Luego del aumento en las tarifas eléctricas que el gobierno de Scioli les autorizó a las distribuidoras y cooperativas bajo su órbita, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, informó ayer que la Nación le descontará a la provincia de Buenos Aires subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción, tal como ya lo hizo con Córdoba, Santa Fe y San Luis. “Si no les descontáramos los subsidios a la generación eléctrica en la misma proporción de los aumentos a la distribución a las provincias que suben sus tarifas estaríamos discriminando a aquellas administraciones que comprometidamente apoyan las políticas de inclusión y competitividad que en materia energética lleva adelante el gobierno nacional”, informó el funcionario a través de un comunicado. Cerca de Scioli señalaron ayer a este diario que la reacción de la Nación no los sorprendió y que ahora están evaluando a qué sectores se les transferirá el costo adicional que implica la quita parcial de subsidios. El objetivo es que no suponga un aumento adicional para los usuarios residenciales.

Scioli decidió el martes autorizarles un aumento de hasta el 28 por ciento a las eléctricas que operan bajo la órbita provincial a través de las resoluciones 243 y 244. Las beneficiadas son Edelap, EDEN, EDEA, EDES y unas doscientas cooperativas que le brindan servicio a más de 2,1 millones de hogares, industrias y comercios en La Plata y el interior de la provincia. En el conurbano, donde prestan servicio Edesur y Edenor, dos empresas reguladas por la Nación, las tarifas permanecen sin cambios.

El aumento varía según el tipo de usuario. Edelap, la distribuidora que opera en La Plata y otros cinco partidos lindantes, aplicará un ajuste del 20 por ciento en promedio, pero para los clientes residenciales de consumos medios y bajos (R1 y R2) será del 14 por ciento y para el resto de los hogares llegará al 28 por ciento. Mientras que para las demás distribuidoras el aumento domiciliario será de 10 por ciento en promedio. El ajuste alcanzará además a comercios e industrias.

En la provincia justifican la decisión por la delicada situación financiera de cada una de las distribuidoras, las cuales tienen las tarifas congeladas desde hace diez años, en los últimos tiempos manifestaron problemas para pagarle la energía a Cammesa y arrastran serios déficit de inversión en sus redes.

Más allá de las razones que esgrimen cerca de Scioli, desde la Nación tienen la política de retirarles parte del subsidio a las empresas provinciales que deciden aumentar la tarifa. “Aquellas provincias que en total autonomía decidan redefinir las políticas tarifarias de sus distribuidoras eléctricas estarán sujetas a que el Estado Nacional consecuentemente asuma su potestad de fijar los niveles de subsidios a la generación, que aplica a cada una de ellas”, sostuvo ayer De Vido a través de un comunicado. En ese mismo texto afirmó que “tal como lo hemos explicado en diciembre último, cuando otras provincias reclamaban ‘respeto a la autonomía’ para poder aumentar sus tarifas de electricidad, no es intención del gobierno nacional restringir las facultades de nadie, sino advertir que quienes avanzan en ese sentido se apartan claramente de los ejes liminares de las políticas nacionales en materia energética que viene llevando adelante el gobierno nacional desde 2003”.

A fines del año pasado, la Nación tuvo un conflicto por este mismo tema con los gobiernos de Córdoba y Santa Fe. En Córdoba, por ejemplo, el gobernador Juan Manuel De la Sota autorizó a EPEC a aplicar un aumento del 15 por ciento a partir del 1º de diciembre y otro 11,3 por ciento en marzo. La reacción del gobierno nacional no se hizo esperar y De Vido dejó en claro en aquel momento que recortaría de manera proporcional los subsidios que recibía la empresa. A los pocos días, el secretario de Energía, Daniel Cameron, envió una carta a la provincia donde adelantó que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) le cobraría un cargo adicional equivalente al incremento promedio de la modificación de las tarifas por la energía que EPEC le compra. El monto adicional reclamado era de 56,7 millones de pesos, pero EPEC obtuvo un amparo en la Justicia que luego fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Córdoba y la disputa aún no está resuelta. Algo similar ocurrió en Santa Fe, donde EPE subió la tarifa en diciembre entre 8 y 13 por ciento. Cammesa respondió recortando subsidios por 36 millones de pesos y la empresa fue a la Justicia, donde logró fallos a favor en primera instancia y en la Cámara Federal de Rosario. Por lo tanto, ni en Córdoba ni el Santa Fe el gobierno nacional ha podido hasta el momento cobrar un ingreso adicional a través de Cammesa por la energía que se les vende a las empresas eléctricas de esas jurisdicciones.

En la provincia de Buenos Aires afirman que no van a judicializar la disputa. Fuentes cercanas a Scioli dijeron a este diario que la Nación ya estaba al tanto del ajuste que iba a autorizar el gobernador y que a su vez ellos sabían cuál sería la reacción del gobierno nacional, en línea con lo ocurrido en las otras jurisdicciones. De hecho, ayer ningún funcionario del Ejecutivo provincial salió a responder a las declaraciones de De Vido. Hasta el momento, la decisión es aceptar el recorte parcial de subsidios y ver de qué manera se les transferirá ese monto a los usuarios. El objetivo de Scioli es que eso no suponga un aumento adicional para los clientes residenciales y que recaiga exclusivamente sobre los usuarios más grandes, pero no se ofrecieron detalles sobre ese tema porque aún no hay una decisión tomada.