A fines de octubre, el Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba denunció que la municipalidad de Pilar había demolido “el último vestigio” de un centro clandestino de detención que funcionó en el Puesto Caminero de esa localidad, del cual Página/12 se hizo eco en su edición del 2 de noviembre. El intendente de esa ciudad cordobesa, Diego Bechis, dijo que “es inexacto que el municipio” que representa haya “arrasado con los restos de un muro” que, según habían dicho varios entrevistados a este diario, contenía un mural realizado por los chicos del lugar junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “La municipalidad ejecutó un procedimiento de desalojo judicialmente autorizado en un predio de su propiedad continuo al solar denominado Plaza de la Memoria, reacondicionado e inaugurado como tal por el gobierno que dirijo”, dijo Bechis en una extensa carta con la que dio su versión de lo sucedido.

El funcionario describió que el terreno había sido usurpado y que los ocupantes habían construido “edificaciones precarias y clandestinas”, algo que fue reseñado también en el artículo que Bechis cuestiona. Sin embargo, dijo que derribaron ese muro “en función del peligro que presentaban tales construcciones y del riesgo de reocupación por parte de los desalojados”. Con más precisión, explicó que “en virtud del apoyo y uso abusivo que el usurpador hizo de la estructura debilitada del muro lindero, los trabajos de demolición dejaron al mismo en un peligroso estado de inestabilidad que forzó a su erradicación como forma de evitar una contingencia de derrumbe con peligro para terceros, especialmente niños que habitualmente utilizan la Plaza de la Memoria para sus juegos”. En tal sentido dijo que “no existió ni descuido ni por cierto intención de perder un testimonio como el referido, tanto menos cuando fue ese mismo gobierno que dispuso la rehabilitación como sitio evocativo, denominándola Plaza de la Memoria, del predio sobre el que se había edificado el centro de detención, del que sólo quedaba aquel resto, el muro lindero con el terreno usurpado, menos todavía si se considera que en forma permanente se han acompañado los actos y gestos evocativos que se llevan a cabo en ese lugar”. Y concluyó que “la pérdida de referencia, limitada al muro divisorio de que se trata, ya desacralizado por el usurpador de marras, ha sido una lamentable consecuencia de los eventos relatados”.

Página/12 se había comunicado con Ludmila Da Silva Catela, directora del Archivo Provincial de la Memoria, quien afirmó que en el juzgado interviniente le dijeron que la orden emitida era de desalojo de los ocupantes y no de demolición del lugar.