Con el dictamen de mayoría en sus manos, el kirchnerismo dio otro paso ayer en la Cámara de Diputados para llevar hoy al recinto y convertir en ley el proyecto del Gobierno para declarar de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica). La oposición coincidió ayer en volcar sus críticas sobre el vicepresidente Amado Boudou, pero llevará al debate cuatro dictámenes –de la UCR, el Peronismo Federal, la CC y el tándem PS-GEN–, con diferentes argumentos para rechazar la iniciativa oficial y fijar sus propuestas. Las diferencias opositoras también dividieron al interbloque del FAP, donde la UP –que se abstendrá– y el juecismo cordobés –que ratificó su postura a favor de la expropiación– tomaron distancia de sus socios socialistas. En tanto, el oficialismo y sus aliados más fieles tienen un piso de 140 diputados para garantizar el quórum y la mayoría a la hora de votar, en la sesión especial que arrancará hoy las 11.30.

El Frente para la Victoria no tuvo inconvenientes para conseguir ayer el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General en la Cámara baja, que discutió la media sanción del Senado a favor de la expropiación de la CVS. Con el aporte de sus aliados en el recinto –el Frente Cívico santiagueño, Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino–, el oficialismo confía en que tampoco tendrá sobresaltos en la sesión de hoy para convertirlo en ley, así como ratificar el decreto a través del cual el Ejecutivo intervino la compañía.

“El objetivo es avanzar en la conformación de un monopolio estatal para emitir moneda y este proyecto está en línea con la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central”, afirmó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el kirchnerista Roberto Feletti, al cerrar el debate en el plenario y antes de apuntarle a la oposición por sus críticas a Boudou: “Lo único que han hecho es repetir lo que dicen los medios hegemónicos”.

El debate comenzó con la desestimación de la presidenta del plenario, Diana Conti, al pedido opositor de convocar al propio Boudou, al empresario Alejandro Vandenbroele (cara visible del fondo The Old Fund, controlador de CVS) y al juez Javier Cosentino, que lleva la causa por la quiebra de la ex Ciccone, para que respondan a las preguntas de los legisladores. “Esta no es una comisión investigadora, estamos discutiendo la media sanción del Senado”, sostuvo una vez más Conti para dar por tierra con los pedidos.

También desestimó el pedido de informe que encabezó Claudio Lozano con el respaldo de todo el FAP. “Sin el balance general de la compañía, un inventario de sus bienes y las actas de la asambleas societarias, este debate no tiene sentido porque no se puede tomar una posición a ciegas”, dijo Lozano y se retiró de la sala. Sólo lo acompañó el santafesino de la UP, Antonio Riestra.

En cambio, sus socios en el FAP eligieron otros caminos. El socialista Roy Cortina y Gerardo Milman, del GEN, afirmaron que desistirán de su proyecto de expropiación y coincidirán en un dictamen de “rechazo total” al proyecto oficial. “En el centro de esta telaraña está el vicepresidente y cuando estalló el tema, Cristina debió apartar del cargo a Boudou. Por mucho menos Néstor Kirchner echó a una ministra”, sostuvo Cortina. Pero la juecista cordobesa Graciela Villata recriminó al resto de la oposición y a sus propios socios del FAP por abandonar los proyectos de expropiación de la ex Ciccone: “Muchos compañeros diputados que firmaron con la izquierda un proyecto, mañana (por hoy) votarán con la derecha en contra”.

La oposición le apuntó a Boudou por las sospechas de favorecer durante su gestión como ministro de Economía al grupo empresario que pasó a controlar la ex Ciccone. El jefe del bloque de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, adelantó el “voto de rechazo total al proyecto destinado a tratar de encubrir un acto de corrupción”. Su correligionario Fabián Rogel justificó la decisión de bajar su proyecto de expropiación por la decisión del Ejecutivo en intervenir la empresa: “Van a emprolijar los papeles para favorecer a Boudou”, sostuvo.

“La intervención y la expropiación facilitan y aceleran la investigación judicial porque reemplaza a las autoridades de la empresa por funcionarios públicos, que tienen que responder por sus actos”, replicó a esos argumentos el oficialista Jorge Landau.

El peronista federal Eduardo Amadeo se encargó de afirmar el rechazo al proyecto y al DNU del Ejecutivo, a los que tildó de “desprolijos económica y jurídicamente” y que “buscan consumar un delito”, antes de pedir “el juicio político a Boudou”. El cívico Alfonso Prat Gay dijo que el proyecto “no busca la soberanía monetaria” y que el tema se podría resolver a través de la Casa de Moneda “imprimiendo billetes de 200 y 500 pesos, pero el Gobierno no quiere reconocer el 25 por ciento de inflación anual”. El oficialismo resistió con cierta calma las chicanas opositoras contra Boudou, pero la macrista Laura Alonso rebasó la paciencia de los diputados K. “Boudou es un funcionario corrupto. El esbirro, el cachafaz y el mafioso se sienta en la presidencia del Senado”, tiró la diputada PRO. Conti y Feletti le salieron al cruce rápidamente para frenar los “calificativos” y pedir que respetara la “presunción de inocencia sin juzgar a los funcionarios”, mientras alguien le recordaba a los gritos que “el único procesado es tu jefe, (Mauricio) Macri”.