Buena parte de los argumentos de los medios de comunicación dominantes y de los líderes de la oposición que convocaron al 8N estuvieron basados en la hipótesis de que el gobierno conducido por Cristina ha perdido la legitimidad. Le reconocen la legalidad de origen sustentada por el 55 por ciento de los votos, pero repiten una y otra vez que fue precisamente la enorme diferencia electoral la que generó en la Presidenta “una voluntad de concentración de poder inusitada” que la apartó del mandato popular para acometer todo tipo de “discrecionalidades con el objetivo de eternizarse en el poder”. Según quienes alentaron la marcha, la importante cantidad de gente que participó de la misma corroboraría esta teoría.

Sin lugar a dudas, el argumento merece ser refutado. La pérdida de legitimidad de los gobiernos democráticos ha sido una de las causales de la relativa facilidad con que en reiteradas ocasiones se instalaron dictaduras en Argentina durante buena parte del siglo XX. Más aún, también ha sido causal del retiro anticipado de distintos presidentes con posterioridad a la última recuperación de la institucionalidad en 1983. Por ejemplo, la renuncia de De la Rúa en el año 2001 estuvo contextualizada en un proceso de pérdida de legitimidad del gobierno y de la política en general sin precedentes.

Numerosas investigaciones muestran que los procesos de quiebre democrático en la Argentina estuvieron precedidos de fuertes presiones de los sectores extranjeros y nativos del capital concentrado y del establishment, que obligaron a los gobiernos surgidos de la voluntad popular a abandonar los programas y banderas con las que habían llegado a la conducción del Estado para adoptar políticas contrarias a los intereses de las grandes mayorías. De esta manera, la pérdida de la base social de sustentación que les permitió acceder al gobierno, se constituyó en el factor preponderante de la ausencia de actores populares que concurrieran en su defensa en el momento de la crisis. Las devaluaciones con connotaciones regresivas o las fuertes políticas de ajuste fiscal llevadas adelante por los gobiernos democráticos se constituyeron en el inicio del fin de muchos de ellos, en algunos casos, después de intentar frenar con represión la resistencia popular a esas medidas. Los casos del “Rodrigazo” en los ’70, la “tablita” de Machinea y la quita del 13 por ciento a los salarios ya en el gobierno de la Alianza son claros ejemplos en este sentido.

Sin lugar a dudas, desde el día siguiente al 55 por ciento de los votos obtenidos en las últimas elecciones, la derecha comenzó a trabajar para provocar la reiteración de estos procesos históricos con el actual gobierno. La corrida cambiaria con objetivo devaluatorio propiciada antes aun de la asunción del nuevo mandato de CFK, la lectura en clave de ajuste del concepto de “sintonía fina”, la presión para provocar el fin del “proteccionismo” y la apertura de los mercados han sido algunos de los signos que muestran esta intención. El propósito es, claramente, que el gobierno de Cristina traicione su mandato, pierda el apoyo popular y sea fácilmente presionable por los sectores del establishment. Ya lo habían intentado sin éxito el día después del voto “no positivo” por la 125 en el Senado.

No es un plan secreto. Lo enuncia con transparencia, por ejemplo, Joaquín Morales Solá en La Nación de días atrás. Allí señala que el Gobierno tiene “resistencia a hacerse cargo del costo de una década de felicidad política” y afirma que “algunos problemas tienen soluciones difíciles, largas e impopulares, que el Gobierno no quiere encarar”. Reducción del gasto y la inversión fiscal, retiro del Estado de sectores clave de la economía y el desarrollo social, recuperación de los niveles de competitividad vía devaluación y restricción salarial, claudicación frente a la presión de los fondos buitre son algunas de las medidas que los economistas de la city recomiendan también este fin de semana en sus medios. La trampa que sugieren es evidente: el Gobierno debiera intentar atraer a quienes se manifestaron el 8N (muchos de ellos sabemos que nunca lo van a apoyar por representar modelos opuestos al llevado adelante desde 2003), aplicando medidas antipopulares que lo terminarán erosionando en su base principal de sustentación: las grandes mayorías que conforman los sectores medios y populares de la población. En otras palabras, repetir el perverso circuito histórico que describimos anteriormente. Sin embargo, ahora que el golpe de Estado es imposible, se trata de que la democracia popular quede aislada y sujeta a la capacidad de presión de las corporaciones.

Nuestra perspectiva es la opuesta. El gobierno de Cristina no ha perdido legitimidad pues ha sido fiel al mandato de octubre del 2011. Nadie puede plantear que las políticas aplicadas en el último año estuvieron encaminadas en una dirección opuesta a las comprometidas frente al electorado. Han sido consecuentes con la afirmación que planteó Néstor en mayo de 2003: “No he llegado a la Casa Rosada para dejar mis ideales afuera”; lejos del anterior apotegma: “Si hubiera dicho en campaña lo que iba a hacer no me hubiera votado nadie”. Fueron precisamente esa coherencia y lealtad a sus principios las que le permitieron superar la legalidad del 22 por ciento de los votos obtenidos en las elecciones para construir la legitimidad necesaria para llevar adelante un programa que revirtiera la crisis y comenzara un camino de crecimiento y justicia social en la Argentina.

Revisemos brevemente lo actuado: las leyes votadas por el Congreso siguen un camino de fortalecimiento del papel del Estado en la regulación de la economía y en la distribución del ingreso. La ley de nacionalización de YPF, la declaración de interés público del papel para diarios, el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad de las tierras rurales y las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, la futura ley sobre la regulación del mercado de capitales, son un ejemplo en esta dirección. Pero también un conjunto de nuevas leyes ampliaron sustantivamente los derechos de los argentinos, entre ellas las leyes sobre identidad de género, el régimen para los trabajadores agrarios, la de “muerte digna”, la que reglamenta las cooperadoras escolares y la ciudadanía a los 16 años. Por su parte, las políticas económicas y sociales del Gobierno han enfatizado su papel contracíclico frente a la crisis internacional y su papel redistributivo. Han enfatizado la defensa de la soberanía nacional, de la industria, el trabajo y los ingresos de las mayorías y generando programas de vivienda, educación y salud que procuran fortalecer las condiciones de justicia social. Todas ellas han confluido en la principal consigna de la campaña: “Profundizar el modelo”.

De ninguna manera estas afirmaciones significan desconocer las asignaturas pendientes del actual proceso, algunas de las cuales fueron utilizadas como excusas para la marcha que, lejos de tener como objetivo central llamar la atención del Poder Ejecutivo para resolverlas, pretendió ser una demostración de fuerza para deslegitimar al Gobierno con el objetivo de torcer la impronta nacional y popular del modelo vigente.

La fortaleza que otorga el resultado electoral del 2011 y la legitimidad que el Gobierno posee al no apartarse del mandato popular que del mismo se desprende son los sustentos fundamentales para seguir avanzando en el cumplimiento del legado que nos dejó Néstor y en el trabajo hacia la unidad y organización que hoy más que nunca exige el apoyo permanente a la gestión que hoy encabeza Cristina.

* Senador nacional - Bloque Frente para la Victoria.