EL PAíS › RODOLFO TERRAGNO DECLARO EN EL JUICIO POR LOS SOBORNOS EN EL SENADO
El ex jefe de Gabinete dijo tener “cinco o seis” indicios de que el gobierno de De la Rúa pagó por la sanción de la reforma laboral. Citó, entre ellos, el giro de fondos a la SIDE por medio de un decreto reservado y su exclusión de la negociación de la ley.
› Por Ailín Bullentini
El ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno aseguró que tuvo la “convicción” de que el gobierno de la Alianza que él integraba pagó sobornos por la Ley de Reforma Laboral. Lo hizo en el marco de su declaración como testigo en el juicio que se le sigue por ese hecho al ex presidente Fernando de la Rúa, al ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Fernando De Santibañes, al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, a los ex senadores justicialistas Augusto Alasino, Ricardo Branda, Alberto Tell y Remo Costanzo y al ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto. Según advirtió, su convencimiento lo llevó incluso a pedirle a De la Rúa que les solicitara la renuncia a los funcionarios y legisladores involucrados en las sospechas, una vez que la versión de los sobornos era un hecho público.
“Hubo cinco o seis indicios a través de los cuales llegué a la convicción de que los sobornos habían existido –remarcó Terragno ante el Tribunal Oral Federal Nº 3–. El hecho de la exclusión del jefe de Gabinete en la negociación de la ley; el reclamo de mi firma en un decreto reservado de transferencia de fondos; las sospechas que me expresaron el periodista Joaquín Morales Solá y el senador Antonio Cafiero; la reunión que tuve con el vicepresidente (Carlos ‘Chacho’ Alvarez), en la que me manifestó su propio convencimiento, una reunión a la que no fui invitado y de la que se me excluyó intencionalmente y la publicación del decreto de transferencia de fondos a la SIDE sin mi firma en el Boletín Oficial el mismo día en que se publicó mi renuncia.” El testimonio del ex funcionario del gobierno de la Alianza, que se extendió durante cuatro horas y precedió al de la ex senadora Sonia Sapag (ver aparte), giró en la ampliación de esos indicios, y no rozó pormenores de la negociación de la ley, a excepción de su celo hacia el rol que le cupo a Flamarique en la negociación: “No estoy en contra de que se centralicen los vínculos, pero no se puede excluir al jefe de Gabinete”, afirmó.
El puente más cercano entre Terragno y la hipótesis de los sobornos es el trámite de traspaso de fondos extrapresupuestarios a la SIDE. Así, recordó que en enero de 2000 De Santibañes pidió una “asignación adicional” de 50 millones de pesos/dólares con el argumento de que la situación en el organismo era “desesperante”. Primero, se negó a firmar una decisión administrativa –decretos de la Jefatura de Gabinete– por considerar que “no explicaba concretamente a qué sería destinado el dinero”. Luego se negó a avalar un decreto presidencial por su carácter “reservado”. “Yo no podía autorizar una transferencia a ciegas sin que se hiciera pública. Convertir en secreta una asignación de fondos tiene una connotación política muy grande para mí”, consideró.
Terragno recordó que “De la Rúa dijo que no iba a haber inconvenientes en transferir esos recursos porque la SIDE tenía que contar con esos recursos, era una condición para que se pudiera manejar” la secretaría. “Me mandaron a un viaje a España”, rememoró. Cuando volvió, se encontró con el decreto de transferencia firmado por el entonces ministro del Interior Federico Storani, el de Economía, José Luis Machinea, y otros funcionarios. “Le pedí al presidente que lo haga público, pero se negó. Eso iba a ser muy peligroso”, advirtió, como viajando en el tiempo.
Finalmente, en el Boletín Oficial del 5 de octubre de 2000 fue difundido ese decreto y el hecho de que ese mismo día haya sido publicada la renuncia de Terragno fue comprendido por el ex funcionario como otro indicio de los sobornos: “La urgencia con la que hicieron pública la transferencia en relación con mi salida del gobierno revela la gravedad de lo que había que ocultar”. Para entonces, ya había escuchado las sospechas de Morales Solá y del entonces senador Cafiero, que reforzaron dentro suyo la creencia de presunta compra de la ley con dinero de la SIDE.
Tras la sanción de la ley de flexibilidad laboral en el Senado, el 26 de abril de 2000, y la circulación del anónimo que relataba la existencia del soborno, “hubo una cena” en la Casa Rosada con De la Rúa, Alvarez, el ex presidente Raúl Alfonsín, Storani, Machinea y De Santibañes. “Allí se estaba hablando de un posible cambio de gabinete. Storani planteó que el gobierno debía considerar el tema de los sobornos en el Senado y Alvarez dijo que él no iba a convivir con la banda de (José) Genoud y (Augusto) Alasino (dos de los sospechosos), que no podía legitimar lo que estaba pasando”, expresó, a lo que “el presidente dijo que no era el momento ni la forma e intentó disipar el clima que se había creado en algo tan grave como que el Poder Ejecutivo comprara leyes”.
Finalmente, contó que llegó a pedirle a De la Rúa que les solicitara la renuncia a De Santibañes y a los cuatro senadores, pero “el presidente dijo que no porque eso sería como inculparlo” al jefe de la SIDE. “Nosotros vendíamos pureza. La gente había confiado en la honestidad del gobierno y si ésta era afectada por una sospecha, el presidente debía convertirse en el abogado más firme en contra de ese hecho”, evaluó. No le fue bien. El 4 de octubre, De la Rúa le pidió la renuncia.
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