La situación del camarista Francisco de las Carreras, miembro de la Cámara en lo Civil y Comercial, es cada vez más complicada. Luego de que reconociera haber viajado este año a un congreso en Miami invitado por el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Certal) –una ONG integrada y financiada por el Grupo Clarín– al mismo tiempo que decidía en una causa iniciada por ese multimedio respecto de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el gobierno nacional decidió iniciarle una denuncia penal por la posible comisión del delito de “recepción de dádivas”. La acción será impulsada por la Procuración General de la Nación a pedido del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, según anunciaron ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, el senador Marcelo Fuentes y el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Hernán Ordiales, quienes conforman la punta de lanza del Gobierno en este capítulo de la batalla contra Clarín.

“De las Carreras se encuentra en una posición muy delicada, porque existen elementos suficientes para promover una investigación penal a efectos de que la Justicia determine si incurrió en el delito de recepción de dádivas al aceptar que una organización estrechamente vinculada con este grupo empresario le pague un oneroso viaje al exterior”, señaló el ministro Alak, al anunciar que el Estado avanzaría penalmente contra el magistrado. La semana pasada había pedido su recusación y solicitado a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que iniciara una investigación por los mismos hechos, en el marco de la cual el integrante de la Cámara I en lo Civil y Comercial reconoció haber participado del viaje, aunque negó los vínculos con Clarín. En Casa Rosada aseguran que hubo otros jueces que también deben decidir sobre la LSCA que participaron de ese viaje y adelantaron a Página/12 que en los próximos días habrá novedades.

Tal como anticipó este diario, el Gobierno sostiene que De las Carreras –un juez que falló favorablemente a Clarín en la demanda que interpuso el Grupo por inconstitucionalidad de dos artículos de la llamada ley de medios, y que todavía tiene que decidir sobre esa causa– viajó a Miami, donde se alojó en un hotel cinco estrellas con todos los gastos pagos. Durante la semana, De las Carreras “negó que su viaje y su estadía en Miami hayan sido costeados por Clarín, pero admitió que los gastos corrieron por cuenta de Certal”, recordó Alak.

Según el texto de la denuncia, “deviene clara la vinculación de Certal (...) con el grupo económico interesado en la resolución judicial de causas” en las que De las Carreras atiende: el texto muestra cómo los nombres se repiten entre los cargos de primera línea de la ONG y los directorios de las empresas vinculadas con Clarín. El vínculo se estira hasta tocar de cerca a otro personaje central de esta historia: el camarista y consejero Ricardo Recondo, que también participó del Congreso en Miami y cuya hija, Ana Inés, es coordinadora general de Certal para la Argentina.

“Es inadmisible que un juez de la Nación acceda a participar de actividades organizadas, promovidas y financiadas por un grupo económico que es parte en un expediente judicial en el que está interviniendo”, señaló ayer Alak. Según creen en Gobierno, esa frase, que hoy se aplica al camarista De las Carreras, pronto podría abarcar a Recondo y a otros jueces de lo Civil y Comercial que habrían estado operando para impedir que la LSCA entre en plena vigencia y alcance al Grupo Clarín.