El juez federal Julián Ercolini declaró admisible la acción de amparo presentada por un grupo de ex combatientes y familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas en la que reclaman la identificación de 123 soldados que fueron enterrados como NN. Lo hizo en una breve resolución en la que destaca el derecho a conocer “la verdad” sobre los muertos sepultados en el cementerio de Darwin, tanto para establecer su identidad como las circunstancias que llevaron a las muertes. Por eso, le pidió un informe de situación al Ministerio de Justicia y todos los datos disponibles de quienes perdieron la vida en el conflicto en las islas. Esa cartera está desde abril en proceso de contactar a las familias de quienes nunca pudieron recuperar los cuerpos de sus seres queridos, con miras a reforzar un pedido que hizo la presidenta Cristina Kirchner ante la Cruz Roja Internacional para que facilitara un acercamiento con Gran Bretaña y se pudieran hacer los trabajos de identificación necesarios.

En abril último, cuando se cumplieron treinta años de la Guerra de Malvinas, la Presidenta anunció que en una carta le había solicitado al presidente de la Cruz Roja Internacional, Jacob Kellenberger, “que intercediera para la identificación de los soldados caídos e inhumados” en las islas Malvinas. Señalaba que la mayor parte de las tumbas estarían en el cementerio de Darwin. Son las que tienen una leyenda conocida: dice “soldado argentino sólo conocido por Dios”, lo que indica que no se sabe cuál es su identidad. El planteo fue reiterado después por el vicepresidente Amado Boudou y el canciller Héctor Timerman. Para avanzar en el diálogo con los ingleses, sin cuyo consentimiento difícil será concretar los estudios forenses necesarios, la Cruz Roja le pidió al gobierno argentino el consentimiento de las familias de los caídos enterrados como NN. Están desperdigadas por todo el país, y de a poco las han ido contactando emisarios del Gobierno.

Así como hay quienes a esta altura, después de tantos años, ni siquiera pensaban en la posibilidad de recuperar los restos de sus familiares fallecidos en la guerra, otros intentaron hacer un reclamo judicial en agosto del año pasado. Los que dieron el puntapié inicial fueron un grupo de mujeres, hermanas de soldados que perdieron la vida en Malvinas y no tienen tumba identificada, y algunos integrantes del Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas de la Plata (Cecim) y del Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas (Cescem). Luego se les sumaron madres y otros familiares. En conjunto, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal –que le tocó al juez Ercolini– en el que le pidieron que, “reconociendo el derecho a la identidad y a la verdad”, le ordenara al Poder Ejecutivo que dispusiera medidas para que “se le devuelva la identidad y la historia a aquellos hombres que perdieron su vida defendiendo la soberanía de las islas Malvinas” y cuyos restos siguen sin identificar en el cementerio de Darwin.

La presentación explicaba que allí “hay 237 tumbas de soldados argentinos caídos en combate, de las cuales sólo 114 se encontraban identificadas con sus nombres. El resto, 123, no estaban identificadas”. Reclamaba el envío de antropólogos forenses a las islas para realicen “las acciones necesarias”.

En su resolución –que fue firmada hace dos semanas pero se conoció ahora– Ercolini deja en claro que, a su entender, no existe una omisión por parte del Estado argentino, ya que la dificultad para la identificación de 123 tumbas se enmarca en el conflicto territorial con Gran Bretaña. A la vez, dice que las familiares de los caídos están legitimados para el reclamo y recuerda que “el derecho a ser informados sobre el lugar donde se encuentran enterrados (...) constituye uno de los derechos esenciales del hombre”.

Recuerda el “derecho a conocer la verdad sobre las personas desa-parecidas” y el “derecho a conocer el destino final” de las víctimas por parte de sus familiares señalado en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, y que contempla los “conflictos bélicos internacionales”.

Ercolini recuerda que, según el Convenio de Ginebra, “cada parte del conflicto buscará a las personas cuya desaparición haya señalado una parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, esa parte adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre las personas de que se trate (...), cada parte deberá facilitar y, de ser necesario, efectuar la búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas si hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las hostilidades o de la ocupación”. Si bien las decisiones de Ercolini tienen efectos internos para el Estado argentino, su argumentación ofrece indicios de lo que debería ocurrir en el plano de la negociación con Gran Bretaña, y las normas que debería acatar. La apertura del amparo, en estos términos, implicaría un respaldo a la decisión del Poder Ejecutivo de promover la identificación de los caídos para saldar una deuda de tres décadas con sus familias.

“El derecho a conocer la identidad de los muertos” de Malvinas “se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a conocer la verdad de las circunstancias que causaron las muertes”, aunque este último punto está bajo investigación en otro juzgado federal, el de Río Grande, Tierra del Fuego. Entre los datos que le pide el juez Ercolini al Ministerio de Justicia, requiere que se especifique en qué tumbas de Malvinas figuran los nombres de los soldados muertos y en cuáles no; que informe si luego de febrero de 1983 se realizaron nuevas inhumaciones e investigaciones antropológicas y qué métodos se utilizaron; que se proporcione todos los datos y documentos vinculados con la muerte de los soldados, y que precise si hay bancos genéticos para la identificación de los caídos. El Gobierno prepara su informe y confía en que avancen las gestiones de la Cruz Roja.