El intendente Gabriel Katopodis, Gabriel Mariotto y Rafael Bielsa recorrieron la Villa 18, en San Martín.

El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, volvió a manifestar ayer su desacuerdo con la resolución de Daniel Scioli de prorrogar por quince años las concesiones a catorce bingos y salas de juego para obtener recursos económicos extraordinarios, al mismo tiempo que aseguró que la relación con el gobernador “es buena” e insistió en que “no existe ningún conflicto institucional” en la provincia porque –remarcó– “nadie quiere el cargo de nadie”. “No hay una disputa clásica de poder al estilo de otros tiempos, donde hay alguien que quiera quedarse con el espacio de otros, son miradas que tienen matices distintos y es sano poder expresarlas”, dijo Mariotto para expresar sus diferencias con Scioli y salir al cruce de quienes lo acusan de “golpista” y lo asocian con las conductas del ex vicepresidente Julio Cobos.

“Acá nadie quiere el cargo de nadie, solamente planteamos ejes de acción política y cumplimos a rajatabla desde el Senado bonaerense con los proyectos de ley que envía el Ejecutivo”, sostuvo Mariotto cuando lo consultaron sobre sus diferencias con Scioli en declaraciones formuladas en el partido de San Martín. Allí, el vicegobernador recorrió la Villa 18 junto al secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni; el titular de la Sedronar, Rafael Bielsa, y el intendente local, Gabriel Katopodis.

Mariotto también cruzó a quienes asocian sus cuestionamientos y actitudes con el gobernador a las asumidas por Cobos durante el primer mandato de Cristina Kirchner. “No tenemos nada que ver con el señor Cobos, que no votó las leyes del Ejecutivo y que jugó a un proyecto de destitución”, dijo el vicegobernador antes de afirmar que “nosotros no tenemos ningún conflicto institucional” en la provincia. “A todos los que dicen que me parezco a Cobos no los escuché descalificar al vicepresidente en aquel momento. Los que aplaudían a Cobos son los que ahora me descalifican a mí”, replicó.

Pero tampoco dudó en volver a expresar sus diferencias de criterios con el gobernador. “Abordamos un eje de gestión distinta, queremos un control político de la fuerza policial, que el Servicio Penitenciario modifique su conducta y eso no significa que seamos golpistas”, insistió Mariotto. Aunque opinó que para modificar esa situación “no alcanza con cambiar un ministro”, en referencia directa al cuestionado ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal.

Más temprano, el vicegobernador había manifestado su oposición a la decisión de Scioli de prorrogar por decreto las concesiones de catorce bingos y salas de juegos de la provincia con el objetivo de sumar fondos adicionales a las alicaídas arcas bonaerenses para poder saldar el medio aguinaldo a los trabajadores estatales. “Nosotros no estamos de acuerdo con la renovación de las licencias de los bingos, aunque es una potestad que tiene el Ejecutivo”, reconoció Mariotto en una entrevista radial.

Sin embargo, el vicegobernador no hizo referencia a la intención del kirchnerismo provincial de abrir el debate en la Legislatura sobre el futuro marco normativo para el sector. El diputado Mario Caputo (vinculado con el ministro del Interior, Florencio Randazzo) anunció que presentará la semana próxima un proyecto propio donde propone la “estatización” del “funcionamiento, manejo y control” de todas las salas de juego instaladas en territorio provincial. Una propuesta a la que ya se sumaron los legisladores aliados de Nuevo Encuentro y a la que se podrían plegar otros bloques opositores.

“Es una mirada traída de los pelos”, dijo Mariotto sobre las acusaciones de “golpista” –incluidas las surgidas desde dirigentes y legisladores del sciolismo– y sostuvo que “tampoco se puede salir a desmentir zonceras” todo el tiempo. En ese marco, Mariotto consideró que su relación con el gobernador “siempre ha sido buena, porque es una relación que tiene que ver con responsabilidad institucional y con distintas miradas sobre ejes de gestión”.

El vicegobernador también admitió que las aspiraciones presidenciales que expresó el propio Scioli son “legítimas como para cualquier ciudadano y para un actor político de la envergadura de Daniel”.