Dom 23.09.2012

EL PAíS  › POR LA LEY DE MEDIOS

Aviso y respuesta

› Por Nicolás Lantos

El gobierno nacional anticipó que en caso de que el Grupo Clarín no se adecue a los términos establecidos en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual llamará a concurso público para adjudicar las licencias excedentes. Así lo informó a través de un spot que dio a conocer durante la transmición del Fútbol Para Todos, en el que califica las más de 200 señales de cable del Grupo como “una verdadera cadena nacional ilegal” y asegura que se van a “garantizar las fuentes de trabajo” durante el proceso de desinversión. La respuesta no tardó en llegar, a través de otro aviso, donde plantean su postura: “El 7 de diciembre no debe suceder nada”. Ese día cae, como señala el aviso, la medida cautelar que exime a esa empresa de cumplir con el artículo 161 de dicha norma pero aquí las posturas divergen: mientras que la postura oficial es que la ley entra en vigencia inmediatamente, la empresa alega que recién entonces comenzará a correr el plazo de un año contemplado para la adaptación.

“Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de cable” contra los “más de 240 sistemas” que forman parte de “una cadena nacional ilegal”, informa el mensaje difundido por el Gobierno. Además, agrega, Clarín es el único que “no aceptó” la autoridad que establece la ley. “El Grupo ignora a los tres poderes de la democracia: al Ejecutivo, al desconocer a la Afsca; al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso hace tres años; y al Judicial, por desconocer los fallos de la Corte Suprema”, denuncia el spot que pudo verse ayer en los entretiempos de todos los partidos.

“Aunque el Gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín”, sostiene el contraspot que difundió esa empresa. El aviso siembra la sospecha de que “el relato oficial” busca “preparar el terreno para otra cosa” o “terminar con el estado de Derecho en la Argentina”. El aviso del Gobierno aclara: “El Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza los medios.”

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