“Ya estoy en libertad y no descansarán”, advertía una voz “poco audible” en los teléfonos que usa Hebe de Bonafini. La titular de Madres de Plaza de Mayo denunció ante la Justicia ésa y otras amenazas que atribuyó directamente a Sergio Schoklender, quien estuvo preso hasta el 6 de julio último, igual que su hermano Pablo, por el desvío de fondos que debían utilizarse para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos de la entidad. Según la presentación de Bonafini, el inicio de las llamadas intimidatorias coincide con la excarcelación del ex apoderado de la fundación, quien fue visto frente a la sede de Madres “deambulando” y “observando desafiante” e instalado en un bar cercano, según describió ella. El fiscal Carlos Stornelli consideró razonable abrir una investigación y pidió medidas de prueba. El juez Ariel Lijo definirá hoy los pasos a seguir después de escuchar a los abogados de Madres.

Bonafini puede presentarse hoy a ratificar su denuncia, aunque no es obligatorio porque el fiscal ya impulsó la acción penal. Su escrito incluyó un pedido de “medida cautelar”, que deberá resolver el juez, para prohibirle a Schoklender acercarse al edificio de “la Asociación Madres de Plaza de Mayo a una distancia menor a 500 metros a la redonda”. El abogado patrocinante Eduardo Barcesat dijo a Página/12 que “las situaciones denunciadas podrían hacer variar las condiciones de excarcelación” de Schoklender, con lo cual no descartaría que vuelva a ser detenido. A su entender, la denuncia de las amenazas agravadas debería tramitarla el juez Norberto Oyarbide, a cargo de la causa sobre el desvío de al menos 280 millones de pesos del plan de viviendas. Por sorteo le tocó a María Servini de Cubría, subrogada por Lijo esta semana.

El texto de Bonafini dice que desde que Schoklender “recuperara su libertad”, ella recibe llamadas amenazantes en su celular y en la línea directa de su oficina de Madres a partir de las 18, hora en que ya no son sus colaboradores quienes atienden sino ella misma, algo conocido –advierte– por el ex apoderado. “Se escuchan risas, zumbidos, extraños ruidos y una voz poco audible que repetía algo como ‘ya estoy en libertad y no descansarán’”, precisa. Son, dice, “actitudes” propias de un “trastornado” y las asocia con Schoklender. Luego menciona que “ha sido visto deambulando frente a la sede de la Asociación, observando desafiante su interior” y que el martes último “ingresó al bar ubicado en la misma cuadra”, “con dos personas de sexo masculino, y elevando la voz con la clara intención de ser escuchado, refirió que buscaba un departamento para alquilar en esa manzana (...) Al día siguiente volvió a ser visto en el lugar, esta vez acompañado sólo por una persona” y “volvió a referir que buscaba instalarse en la zona”.

El fiscal Stornelli propuso, entre otras cosas, el análisis de llamados telefónicos. Los abogados que representan a Bonafini fueron citados para hoy al juzgado. Es posible que surgieran testigos y algún otro material. Barcesat dijo que otras personas de la fundación habrían sido intimidadas y anticipó que analiza pedir una pericia psiquiátrica de Sergio Schoklender. Lijo podría disponer medidas y recién después analizar si gira el caso a Oyarbide. También tendrá que resolver si hace lugar a la “medida cautelar” para impedir que el ex apoderado merodee la fundación.

Según la denuncia de Bonafini, Schoklender “despierta en las integrantes de la Asociación angustia, ansiedad, inseguridad y temor”. “Somos todas mayores de 80 años, habiendo cumplido la mayor (Juanita Pargament) 98”, afirma. Lo califica como un “personaje siniestro”, “de rasgos psicopáticos” y “perverso”, quien “traicionó la confianza depositada en su persona” y busca “lograr el abandono de la persecución penal que hemos iniciado en su contra”. Tanto Sergio –incorporado a Madres tras cumplir su condena por parricidio– como su hermano Pablo, quien también fue apoderado, quedaron desvinculados de la entidad en 2011, al salir a la luz los dudosos manejos de fondos estatales. Desde entonces, ambos culpan a Bonafini de haber tenido poder de decisión sobre el uso del dinero. Hasta ahora, Oyarbide no la imputó y considera que la Madres fueron defraudadas.