“Quería contar otras cosas”, se quejó con desconcierto Alfonso Severo cuando el presidente del Tribunal en lo Criminal 21, Horacio Dias, le anunció que su declaración acababa de terminar. Las querellas, la fiscalía y las defensas ya le habían hecho todas las preguntas que necesitaban, pero el testigo que desapareció por 24 horas hace dos semanas no ofrecía elementos concretos que aportaran al esclarecimiento del asesinato de Mariano Ferreyra, el eje del juicio. Lo que aportó Severo, ex gerente de Ferrobaires, fue una descripción conceptual sobre los negocios de la Unión Ferroviaria (UF), y en especial apuntó a José Pedraza en su doble rol de sindicalista que “después de los noventa quiso ser empresario” y “nos llevó a la pérdida de nuestros empleos” y a la “tercerización”, dijo. A la vez habló de “mafias enquistadas” en el gremio, que vinculó con el duhaldista Alberto Trezza y con un depósito de armas en un sector de la estación Constitución. Su relato cambió en algunos aspectos respecto del testimonio que había dado durante la etapa de instrucción.

Severo llegó a los tribunales federales con chaleco antibalas y tres gendarmes de custodia. Fue mucha más la expectativa que generó que lo que sumó. Según evaluaron las querellas quizá su mayor aporte se haya centrado en mostrar –como otros testigos– la lógica de las patotas sindicales y los intereses económicos en juego que según la acusación, forman parte del móvil del homicidio. De entrada, se lo vio con especiales ganas de hablar de su pasado en Ferrobaires, de donde –aseguró– lo “sacaron a los tiros” en 2009.

Lo que lo llevó a testificar por el asesinato de Ferreyra, dijo, fue “algo horrible”, que comenzó con un tiroteo en su casa la misma noche del homicidio del chico, el 20 de octubre de 2010, y se completó horas después con la aparición, en su buzón, de una nota manuscrita que incluía una lista de ferroviarios supuestos responsables del ataque a la protesta de tercerizados. Cuando Severo se presentó ante la fiscalía de Cristina Caamaño, el 21 de octubre, dijo que el día previo al crimen hubo una convocatoria a empleados de Ferrobaires en Constitución para que integraran el grupo que impediría un corte de vías de trabajadores precarizados. Afirmó que allí había un área donde el gremio guardaba armas.

En su declaración de ayer habló de una convocatoria el 19 de octubre, pero la situó en el Museo Ferroviario Bonaerense –no en Constitución– según le contaron terceros, y dijo que desconoce el contenido del encuentro. Sólo afirmó que eran las típicas reuniones celebradas “si había que ir a una manifestación o acto político”. Sobre el ataque de la patota a los tercerizados comentó que se enteró por la televisión, y luego por su amigo Ricardo Guardo, a quien a su vez Alejandro Benítez (un integrante del grupo de choque que declaró como testigo protegido) le había contado que un delegado gremial lo convocó “a la estación Avellaneda para sacar a los zurdos”. Cuando el tribunal le acercó para que reconociera el papelito que había recibido con los nombres de la patota, dijo que no veía nada, que se había olvidado los anteojos. Al final, un fiscal le prestó los suyos.

Acerca de las armas, Severo sostuvo que las guardaban en Constitución, en un sector que le habían cedido para vivir a un empleado conocido como Maqueño. “No sé si tienen vinculación con el tema de Mariano, pero sí con gente de Ferrobaires”, planteó. Entonces habló de un grupo de personajes que había señalado durante la investigación inicial y que vincula con el ex titular de esa empresa, Alberto Trezza. Contó que, según le dijeron, el barrabrava Cristian Favale, acusado en el juicio, estuvo relacionado con ellos. “Todo este armado de patotas y bandas viene de hace muchos años”, dijo Severo. El defensor de Juan Carlos “Gallego” Fernández –segundo de la UF– aprovechó para llevarlo a definir quién es Trezza: “Siempre respondió al duhaldismo”, respondió el testigo. Al instante, involucró también a Pedraza: “Tuvo una responsabilidad o irresponsabilidad después del ’90 de querer ser empresario y eso llevó a la pérdida de nuestros empleos” y a la “tercerización”, “nos dejó a 50 mil sin trabajo por los arreglos que tenía con Carlos Menem”.

El último testigo, Lucas Matías Lescano, también sumó datos. Tenía setenta llamados telefónicos con Favale y había llegado con su grupo a la estación Avellaneda el día de los hechos. Le prometieron pagarle por llevar un redoblante y otros instrumentos, relató, pero al llegar le dijeron que dejara todo porque había un corte de vías. “Quedate tranquilo que los muchachos (por la policía) no van a intervenir”, le prometían, y afirmó que eso se cumplió. Después le mandó un mensaje a su novia: “No sabés el bondi en el que me metí, estuve con los que mataron al pibe éste”.