Hoy se retomará el debate en el juicio por violaciones a los derechos humanos en La Rioja. Cristina Murias (foto) está preocupada: los abogados de los represores siguen marcando los tiempos. El juicio empezó el jueves pasado muy tarde, después de muchos años de espera. Ese día, más tarde todavía, los defensores consiguieron unos días más de tregua para estudiar lo que faltaba de la causa. Cuando todos dejaban el tribunal y se alejaban de La Rioja, los que habían llegado desde Córdoba como ella, como los fiscales y los abogados de las querellas, el tribunal firmó otra resolución a pedido de las defensas. Esta vez, otorgó la prisión domiciliaria a los tres acusados. Luciano Benjamín Menéndez y dos de las caras más emblemáticas de la represión de La Rioja. Uno es Domingo Benito Vera, ex comisario de Chamical, que cuenta con un tendido de relaciones parentales que permitieron que hasta hace diez días siguiera en libertad. Y el otro el comodoro Fernando Enrique Estrella, segundo jefe de la Base de la Fuerza Aérea de Chamical, alojamiento de torturados y prisioneros y por donde pasaron los curas que son causa de este juicio: Carlos Murias, el hermano de Cristina, y el francés Gabriel Longueville.

Hoy, después de que el TOF presidido por Camilo Quiroga Uriburu retome el debate, la fiscalía, que ya se había opuesto a las domiciliarias, se va a volver a pronunciar. “A nuestro entender, la resolución es completamente nula porque tiene defectos –dice el fiscal Carlos Gonella–. Necesitamos que los revisen los médicos del Servicio Penitenciario Federal, que tienen que decir qué patología tienen y de acuerdo con eso si pueden o no pueden ser tratados en un establecimiento del SPF o si tengo que habilitar la domiciliaria porque su situación afecta la dignidad. Yo hasta ahora ese informe no lo tengo y eso es lo que exige la Ley 24.660, en los artículos 32 y 33, de ejecución de la pena, para que un juez lo pueda valorar y decidir. Según la resolución que nos enviaron el día 21, la decisión se tomó el viernes 17 y no se analizaron esos informes y no hay constancia en la causa.”

Para la fiscalía, el caso paradigmático es el de Luis Abelardo Patti, condenado a perpetua y detenido en prisión en el penal de Ezeiza, que tiene un hospital. La defensa de Patti reclamó la domiciliaria y el pedido lo rechazó hasta la Cámara de Casación Penal, en medio de un trámite en el que se ordenó modificar un baño para que pudiera estar más cómodo. Una situación similar se vivió en Jujuy en julio pasado, durante el comienzo del actual juicio oral. El ex interventor del penal de Villa Gorriti, Antonio Vargas, entró en la sala completamente entubado. Su defensor pidió la domiciliaria o que se lo exima del juicio por razones de salud. La intervención de sólo uno de los tres jueces del tribunal logró torcer la decisión de enviarlo a su casa, que al comienzo parecía que podía ser aceptada por mayoría. A Vargas lo revisaron varios médicos. Hoy sigue en el juicio y detenido en la cárcel de Ezeiza, donde dispone de una pantalla para ver las alternativas del proceso.