El trato que un país les da a sus migrantes es una prueba del modelo de sistema político que intenta construir. En la última década, Argentina ha producido cambios fundamentales sobre derechos humanos de las personas migrantes que la ponen a la vanguardia a nivel mundial. La reforma de la ley de migraciones en el año 2003 dejó atrás el régimen legal de la dictadura militar, pensado bajo la lógica de la seguridad nacional, que consideraba a los extranjeros como potenciales amenazas a la seguridad del Estado, negaba de manera absoluta derechos a los migrantes en situación irregular y obligaba a los funcionarios públicos, incluso en hospitales o escuelas, a denunciarlos ante la autoridad migratoria. La actual legislación, en cambio, parte de reconocer a las personas migrantes como titulares de derechos fundamentales y organiza la política migratoria en base a este principio, favoreciendo la regularización migratoria, sin debilitar las facultades del Estado para controlar sus fronteras, los flujos de población y la estabilidad de los mercados de trabajo. Nuestro país impulsó además el Acuerdo de Residencia del Mercosur que garantiza la igualdad de trato y habilita un trámite preferencial para que los ciudadanos de los países del bloque y algunos Estados asociados puedan regularizar su situación migratoria en el país. Además promovió el programa Patria Grande para agilizar los procesos de regularización migratoria, entendiendo a la residencia legal como llave maestra para el ejercicio de derechos y la plena inserción de los migrantes en las comunidades en que habitan. La implementación de estas políticas permitió que entre 2004 y 2011 se regularizaran 510.000 migrantes con residencia permanente, la mayoría de ellos provenientes de Sudamérica: 35 por ciento paraguayos, 30 por ciento bolivianos, 16 por ciento peruanos, 2,3 por ciento chilenos, 2,3 por ciento brasileños, 2,1 por ciento uruguayos y 1,5 por ciento colombianos. En esa línea, el marco de acción para el Estatuto de Ciudadanía del Mercosur, aprobado en 2010 en la ciudad de Foz de Iguazú, plantea el compromiso de los Estados de ampliar progresivamente el reconocimiento de derechos políticos a los ciudadanos de los países del bloque, como una vía para reforzar la dimensión social del proceso de integración entre nuestros países.

Esta política pública de Argentina, en acuerdo con sus vecinos en la región, contrasta con las que impulsan los países centrales, EE.UU. y la propia UE, que apuntan a la criminalización de las migraciones irregulares, el encarcelamiento administrativo de los migrantes y sus familias, la construcción de identidades culturales xenófobas y la reducción de la cuestión migratoria al control militarizado de la población y las fronteras, como lo ejemplifica el muro que se construye entre EE.UU. y México.

En este escenario, el proyecto de ley que discute el Senado de la Nación para reconocer el derecho a votar en las elecciones nacionales a los residentes permanentes, con más de dos años de residencia en el país, es un paso crucial en este proceso de ampliación de derechos y ciudadanía. El proyecto se sostiene en la idea de que la nacionalidad no puede ser el único factor de atribución de derechos políticos. El lugar donde una persona decide vivir indica su pertenencia a una comunidad y fundamenta su derecho a participar de las decisiones colectivas de esa comunidad. Al mismo tiempo, el ejercicio de derechos y la participación en las decisiones comunes contribuye a reafirmar esos vínculos de pertenencia. Aquellos extranjeros que han decidido asentarse en nuestro país de manera legal y desarrollar aquí su actividad laboral y su vida familiar integran nuestra comunidad política. Por eso deben tener derecho a participar de los procesos de autogobierno democrático, al tiempo que reconocerles ese derecho es una manera de reafirmar sus lazos sociales y sus compromisos y deberes con el país. Este camino recoge los antecedentes de reformas electorales en 22 provincias argentinas que, con distinto alcance, permiten votar a los migrantes con residencia legal en las elecciones locales y provinciales. Por ello la extensión de la ciudadanía política a los migrantes, que sigue al reconocimiento de ciudadanía civil y social, profundiza la democracia en nuestro país, consolida el proceso de integración social en Mercosur y Unasur y reafirma las políticas migratorias y de respeto a los derechos humanos promovidas en la última década.

* Secretario Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.