La Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires es independiente de la cartera de Desarrollo Social desde diciembre de 2011, cuando adquirió rango ministerial. El cambio es la razón que los funcionarios del área interpusieron cada una de las veces que las organizaciones sociales que trabajan con chicos y chicas en situación de vulnerabilidad social se acercaron para reclamar los fondos que necesitan para seguir funcionando. Algunas de ellas, desde hogares hasta centros de día y espacios en los que se ofrece comida y apoyo escolar, no cobran desde octubre del año pasado los recursos que, por convenio, les otorga el gobierno provincial. “La falta de dinero es el síntoma de lo poco que a Scioli le interesan los pibes”, dijo Estela Rojas, referente de Chicos del Sur, una de las entidades afectadas por la deuda y que están denunciando el “vaciamiento” de las políticas de niñez y adolescencia en la provincia. Las autoridades de la secretaría se negaron a realizar declaraciones.

Hasta diciembre pasado eran unas 680 las organizaciones no gubernamentales cuyo trabajo se insertaba en el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos del Niño, para cumplir un rol compartido con otras 160 instituciones y programas que dependen del gobierno provincial. Todas esas organizaciones son el brazo de aplicación del objetivo de ese sistema, creado por ley en 2005: “Promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar y restablecer” los derechos de los niños y adolescentes. Para eso, necesitan recursos que, por convenio, el Ejecutivo provincial se comprometió a brindarles.

Según la Red de Hogares y Centros de Día de Buenos Aires (Redba), que nuclea a setenta de esas organizaciones, eran 15 mil los pibes y pibas conectados con esos espacios, pero “entre diciembre y ahora cerró una veintena, así que calculamos que unos 500 chicos están nuevamente en la calle”, reveló uno de los coordinadores de la red, Gustavo García.

“Nos faltan los recursos. Hay espacios que no cobran sus becas desde octubre de 2011; otros no vieron un peso correspondiente a 2012 y a algunos otros se les adeudan las becas del tercer bimestre actual. Reclamamos que paguen lo que les corresponde a los chicos”, explicó García, que además es referente del Hogar Don Bosco de La Plata.

Chicos del Sur no integra la Redba, pero su situación es la misma; para mayo recién recibió el pago correspondiente al primer bimestre de 2011: “La situación es de desprotección absoluta debido a la inexistencia del Estado”, sentenció Rojas. Pablo González, trabajador del Centro de Tratamiento y Atención Integral Ambulatorio (Cetai), uno de los programas que dependen de la secretaría, definió la situación como “gravísima”.

A través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la administración de Daniel Scioli debería pagar una beca de 1300 pesos por chico y por bimestre a cada hogar convivencial –sitios en los que los chicos, literalmente, viven– y una beca de 700 pesos a cada centro de día –los que contienen a niños y adolescentes durante algunas horas–. En promedio, esas organizaciones deben alimentar, vestir, cuidar la salud de los chicos y mantener las condiciones de habitabilidad de sus espacios con 21 pesos por día en el caso de los hogares y 11 en el de los centros. En cuanto a las instituciones que dependen directamente del Estado, así como los espacios generados a partir de programas que nacen desde la secretaría misma –como el Cetai–, deberían recibir una caja chica mensual.

En mayo pasado, organizaciones sociales, gubernamentales y trabajadores y trabajadoras de los programas de la secretaría realizaron movilizaciones masivas en La Plata en reclamo de los recursos adeudados. Resumieron en una frase la protesta, que sigue vigente: “No al vaciamiento de políticas de Niñez y Adolescencia”. Para la referente de Chicos del Sur, el atraso en el pago de las becas no es el punto más importante, sino el “síntoma de la actitud de (el gobernador Daniel) Scioli frente a las políticas relativas a la infancia. No es ‘no hay plata’, es ‘los pibes no me importan’”. En ese marco, las organizaciones y los trabajadores dedicados al área señalaron que el incumplimiento relativo al Sistema de Promoción y Protección no es el único de la ley 13.298: “El desmantelamiento ha venido de la mano de medidas que refuerzan la función represiva del Estado, con lo cual aumenta la judicialización de la niñez pobre y su persecución”, denunciaron.

La movilización de mayo, no obstante, logró poco. “Están cancelando deudas de a puchitos y muy lento”, informó García. El Hogar Don Bosco, en donde trabaja, alberga a 19 chicos. “El más chiquito tiene cuatro años y le tiene miedo a la oscuridad. ¿Qué hago si me quedo sin luz? No podemos ser nosotros los espacios que reiteren la vulneración de los derechos de esos chicos que vienen a nosotros para estar mejor. El Estado no cuida a los pibes”, remarcó.

Tras los reclamos, Chicos del Sur cobró las becas de los 80 niños con los que trabaja, correspondientes al primer bimestre de este año. “Dijeron que el atraso se debió al cambio de rango, al traspaso de presupuesto entre Desarrollo Social y la secretaría, pero a esta altura esa excusa es inadmisible”, apuntó Rojas. Este diario intentó consultar por el atraso al secretario de Niñez y Adolescencia, Pablo Navarro, pero no tuvo éxito. “Por el momento, el funcionario no dará explicaciones al respecto”, dijo una vocera.

“Los gastos para los niños en situación de emergencia social deberían ser una prioridad para el gobierno”, evaluó González, tallerista del Cetai, un programa que, a través de talleres de arte y juegos, intenta ayudar a cerca de 30 pibes y pibas. Deben recibir una caja chica mensual de cuatro mil pesos; en septiembre fue la última vez que cobraron durante 2011. En lo que va de 2012 recibieron los fondos una sola vez. “Hasta donde podíamos les dábamos de comer, pero a principios de año tuvimos que suspender el almuerzo y nos redujimos a tratar de garantizar el desayuno o la merienda con un sandwich”, destacó, aunque mencionó que el problema más grande aparece a la hora de solventar los materiales que requieren para los talleres.

Ante el atraso de los recursos estatales, principal y en la mayoría de las ocasiones único medio de subsistencia de estas organizaciones, mantenerlas en actividad es muy difícil, cuando no imposible. “Los hogares estatales cerraron 2011 con deudas muy graves con proveedores alimentarios; algunas llegan a los 70 mil pesos”, dijo González. “La deuda siempre la termina aguantando la organización –agregó Rojas–, pero los chicos no pueden perder estos espacios.”