Hugo Condorí era presidente de la obra social del sindicato de empleados del azúcar, una entidad que reunió en la comisión directiva a quienes terminaron secuestrados y desaparecidos antes y después del golpe de 1976, en medio de un proceso de largas demandas y conflictos con la empresa Ledesma. Entre ellos, el ex intendente Luis Arédez, que era asesor del área de salud, y Jorge Osvaldo Weisz, vicepresidente de la obra social, detenido en 1974 y desaparecido a partir de diciembre de 1976. Condorí hoy es presidente de la asociación de ex presos políticos de Jujuy y declaró el viernes pasado en el juzgado de instrucción federal de esa provincia. Su testimonio de más de cuatro horas es clave en los expedientes en los que se investiga la posible relación del empresario Pedro Blaquier con los crímenes de la dictadura. Su declaración consolida el vínculo entre la llamada causa Bernard, que incluye a los hombres del sindicato, y la del ex intendente, en la que la fiscalía está pidiendo una ampliación de la acusación del empresario, a priori, por el delito de homicidio.

“Acá todo el mundo recuerda a Arédez porque era intendente”, dice Condorí a Página/12. “Pero eso fue secundario, lo primario es que él era asesor nuestro: Arédez, Weisz, (Carlos) Patrignani y yo fundamos la obra social que es la que se encargó de luchar por el cumplimiento de la Ley de Salubridad, pero nunca la (empresa la) había cumplido. Nosotros veníamos del peronismo, había radicales, Weisz era de Vanguardia Comunista, pero lo que nosotros discutíamos era cómo profundizar las políticas de salubridad o de vivienda, porque más allá de las ideologías había un problema que había que solucionar.”

En 1972, “a 26 años de haberse promulgado la ley recién empezamos a pelear con la dirigencia por el cumplimiento de la ley con el asesoramiento del doctor Arédez”, explica, “con Carlos Patrignani y toda la articulación con la obra social, el cuerpo de delegados y los obreros de Ledesma”. Como los costos que debía asumir la empresa formaban parte del costo primario del azúcar y el azúcar tenía precios máximos, la compañía no los quería asumir. Arédez asesoró a los trabajadores sobre la asistencia médica de la que se tenía que hacer responsable la compañía según las leyes vigentes, sobre los tipos de medicamentos y tratamientos.

Aquellos hombres de la comisión directiva, Arédez, Patrignani y Weisz están desaparecidos. El legajo de Weisz apareció en las oficinas de Ledesma en el allanamiento que ordenó este año el juzgado federal de Fernando Poviña. Allí, además de la carpeta con la firma de la empresa que documenta la actividad de espionaje sobre la Marcha del Apagón de 2005, estaba su legajo y un informe de inteligencia elaborado por una empresa llamada World División Psicología Industrial con datos sobre sus familiares, amigos, compañeros y allegados.

El pasado 6 de julio, cuando Blaquier se presentó en el Juzgado Federal, la Unidad de Coordinación y seguimiento de las causas de lesa humanidad de la Procuración presentó un escrito con nuevas pruebas y –según el expediente– pidió que se amplíen los cargos por los que se lo iba a interrogar. Así, a las cargos por violación de domicilio, privaciones de la libertad agravadas, aplicación de tormentos en varios de los tramos de las dos causas principales, la fiscalía agregó las pruebas para que el juzgado acepte la indagatoria prima facie por el homicidio de Arédez. Esa decisión es la que aún está pendiente y es el contexto desde el que puede leerse la declaración de Condorí, uno de los pocos dirigentes azucareros de aquella obra social que sobrevivió a la dictadura.

En medio de las idas y vueltas de la causa y de la suspensión de la indagatoria, la defensa de Blaquier consiguió ganar tiempo. La ampliación no está decidida porque el juzgado se encontró con otro tema. Ese mismo 6 de julio, o pocas horas después, los abogados de Blaquier recusaron a uno de los fiscales entre otras razones porque pasó de ser abogado por la querella a funcionario ad hoc de la fiscalía. Aunque no es condición definitiva, es probable que el juzgado defina la ampliación o no de los cargos una vez que resuelva el planteo de recusación.

A Arédez lo secuestraron el 24 de marzo de 1976. Esa noche también secuestraron a Ramón Bueno, Antonio Felliu, Omar Gainza y Carlos Alberto Melian. Las patotas de la policía y el Ejército que se los llevaron se movilizaron en vehículos de Ledesma SAAI, conducidos por personal de la empresa que hicieron subir a los detenidos. A Arédez lo liberaron el 5 de marzo del ’77. El 13 de mayo lo interceptaron por la ruta 34. Esta vez lo hizo otro vehículo, conducido por Juan de la Cruz Kairuz, policía y empleado de Ledesma. Desde entonces permanece desaparecido.

El expediente recuerda aquello sobre lo que declaró Condorí: Arédez fue asesor médico de los sindicatos azucareros de Ledesma y Calilegua y de la mutual de obreros y empleados del Ingenio Ledesma. También menciona que fueron notorios sus reclamos sobre la falta de cuidados médicos y de seguridad que padecían los empleados del ingenio y de los que la empresa debía hacerse cargo. Los directivos de Ledesma decidieron despedirlo indicando que proveía a los trabajadores de demasiados medicamentos sin cobrar. Años más tarde, en 1973, era elegido intendente.