Sáb 22.09.2012

EL PAíS  › LA DENUNCIA SOBRE LA PERTENENCIA DE MARTINEZ AL 601

Un alivio para el líder de la Uocra

El juez federal Ariel Lijo concluyó que no hay nada que demuestre que el titular de la Uocra, Gerardo Martínez, participó en crímenes de lesa humanidad, en la desaparición de obreros, cuando trabajó como personal civil del Batallón 601 del Ejército durante la última dictadura. Por eso, a instancias del fiscal Jorge Di Lello, resolvió cerrar el expediente en su contra. Un grupo de organismos de derechos humanos ya anunció que apelará.

“Si bien Martínez cumplió funciones en una estructura intrínsecamente ilegal, su responsabilidad penal no puede ser determinada por sus funciones, o porque objetivamente pertenecía al Batallón de Inteligencia 601. Lo contrario –incriminar al Batallón de Inteligencia 601– implicaría quebrar los preceptos y principios jurídicos sobre culpabilidad por el acto y de autoría y participación”, dice el fallo.

La denuncia original, impulsada por organismos de derechos humanos y el Sitraic (sindicato de la construcción opuesto a la Uocra) señalaba a Martínez como agente civil de la dictadura bajo el alias “Gabriel Antonio Mansilla” en el período 1982/1984, y su rol de gremialista le habría permitido brindar información sensible que derivó en la desaparición de cinco obreros. Pero la investigación judicial estableció que esos hechos sucedieron antes de que Martínez trabajara para el Batallón 601.

“La totalidad de los 94 ilícitos a trabajadores o ex trabajadores de actividades ligadas con la construcción fueron anteriores al 1º de marzo de 1982, año en el que, según registró Gerardo Alberto Martínez, fue incorporado al Ejército Argentino como agente civil de Inteligencia”, dice el fallo.

El fiscal Di Lello había dictaminado que si bien el Batallón de Inteligencia fue una verdadera organización delictual, “no puede entenderse que la sola pertenencia al mismo resulte orientativo de que el imputado participaba de los fines de tal sociedad criminal”. Lijo coincidió: aunque el 601 haya funcionado como asociación ilícita, “ello no implica la existencia de una imputación contra todos sus integrantes, más allá de que pueda acreditarse el espacio temporal en el que se desempeñó cada uno de ellos”.

Martínez fue jefe de la CGT durante la gestión de la Alianza, comanda el gremio de los albañiles y sonaba para reemplazar a Hugo Moyano en la CGT, hasta que el año pasado se conoció su pasado en el Ejército.

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