Desde Mendoza

“La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) es una norma antimonopólica. Por lo tanto es obvio que impacte en quien posea mayor cantidad de medios (el Grupo Clarín). Pero la ley se aplica de manera igual para todos.” El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) participó ayer del cierre del festival Todas las Voces realizado en la ciudad de Mendoza. Antes de estos festejos, que el día anterior incluyeron un foro de debate, el funcionario analizó (y rebatió) en una entrevista con Página/12 algunos de los argumentos utilizados por el Grupo Clarín –y ciertos sectores de la oposición– para instalar la idea de una aplicación “selectiva” de la ley de SCA.

–Durante su presentación expuso la situación de veinte grupos mediáticos, cuando en realidad hay más empresas que podrían estar en conflicto con la ley. ¿Cómo es la situación de las radios del ex banquero Raúl Moneta?

–Lo primero que hay que decir es que la ley es igual para todos y se aplicará sin privilegios para nadie. Aquellos que hoy no quieren cumplir con la ley están buscando distintos argumentos. Cualquiera puede discutir cualquier cosa sobre la ley, pero hay que aclarar que esta normativa ya fue aprobada, por lo tanto hay que aplicarla y cumplirla. Esos mismos medios que pretenden no cumplir con la norma construyeron un relato diciendo que se cercenaba la libertad de expresión y que nos meteríamos con los contenidos. Eso es absolutamente falso. Inventan todos estos argumentos porque no pueden decir la verdad, y esa verdad es que quieren defender sus privilegios, su posición dominante. El caso de Moneta es el siguiente. Hay un grupo que se llama CIE que transfirió radios a dos empresas –con ciertos vínculos con Moneta–, donde figuran otros dueños, con administraciones separadas. Por otro lado está el grupo Szpolski, que no debería entrar en el proceso de adecuación, salvo que Matías Garfunkel, socio de Szpolski, aparezca vinculado societariamente con Moneta. Este tema está actualmente en la Justicia. Garfunkel sostiene que Moneta compró medios con su dinero, de esta manera habría una relación entre ambos, por ende también entraría en juego la sociedad de Garfunkel con Szpolski. Si esto se diera así, estaríamos ante un grupo de medios que sí debería entrar en el proceso de adecuación. Según como se defina la puja judicial, cambiará el mapa societario de estos grupos.

–La ley sostiene que las empresas de servicios públicos no pueden ofrecer servicios de comunicación. En este sentido, ¿cómo se explica la vinculación entre Telefónica y Telefe?

–Telefónica no tiene medios en la Argentina. Si bien se habla de la vinculación entre Telefónica y Telefe, para la Afsca el titular de la licencia es Telefe, y esta empresa no tiene vinculación con Telefónica de Argentina. Son dos empresas distintas, con razones sociales diferentes, y ninguna es controlante de la otra. Esto por el lado de la situación de incompatibilidad por servicio público. En relación con el capital extranjero, la empresa Telefe se constituyó como sociedad previamente a la ley de Bienes Culturales, por lo tanto está fuera de este requisito. Toda esta información surge de los requerimientos hechos por la Afsca y que Telefe informó a su debido tiempo. Esto es lo que estamos analizando. Donde sí tiene que entrar en un proceso de adecuación es en la porción del mercado, ya que excede el 35 por ciento fijado por la normativa (N. de la R.: alcanza al 45,5 por ciento). Por lo tanto deberá desprenderse de licencias de televisión por aire. También hay que remarcar que cualquier plan de adecuación debe ser aprobado por el directorio de la Afsca.

–¿Cuál es la situación del grupo español Prisa, que es dueño de Radio Continental en un porcentaje superior al 30 por ciento?

–La empresa presentó documentación diciendo que está amparada por un tratado de reciprocidad de inversiones, por lo que no estarían alcanzados por la normativa. Estamos evaluando esta información con la Cancillería. Pero este grupo sí deberá adecuarse en función de su exceso en la participación de mercado, que llega al 42,94 por ciento, cuando el máximo es del 35 por ciento.

–La ley prohíbe que las licencias sean transferidas en un 100 por ciento a otras empresas. ¿La autoridad de aplicación ya aprobó la transferencia que hizo el Grupo Hadad al Grupo Indalo?

–Lo que hizo Hadad fue transferir en el marco del proceso de adecuación parte de sus acciones al dueño de Canal 9 y otra al Grupo Indalo, operación que está sujeta a revisión por parte de la Afsca.

–¿Es decir que no sería una transferencia en función del artículo 41 de la ley sino dentro del plan de adecuación (artículo 161)?

–El proceso de adecuación establece que por única vez se puede hacer una transferencia de licencias en un 100 por ciento. En principio, Hadad habría actuado en el marco del artículo 161, operación que está sujeta a la aprobación de la Afsca. En este caso hubo diputados nacionales que dijeron que Canal 9 era de un grupo extranjero, pero la realidad es que sólo un 30 por ciento está en manos extranjeras. En el caso de que surja una incompatibilidad, Hadad tendrá que transferir a un tercer jugador. Es decir, quizás alguna de las transferencias hacia Indalo no puedan concretarse, entonces Hadad deberá buscar otro empresario. Todo esto está bajo análisis.

–La empresa de Alberto Pierri, Telecentro, posee una licencia de cable con extensiones hacia otras localidades. ¿Cómo fueron otorgadas esas extensiones?

–No solamente Telecentro tiene extensiones de licencias, Cablevisión también. Las extensiones son otro de los temas que estamos analizando, pero no apuntamos sólo a una empresa en particular. La ley es igual para todos. Acá hay un grupo con un discurso dominante que pretende imponer que tenemos distintos criterios para avanzar en la aplicación de la ley. Pero vamos a utilizar los mismos criterios para todos. Lo que está prohibido para uno, estará prohibido para todos.

–En el informe de la semana pasada se describió la situación de varios grupos que tienen varias licencias de cable en una misma localidad, algo prohibido por la actual ley. El Grupo Clarín dice que en su momento quiso devolverlas, pero que el Estado no las aceptó porque la empresa quería entregar sólo las autorizaciones, sin la infraestructura afectada.

–Esto es parte del proceso de estudio de adecuación.

–Es decir, ¿los procesos de adecuación involucrarán las licencias y los bienes afectados al servicio?

–Cuando se habla de licitar o transferir licencias, se incluyen tanto las autorizaciones como la infraestructura afectada al servicio, la licencia con todos los bienes. Esto es lo que está en juego, ya sea en los planes voluntarios de adecuación o en las actuaciones de oficio que realizará la Afsca.

–¿Qué ocurrirá con los medios comunitarios sin fines de lucro?

–Este es un tema pendiente a resolver. Ratificamos nuestro compromiso para avanzar en la reserva del 33 por ciento del espectro para los medios sin fines de lucro. Es claro que en este período de gestión estuvimos abocados más fuertemente al cumplimiento del plazo fijado por la Corte, pero el objetivo es la aplicación integral de la ley, esto es, garantizar la pluralidad de voces.

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