El diplomático uruguayo Francisco Bustillo nunca termina de precisar qué fue lo que supuestamente le ofrecieron –o le sugirieron– en aquella misteriosa conversación que mantuvo con el ex vicanciller argentino Roberto García Moritán, que trajo tanta cola en relación con la participación de la empresa Riovía en las obras de dragado del canal Martín García. Con todo, no sería la primera vez que Bustillo se codeara con la ilegalidad. En 2010, la fiscal María Luz Rivas Diez pidió su indagatoria por contrabando en la causa por el ingreso irregular de autos con franquicia diplomática mientras era embajador en Argentina. Bustillo quiso ingresar dos Porsche 911 –una cupé deportiva carísima que nada tiene que ver con los usos diplomáticos– que las autoridades argentinas le inmovilizaron en la Aduana.

Bustillo ocupó la Embajada de Uruguay en Buenos Aires entre 2005 y 2010, justo en la época más álgida de la relación entre ambos países por la instalación de las pasteras en Fray Bentos. En aquellos tiempos, Bustillo jugó un rol clave en varios momentos y en más de una ocasión debió concurrir al Palacio San Martín para escuchar los reclamos del gobierno argentino.

A raíz de una auditoría interna de la Cancillería, en 2008 se inició la causa de los autos truchos y rápidamente saltó que la de Uruguay era una de las embajadas que más había hecho uso de las franquicias diplomáticas, con 18 vehículos ingresados de manera irregular. El régimen permitía importar autos destinados a las embajadas sin impuestos, que se podían comercializar apenas 90 días después de ingresados. Mucho aprovecharon para hacer negocios particulares. Los arreglos implicaban al jefe de Franquicias de la Cancillería, a dueños de concesionarias, diplomáticos y a los compradores finales, algunos de ellos famosos como el folklorista Chaqueño Palavecino y el polista Adolfo Cambiaso.

Bustillo fue convocado por el entonces canciller uruguayo Reinaldo Gargano para que diera explicaciones sobre el entuerto y allí quedó el asunto. Pero luego ocurrió que Bustillo intentó recuperar los dos Porsche que había comprado a su nombre en 2007, valuados en alrededor de 100 mil dólares cada uno, que se sumarían a su patrimonio que ya contaba con un Mercedes-Benz. Ante una consulta del sector jurídico de la Cancillería argentina, la fiscal Rivas Diez emitió un duro dictamen en el que detalló las maniobras delictivas incurridas en el trámite de Bustillo, como presentación de documentos falsos y el otorgamiento anticipado de patentes a vehículos que todavía no habían ingresado al país. Además, en los formularios se modificó que se trataba de autos sedán y no cupé, dado que hasta en las convenciones internacionales se explica que no se pueden importar autos deportivos para uso diplomático.

El pedido de indagatoria de la fiscal fue desestimado porque los embajadores gozan de inmunidad diplomática. Por ese motivo, ni Bustillo ni el resto de los diplomáticos involucrados en el escándalo fueron procesados.