Sin sorpresas, el moyanismo ratificó su postura respecto del conflicto que amenaza con dividir la CGT y volvió a confirmar para el 12 de julio en el microestadio de Ferro el congreso nacional donde elegirán nuevas autoridades, aunque con la ausencia de un sector mayoritario de la central, que impugnó la convocatoria y ya anuncia con lanzar una iniciativa paralela (ver página 9). Además, los sectores alineados con el actual titular de la central obrera realizarán ese mismo día, una vez concluida la elección, un acto en la cancha de fútbol del club de Caballito, donde presentarán a las nuevas autoridades. Esa fue la conclusión a la que llegó la mesa chica moyanista, tras evaluar qué quedó luego de que el miércoles se agotaran las instancias de diálogo en el Ministerio de Trabajo y con vistas a lo que prevén como un inminente fallo administrativo en su contra. La actuación de esa cartera “es improcedente”, sostuvo tras la reunión el dirigente judicial Julio Piumato, quien, si bien insistió con que “hasta el último minuto hay tiempo para seguir hablando” y evitar una cada vez más factible ruptura, aseguró que la fecha del congreso no está en negociación.

“Nosotros entendemos que está convocado legalmente el congreso del 12 de julio en los tiempos necesarios, ajustados al estatuto y a la ley, y ellos pretendían que levantáramos la fecha, que levantemos el congreso y bajo ningún punto de vista vamos a acceder a eso”, sostuvo el secretario general del gremio de Panaderos y dirigente de la CGT, Omar Frutos. Además, aseguró que en el expediente que tramita el Ministerio de Trabajo se encuentra “acreditada toda la documentación que ratifica que está bien convocado el congreso” de Ferro, por lo que es ése y no otro el ámbito en el que se tiene que discutir la futura conducción sindical. “Nosotros los hemos invitado a los impugnantes a que vengan al congreso, hasta el último minuto hay tiempo para seguir hablando”, coincidió Piumato, quien sostuvo que la voluntad del sector del que forma parte “no es la ruptura, sino todo lo contrario”.

Los distintos sectores que se oponen a que Moyano encabece la central por un tercer período (por un lado los gremios industriales, por otro los Gordos y en tercer lugar la CGT Azul y Blanca, encabezada por el gastronómico Luis Barrionuevo, junto a espacios que respondían al camionero y se alejaron en los últimos meses) habían presentado una impugnación ante la cartera de Trabajo argumentando que hubo irregularidades en el quórum de la reunión de Consejo Directivo del 24 de abril, cuando se convocó al congreso nacional. La decisión ahora está en manos del ministerio, que no se ha dado plazos para decidir.

“No existió ninguna irregularidad. La impugnación carece de sentido”, retrucó Piumato, reproduciendo los argumentos que había presentado en la última reunión entre las partes, donde no se pudieron acercar posiciones. Aunque el expediente todavía se encuentra bajo estudio, de ambos bandos ya prevén que el resultado será adverso a la actual conducción cegetista, aunque de un lado aducen motivaciones políticas y del otro insisten con denunciar las irregularidades. “Está todo pensado para voltear al Negro”, denuncian cerca del camionero. “Nunca existió el quórum que necesitan para convocar al congreso”, retrucan del otro lado.

De todas formas, y anticipándose a un fallo contrario, el moyanismo impugnó al Ministerio de Trabajo como autoridad en este punto. “Es improcedente la actuación. Los problemas de las organizaciones sindicales tienen que ser resueltos dentro de las instancias previstas por los estatutos de la organización”, sostuvo ayer Piumato, repitiendo un argumento que aparece en la presentación que hizo la CGT ante el mismo Ministerio. “No existe norma legal alguna que otorgue al Ministerio de Trabajo competencia para resolver la cuestión que los impugnantes plantean, en la situación en que se encuentra la controversia planteada por los impugnantes”, argumenta el escrito, que también cita jurisprudencia internacional acudiendo a convenios de la CGT.

Cerca del dirigente camionero aceptan que probablemente el asunto termine por dirimirse en la Justicia y con una central dividida en más partes que las que está ahora. Una hipótesis similar a la que trabajan los sectores de la oposición e incluso el ministerio que encabeza Carlos Tomada. El proceso judicial, empero, es largo y estará plagado de idas y vueltas (cualquiera sea la decisión del Gobierno, se descuenta que el espacio perjudicado iniciará acciones legales y seguramente interponga medidas cautelares); hasta el 12 de julio restará ver cómo terminan de configurarse políticamente los encolumnamientos de varios gremios menores (y algunos no tan menores, como Comercio), que, a la hora de contar los porotos, serán quienes terminen fortaleciendo a una u otra parcialidad.