El Partido Justicialista de Santa Fe se comprometió a expulsar de sus padrones a todos aquellos afiliados que estén implicados en causas por crímenes de lesa humanidad o que hayan sido cómplices de esos delitos, cometidos durante la última dictadura militar. Los organismos de derechos humanos, que participarán en la revisión de las filas del partido, consideraron la decisión como “histórica” y “necesaria”. “Es una reparación histórica y una reivindicación a los miles de compañeros desaparecidos, exiliados, presos políticos y también a los que se sumaron a la militancia política desde lejos de las estructuras partidarias que durante mucho tiempo fueron funcionales a las políticas de impunidad”, reflexionó el diputado Eduardo Toniolli, integrante de la regional santafesina de Hijos y secretario general del partido en Rosario.

Junto a un colectivo de expresos políticos, Hijos le propuso al flamante titular del PJ santafesino, José Freire, la depuración de los padrones de represores y cómplices de los crímenes cometidos durante la última dictadura. El puntapié de la iniciativa ocurrió hace poco más de tres meses, en el marco del sexto juicio oral por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en la provincia. Durante el avance de ese proceso se descubrió que el principal sospechoso en esa causa y condenado a una década de prisión, el ex comisario Roberto Martínez Dorr, estaba afiliado al PJ. En la misma situación se encontraba Horacio Américo Barcos, ex personal de Inteligencia del Ejército que murió la semana pasada en prisión, también condenado por crímenes de lesa humanidad. Al ex jefe comunal de la ciudad de San José del Rincón Mario Fancino, que también fue condenado por violaciones a los derechos humanos, ya lo expulsaron.

“Creemos que corresponde una condena política y social y que no pueden estar afiliados al partido”, remarcó el presidente del partido e intendente de Venado Tuerto, José Freire. En diálogo con este diario, Freire informó que tras el compromiso aceptado por el PJ, la institución política y miembros de los organismos de derechos humanos están avanzando en la organización de las tareas de revisión de los padrones.

“En principio, es una actitud que deben asumir todos los partidos políticos de la democracia. Sin embargo, consideramos que para el peronismo es una deuda que hay que saldar, porque ha sufrido enormemente con la desaparición de miles de sus militantes, el exilio de muchos otros, durante la dictadura”, concluyó Toniolli. En ese sentido, aseguró que “que el PJ se ponga al frente de la revisión de sus integrantes demuestra que hubo una lucha histórica de los familiares y compañeros sobrevivientes para mantener la memoria sobre lo ocurrido y, por otro lado, que hay voluntad política”.

La idea es pedir al tribunal de disciplina partidario la expulsión de aquellos miembros sobre quienes, como Martínez Dorr o Barcos, pese una condena por delitos de lesa humanidad o estén involucrados en investigaciones judiciales de ese tipo. “Nos planteamos desafiliarlos, tengan o no condenas firmes, y también abrir el debate sobre quienes tuvieron responsabilidades civiles”, indicó Freire. En cuanto a quienes tuvieron responsabilidades civiles, el dirigente más conocido es Juan Carlos Mercier, ex ministro de Hacienda provincial durante la dictadura y también durante los dos gobiernos de Carlos Reutemann.

“Conocemos algunos otros casos emblemáticos y aunque la mayoría se ha desafiliado a lo largo de los años, queremos dejar agotada la instancia”, apuntó a este diario. Por su parte, Toniolli completó que “está claro que el tribunal de disciplina del partido no necesita la condena para expulsar a un afiliado que se sabe cometió crímenes de lesa humanidad ya que, habiendo pruebas suficientes, puede ejercer evaluaciones éticas”.