Si los tiempos lo permiten, Mario Pontaquarto tendrá esta mañana su última oportunidad de arrepentirse de haber participado en la negociación y el pago de coimas por 50 millones de pesos entre el gobierno de Fernando de la Rúa y un grupo de senadores peronistas con el objetivo de lograr la aprobación de la reforma laboral en abril de 2000. Si el Tribunal Oral Federal Número 3 logra resolver durante las primeras horas de la segunda audiencia del histórico juicio una serie de requerimientos de nulidad que presentarán las defensas de algunos acusados, el “arrepentido” podrá comenzar a relatar ante los magistrados su versión de los hechos, que vincula a un grupo de ex funcionarios del último gobierno radical, incluido el ex presidente y parte del bloque peronista que actuó entonces en la Cámara alta, en el pago de sobornos. “Esperé mucho tiempo para hablar ante quienes resolverán definitivamente esta situación. Este momento es el más importante”, concluyó Pontaquarto.

El ex secretario parlamentario en el Senado durante el gobierno de la Alianza descartó ante este diario que pudiera sentirse intimidado por la presencia de los protagonistas de su versión de los hechos, que tanto el fiscal Federico Delgado como el juez Daniel Rafecas dieron por probada tanto en el requerimiento como en la elevación a juicio leídas la semana pasada en la primera audiencia de la instancia oral del proceso. A través de los llamados de los teléfonos celulares, Rafecas dio por acreditada una reunión en la Casa de Gobierno revelada por Pontaquarto en la que se habría dispuesto el pago de las coimas ante la dificultad para que el Senado aprobara la reforma laboral que impulsaba la Alianza.

“Voy a contar la historia tal cual sucedió y a agregar algunos ingredientes relativos a la situación de las coimas propiamente dicha y también al antes y el después de eso que servirán para reforzar mucho más mi teoría”, aseguró Pontaquarto.

No obstante su ansiedad, deberá esperar la definición de una serie de requerimientos de nulidad a los trabajos de Delgado y de Rafecas que las defensas de los acusados presenten. Si bien no hubo precisiones, fuentes cercanas a la causa dieron por descontado que la audiencia de hoy comenzará con más de un pedido de este tipo. Recién cuando la Fiscalía ofrezca respuestas a los requerimientos y los magistrados Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo definan cada caso podrá el ex funcionario del Senado comenzar a hablar. De extenderse demasiado esa etapa primera, su declaración pasaría directamente para mañana.

El “arrepentido” será, así, el primero de los siete imputados en este juicio en brindar su testimonio ante el TOF número 3. Además de De la Rúa, lo escucharán el ex ministro de Trabajo de entonces, Alberto Flamarique; el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes y los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo y Ricardo Branda.

Pontaquarto rompió el pacto de silencio en diciembre de 2003, primero ante el semanario político TxT y luego ante la Justicia. Entonces, no sólo contó la reunión en el despacho presidencial de la Casa Rosada en la que se habría definido el pago de cinco millones de pesos/dólares con los que el gobierno de De la Rúa se aseguraría los votos necesarios para la aprobación de la flexibilización laboral que le exigía el FMI, sino que también detalló el sendero que recorrió desde la SIDE, de donde habría salido el dinero, hasta la casa del senador Emilio Cantarero –fuera del juicio por razones de salud–, en donde se repartiría.

Más de 300 son los testigos que declararán en la instancia oral. Además de Pontaquarto, el propio De la Rúa, su ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y el titular de la CGT, Hugo Moyano, figuran entre los más esperados. Algunos otros como la presidenta Cristina Kirchner y el ex presidente Carlos Menem, solicitaron declarar por escrito.