El juez federal Claudio Bonadío dispuso ayer unificar en cuatro querellas a los familiares de los fallecidos y a los heridos en la tragedia de Once. A la cabeza de cada querella estarán Gregorio Dalbón; Miguel Angel Arce Ageo; Marcelo Parrilli y María del Carmen Verdú actuarán conjuntamente; y la familia de Lucas Menghini Rey, que estará por separado porque, además de la muerte, acusan por lo que consideran graves errores en la búsqueda del joven. Bonadío estaba facultado para tomar la decisión de oficio, porque se considera que la existencia de 20 o 30 querellas demoran muchísimo el proceso y, además, ponen en situación de inferioridad a los acusados. El juez debe decidir sobre los procesamientos en el caso. Lo haría la semana que viene y, como adelantó Página/12, todo indica que serán procesados el maquinista, directivos de TBA y funcionarios del Estado por delitos que van desde el estrago culposo hasta la malversación de los subsidios aportados a la ex línea Sarmiento.

Bonadío decidió unificar las querellas tras pedirles que los familiares de las víctimas se agruparan por sí mismos. Hizo incluso una audiencia donde planteó el problema. Ante el hecho de que no se pudieron poner de acuerdo, el juez resolvió unificar las querellas de la siguiente manera:

- Gregorio Dalbón estará a la cabeza de una querella en representación de 48 damnificados. Acusará a todos los imputados.

- Miguel Angel Arce Aceo nucleará a los 17 querellantes que expresamente dijeron que no quieren ser representados por Dalbón. A este grupo se suman 30 querellantes que no se pronunciaron sobre cuál era el agrupamiento en el que querían ser unificados. Bonadío buscó así equilibrar los grupos querellantes. Este segundo agrupamiento también acusará a todos los imputados.

- María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli serán la cabeza de la querella que no acusará al maquinista Marcos Antonio Córdoba. El grupo, integrado por siete familiares, apuntará a los ejecutivos y gerentes de TBA y a los funcionarios del Estado que estaban a cargo del área.

- Por último, María Luján Rey y Paolo Menghini, los padres de Lucas, serán una querella por separado dado que acusarán por la muerte de su hijo pero también por lo que consideran una búsqueda defectuosa en las primeras 48 horas.

Todo indica que la semana que viene el juez dictará la resolución en la que resolverá sobre las 30 personas que fueron indagadas hasta el momento. Parece cantado que imputará al maquinista, a gerentes y ejecutivos de TBA –seguramente no a todos– y a los funcionarios que estaban a cargo de controlar el servicio y también los subsidios entregados a TBA. El juez ya habló de estrago –provocar un grave desastre– y todo hace presumir que será estrago culposo, es decir por negligencia. Es probable que aplique la dudosa figura de la asociación ilícita y es seguro que hablará de administración fraudulenta respecto de los subsidios del Estado. El juez partió de una acusación muy general: “Se realizó una utilización impropia del material rodante, la infraestructura, el personal y los aportes del Estado nacional para prestar un servicio que no fue ni seguro ni eficiente”.