EL PAíS › CADA TRES DíAS, DOS MUJERES SON ASESINADAS EN EL PAíS COMO CONSECUENCIA DE LA VIOLENCIA DE GéNERO
Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en la Argentina, en el primer semestre hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. En al menos 16 casos, habían llegado a hacer denuncias. Por estas muertes, 161 hijas e hijos perdieron a su madre.
› Por Mariana Carbajal
Gilda Mariana González tenía 33 años y vivía en Río Cuarto, Córdoba. El 1º de febrero fue baleada y agonizó varias horas hasta morir en un hospital. Su ex marido se entregó por el hecho a las 24 horas del ataque. Sobre él pesaba una orden de captura desde un par de días antes por una golpiza brutal que le había dado a la mujer. El de Gilda es uno de los 119 homicidios de mujeres por violencia de género que se registraron en los primeros seis meses del año, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina, coordinado por La Casa del Encuentro. La cifra significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en el país por el hecho de ser mujeres. En siete de cada diez casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima. Uno de los daños colaterales más dramáticos de los femicidios es la cantidad de chicos y chicas que quedan huérfanos brutalmente: 161 hijas e hijos perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género, de los cuales al menos casi un centenar son menores de edad. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, señaló a Página/12 Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, al evaluar las estadísticas.
Si se compara con el mismo período de los últimos dos años, se nota un descenso de los femicidios: 152, en 2011 y 126, en 2010, frente a 119, en 2012. Sin embargo, Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio, aclaró a este diario que al sumar los casos que ya se han registrado en julio y lo que va de agosto, se diluye la diferencia y la cantidad se equipara. El año pasado hubo al menos 260 femicidios, según el relevamiento de la ONG.
En los últimos días, la grabación del video que hizo Natalia Riquelme, la joven de Bahía Blanca, en el que registra la golpiza que le propina su ex marido, frente a su casa y delante de la hija pequeña de ambos, como recurso desesperado ante la inacción judicial tras 15 denuncias en contra del agresor, puso en primer plano la impunidad con la que pueden actuar perpetradores de violencia machista. Los femicidios son la expresión más extrema de ese problema social y la muestra más dramática de cómo el Estado no llega a proteger a tiempo a muchas de las víctimas. Al menos en 16 de los femicidios del primer semestre de este año, las mujeres habían hecho denuncias, de acuerdo con los datos recabados por La Casa del Encuentro. Es decir, estaban intentando salir del llamado “círculo de la violencia”. En seis, los agresores tenían una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, dictada por la Justicia, pero la medida –quedó en evidencia– no fue suficiente para evitar que las volvieran a agredir hasta matarlas.
De los 119 femicidios que contabilizó el Observatorio –sobre la base de los casos publicados en más de un centenar de medios–, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo o el novio, en 24, una ex pareja. Es decir, el grueso de los homicidios fue ejecutado por el marido o el ex. En los demás casos, las muertes fueron perpetradas aparentemente por otros familiares, vecinos o desconocidos.
En cuanto al modo en que fueron ultimadas, el Observatorio registró 13 mujeres que murieron como consecuencias de graves quemaduras, como Wanda Taddei, la esposa del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado en junio a 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con atenuantes. Pero no fueron las únicas mujeres a las que les prendieron fuego: otras 23 también fueron quemadas en el marco de situaciones de violencia de género, pero lograron sobrevivir a los ataques.
La estadística muestra que de los 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía pública para muchas mujeres que se enfrentan al drama de la violencia doméstica. Otros 40 femicidios tuvieron lugar en la calle. La mayor parte de las mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista tenían entre 19 y 50 años.
La Casa del Encuentro empezó hace cinco años a relevar los femicidios publicados en los medios, ante la ausencia de registros oficiales y como una forma de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre la gravedad de la violencia hacia las mujeres. “Llevamos adelante el informe de los femicidios, pero al mismo tiempo recibimos a las mujeres que vienen a La Casa del Encuentro en busca de orientación y ahí tomamos dimensión de todo lo que no hay y falta para enfrentar el problema; por ejemplo, en las comisarías no les toman las denuncias por violencia psicológica, o los recursos no llegan a aquellas mujeres de los sectores más pobres. Hacer este informe para nosotras no es ver si el número sube o baja: son vidas, rostros, historias. Familias de las víctimas vienen a nuestra sede y piden justicia por ellas, las que tendrían que estar, por ellas, las que se podría haber evitado que fueran asesinadas”, comentó Rico. La directora del Observatorio cuestionó el hecho de que en la mayoría de las provincias no se destinen recursos para dar respuestas efectivas para proteger a las mujeres. “De la violencia se puede salir y eso lo sabemos y lo saben quienes pudieron salir, pero mientras sigan matando mujeres seguiremos reclamando hasta que el Estado y los estados provinciales decidan que este tema es una prioridad en política pública, sabiendo que por estas horas otra mujer ya no estará, y otra intentará que le crean y le tomen la denuncia”.
“La violencia contra las mujeres es un problema que involucra a toda la sociedad. Erradicarla requiere ni más ni menos que transformar la cultura, una cultura patriarcal que considera a la mujer como objeto o como persona moralmente inferior a los varones, que debe su-bordinar sus intereses a los de otra persona –pareja, hijos, padre–. En ese cambio, debemos estar involucradas todas las personas. Esto necesita no sólo campañas, sino también colocar el tema en el centro de la agenda de las más altas esferas de decisión política”, evaluó la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una de las referentes del país en la temática.
–No conozco los detalles particulares del caso, pero creo que es posible lograr algún aprendizaje general a partir de estas situaciones que toman trascendencia pública y de alguna manera nos permiten ver la punta de un iceberg que sigue siendo desconocido: el alcance real de los casos de violencia contra las mujeres. En estos casos, sin duda debe haber fallado el Poder Judicial en donde se hayan planteado los pedidos por medidas de protección (orden de no acercamiento), y también parecen haber fallado los mecanismos de investigación de las denuncias presentadas por amenazas, lesiones. Todas las instancias del Poder Judicial, en todos los fueros, tienen la obligación de tomarse en serio las denuncias de las mujeres y de tomar todas las medidas necesarias para la investigación y sanción de las conductas que constituyan delitos. Pero además, más allá del sistema judicial, en estos casos muchas veces falla la coordinación entre las respuestas que deben dar los tribunales y el apoyo que corresponde a las políticas públicas, al Poder Ejecutivo, nacional, provincial y municipal.
–Si la conducta que se denuncia constituye un delito, entonces interviene la Justicia penal. Pero antes del delito (antes del golpe, antes del intento de homicidio) puede y debe actuar también la Justicia civil dictando las órdenes de protección como la exclusión del hogar del agresor o la reinserción de la mujer al hogar que debió abandonar (previa exclusión del agresor) o la orden de no acercamiento (por ningún medio, a cualquier lugar donde la mujer se encuentre). Sin embargo, estaríamos mirando una parte del problema si nos quedamos solamente en lo que puede y debe hacer la Justicia. Para las mujeres puede ser muy difícil sostener las denuncias y sostenerse en los procesos judiciales –que llevan muchas veces más tiempo del razonable y sin duda, más tiempo del que demanda la urgencia del caso– sin otro tipo de sostén: asistencia y patrocinio jurídico gratuito, contención psicológica, subvenciones económicas, preferencias de vivienda, servicios para asegurar el cuidado para sus hijos/as y personas dependientes, oportunidades de inserción laboral. Todas o algunas de estas cosas son también necesidades concretas de las mujeres que necesitan volver a armar sus vidas en diversos aspectos. Esto no es responsabilidad del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Lo fundamental, también, será asegurar las respuestas coordinadas no sólo entre los distintos fueros de la Justicia, sino también entre los distintos poderes del Estado.
–La policía debe actuar como un auxiliar indispensable de la Justicia. Si el Poder Judicial dicta una orden de exclusión o de no acercamiento, la policía deberá prestar toda su colaboración para que esta orden se cumpla. También la policía debe tomar con seriedad estos casos, con toda la seriedad que se merecen.
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