Las querellas dijeron, por ejemplo, que los jueces afirman que no pueden detener a los represores porque en el penal de Villa Urquiza aseguran que no hay espacio para los “de lesa humanidad”. De los 40 acusados de la megacausa Arsenales y Jefatura, cuyo debate comienza en septiembre, más de treinta están con prisión domiciliaria.

El acampe considerado histórico de los diputados de la Comisión de Derechos Humanos en un territorio por primera vez extraparlamentario provocó un revuelo en Tucumán. Antes del encuentro con Garzón, los doce diputados, el jefe de la unidad de Coordinación Fiscal de las causas de lesa humanidad, Jorge Auat, y Pablo Vassel, del Consejo de la Magistratura, mantuvieron reuniones con los integrantes del Tribunal Oral Federal y la Cámara de Apelaciones locales, que a la vez llevan adelante procesos en Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja para plantear los temas que habían llevado los querellantes. La hoja de ruta también incluyó un acercamiento a los trabajos que los antropólogos hacen en el Pozo de Vargas, desde donde los diputados volvieron conmovidos luego de descender por el espacio donde se sospecha que algunas de las víctimas eran arrojadas vivas.