El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, confirmó que el gobierno nacional va a dar mañana una respuesta al petitorio de los gendarmes y prefectos, en el que piden un piso salarial de siete mil pesos y que los sueldos beneficiados con amparos judiciales no sean modificados. Además, López anticipó que se investigará “si fue adrede o por ignorancia” que la Prefectura y la Gendarmería hicieron una liquidación errónea de los sueldos –razón por la que se originó el conflicto–, al aplicar inadecuadamente el decreto 1307, que establecía que ningún integrante de esas fuerzas cobraría menos que el mes anterior.

“Alguien hizo una muy mala liquidación interpretando mal un decreto y poniendo en vilo al país ante una –entre comillas– ‘sublevación’ de Prefectura y Gendarmería”, comentó el funcionario.

Una nota de Horacio Verbitsky, publicada ayer por Página/12, reveló que el 79 por ciento de los agentes de Gendarmería y el 60 por ciento de los de Prefectura cobran sus haberes según resoluciones judiciales. Los amparos llegan a cubrir entre el 97 y el ciento por ciento de los sueldos de las cúpulas, llevando a que, por ejemplo, haya en la Gendarmería comandantes mayores que están cobrando ingresos superiores a los 80 mil pesos; esta situación se extiende también a un altísima proporción en los escalones iniciales de la carrera, como la de cabo primero, donde nueve de cada diez sueldos tienen el beneficio de un fallo judicial, lo que puede significar que pasen de los 4200 pesos previstos inicialmente por el escalafón a superar los 20 mil.

El artículo explicó que en 1993, como parte del proceso de ajuste de gastos estatales, el Gobierno comenzó a pagar los aumentos salariales al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad mediante suplementos y compensaciones no remunerativas, de modo que no fueran percibidos también por los retirados. Los suplementos llegaron a constituir el 65 por ciento de los ingresos del personal en actividad. Sobre esta base se fue montando una red de abogados, jueces, altos jefes contables y jurídicos de las fuerzas de seguridad que conseguía amparos al por mayor en juzgados amigos. Para retomar el control de la política salarial, el Gobierno implementó el decreto 1307, que fue suspendido tras las protestas de los gendarmes y prefectos, a pesar de lo cual mantuvieron los acampes frente a los edificios Guardacostas y Centinela.

Ayer, Raúl Maza dijo desde allí que “la manifestación va a seguir hasta lograr una solución” y calificó de “represión” los pases a disponibilidad que el Gobierno les dictó a él y otros sublevados. Aunque una primera interpretación fue que las sanciones recayeron sobre los voceros de la protesta, en realidad abarcaron a nueve uniformados, entre los que hay algunos portavoces, pero no la mayoría, por violar la ley 26.394 –que suplantó al Código de Justicia Militar–, que en su artículo 10º sanciona a aquellos que no mantengan la disciplina o realicen declaraciones tendientes a que no se mantenga la disciplina.

Anticipando lo que pasará a ser parte de las negociaciones de esta semana, Maza denunció que las sanciones desconocieron “el acuerdo verbal” que tenían con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, porque el primer punto del petitorio que le entregaron reclamaba que no hubiera castigos para los que participaron de las protestas.