–¿Usted dice que la idea era no investigar? ¿Cómo era eso?

–Había una mezcla de todo: por ejemplo me acuerdo de que en una reunión en Campo de Mayo, (Santiago Omar) Riveros nos dijo que teníamos que estar unidos para luchar contra el pueblo, prácticamente: “Somos amigos los que estamos adentro del alambre de Campo de Mayo, los de afuera son todos enemigos”, nos dijo. “Yo he ido a comer a la Escuela de Comunicaciones. Ellos eran las autoridades (...) El cerco era Campo de Mayo. Para afuera estaban todos los traidores. Los que estábamos adentro, de nuestro lado, eran la fuerza propia y la fuerza no-propia era la que estaba afuera de los alambres. Los militares no tenían ‘sospechosos’ u ‘oponentes’, tenían fuerza propia o enemigos”.

Juan Carlos Pose era subcomisario de la delegación Villa Adelina de la Policía Bonaerense en 1977. Declaró ayer en la sala de audiencias de San Martín. El Tribunal lo citó como testigo en la causa por el asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, que estaba embarazada. El 12 de enero de 1977 cerca de treinta militares irrumpieron en la casa de Villa Adelina donde vivían con su hija Juliana, de tres años. Mataron a Antonio y secuestraron a Beatriz, vista en el centro clandestino de Campo de Mayo. Juliana estuvo unas horas secuestrada, luego la entregaron a su abuela.

La subcomisaría estaba cerca de la casa. Pose llegó cuando el operativo había terminado. Encontró la casa como “bombardeada” –dijo en la audiencia– y el cuerpo de Antonio abajo de los escombros. Hizo un sumario, ordenó una autopsia y lo envió al cementerio de Boulogne como NN. Le tomó las huellas dactilares para identificarlo y, aunque dice que cuando recibió el informe mandó los datos al cementerio, el cuerpo permaneció como NN. Frente a los jueces, explicó qué hizo ese día, en un relato en el que mostró el funcionamiento de las policías y las fuerzas militares. Reconoció que la orden que tenían “era no identificar” y sugirió cómo funcionaron las zonas liberadas.

Alrededor de las once entraron Santiago Omar Riveros, entonces responsable del Comando de Institutos Militares; Reynaldo Bignone y Luis Sadi Pepa, director de la Escuela de Comunicaciones, que es juzgado por primera vez. Juliana estaba en la sala. Escuchó la acusación con el resumen de la historia de sus padres y se enojó porque el fiscal de San Martín Jorge Claudio Sica –a cargo de la elevación– relató el ataque como “enfrentamiento”.

Pose entró después. Los acusados ya no estaban. El presidente del Tribunal, Hector Sagretti, le preguntó como parte del protocolo si conocía a los acusados, y dijo que sí: “Tuve trato con ellos porque fui subordinado”. El fiscal Marcelo García Berro retomó esa respuesta en la primera pregunta: “¿Usted dice que tuvo trato? ¿En qué sentido?”

–Trato en el sentido de que me llamaban a reuniones en Campo de Mayo para darme directivas.

–¿Cómo eran esas reuniones? ¿Qué tipo de directivas le daban?

–Directivas operativas.

–¿El propio Riveros, Bignone?

–Riveros –explicó el hombre–. Bignone era el director del colegio militar. Riveros era el comandante de Institutos. Las reuniones eran masivas, no individuales. Citaban a todos los titulares de las comisarías del comando y nos daban directivas, nada secreto.

Sobre ese punto, más tarde le preguntaron si era Riveros el que siempre convocaba a las reuniones. Pose dijo que “a veces había reuniones pequeñas operativas para decir la forma de proceder”. ¿Y qué les decían? Que “había que ser sigilosos y tratar de no identificar”.

El hombre describió por dentro el modo en el que las Fuerzas Armadas llevaron adelante la represión, aunque siempre dejó a la policía en el entramado de la subordinación militar.

El abogado de Abuelas Mariano Gaitán insistió:

–¿Usted, como subcomisario a cargo de Villa Adelina, cuando ocurría un hecho así dijo que no podía investigar?

–Lo que quise decir es que tenía que tener cautela.

–¿Por qué?

–Resulta que, en otro momento, cuando pedían los hábeas corpus yo estaba en la comisaría primera de San Martín. La mitad de la comisaría era mía y la otra mitad era de los militares. Primero, que yo no sé si a esas personas las tenían los militares o no, pero aun si supiera, le miento y digo que no está (la persona) en esta dependencia: si digo que sí, el coronel me fusila. Y si alguien me dice que por mentir me ligo un procesamiento, yo le digo que entre un procesamiento y que me fusilen no queda mucho por elegir.

La fiscalía quiso saber por la relación entre militares y policías en el territorio. Pose había dicho que ellos veían pasar las caravanas del Ejército. Que sabían cuándo se hacía un operativo: “Si yo sabía que estaban los militares, no iba”. ¿Le avisaban antes? “A veces sí”, dijo. La defensa preguntó por las fuerzas conjuntas: “Se llaman grupos de tarea”, largó el entonces subcomisario. “Cada grupo de tarea tenía su comandante: eso no es ninguna novedad. Fuerzas conjuntas quiere decir que cuando las ponían para hacer procedimientos eran de distintas fuerzas (...): Yo no recuerdo porque nunca traté de averiguar tampoco.” ¿Eran de un cuerpo particular o cualquiera? “En aquel momento se peleaban entre ellos, incluso dentro de la jurisdicción a veces (se peleaba) el Ejército, a veces Campo de Mayo: no había respeto por nada”...