El juez federal Ariel Lijo aceptó a Hebe de Bonafini como querellante en la causa por amenazas que inició contra Sergio Schoklender y ordenó un análisis de las llamadas entrantes y salientes de teléfonos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, así como de las líneas que utiliza el ex apoderado de la entidad. La presidenta de Madres y Schoklender se cruzaron ayer en el tercer piso de los Tribunales de Retiro, se miraron, pero no intercambiaron ni una palabra. El salía de dejar en el juzgado un escrito en el que niega las acusaciones y ella llegaba para ratificar la denuncia en la que le atribuía llamados telefónicos intimidatorios y su presencia “desafiante” en las inmediaciones de la sede de la Fundación y en un bar de la misma cuadra.

Esos episodios, según señaló Bonafini, comenzaron después de que Schoklender recuperó la libertad, el 6 de julio último, tras pasar detenido casi dos meses por el desvío de al menos 280 millones de pesos –según determinó el juzgado de Norberto Oyarbide– que debían utilizarse para construir viviendas sociales a través de la Misión Sueños Compartidos. El fiscal Carlos Stornelli ya dictaminó a favor de hacer lugar a la medida cautelar que pidió la titular de Madres para que se implemente “una prohibición de acercamiento de Sergio Schoklender a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo a una distancia menor a 500 metros a la redonda”. Su presencia en la zona, planteó Bonafini, provoca “angustia” e “inseguridad” en quienes integran la entidad, en especial las Madres, “todas mayores de 80 años”. El juez Lijo, quien subroga a María Servini de Cubría, resolverá ese pedido la semana próxima.

En una breve entrevista que tuvo ayer con el juez, Bonafini mostró cierta inquietud por la presencia en Tribunales de Schoklender, con quien se topó al bajar del ascensor. Luego ratificó los términos de la denuncia que había presentado por escrito, donde describía que desde que el ex apoderado recuperó su libertad el mes pasado, ella viene recibiendo llamadas amenazantes en teléfonos que atiende personalmente después de las seis de la tarde, cuando se van sus colaboradores, algo conocido –señaló– por quienes han trabajado con ella. Dijo que escuchó “una voz poco audible” que decía “ya estoy en libertad y no descansarán”. “Se escuchan risas, zumbidos, extraños ruidos”, describió.

La presidenta de Madres ofreció testigos, no sólo por la recepción de las llamadas, sino para dar cuenta de otro punto de la presentación judicial, según el cual Schoklender fue “visto deambulando frente a la sede de la Asociación, observando desafiante su interior”, y el martes último “ingresó al bar ubicado en la misma cuadra”, “con dos personas de sexo masculino, y elevando la voz con la clara intención de ser escuchado, refirió que buscaba un departamento para alquilar en esa manzana”. Al día siguiente, añadió Bonafini, se repitió la escena en el mismo lugar.

En la presentación escrita que hizo Schoklender, al enterarse de la denuncia, descartó su presencia en la zona donde se encuentra la sede de la Fundación en los días señalados por Bonafini. “La denuncia es un disparate. El martes estuve a 50 kilómetros de la Capital con dos periodistas de La Nación y funcionarios del gobierno nacional”, dijo en declaraciones por radio. A la vez negó, en su descargo, relación con las amenazas y ofreció sus números de teléfono al juzgado para que sean analizados. “Hebe tiene un desequilibrio psiquiátrico serio y debería estar en un psiquiátrico. Su denuncia es una excusa para intentar meterme preso”, dijo Schoklender en sus declaraciones públicas.

El abogado Eduardo Barcesat, quien representa a Bonafini junto con Antonio Rojas Salinas, insistió en que las amenazas “sólo pueden venir de Schoklender” y que la causa debería tramitarla Oyarbide junto con la que investiga el destino de los fondos para viviendas que recibía la Fundación mientras los hermanos Schoklender actuaban con poder de administración.