El fallo de Thomas Griesa es en respuesta a la Cámara de Apelaciones, que ya se había manifestado a favor de los fondos buitre y le había pedido al juez que detallara la fórmula a utilizar para que Argentina les pagara a los holdouts y definiera cómo afecta la nueva situación a los bancos intermediarios. Griesa dijo que Argentina debe tener el mismo grado de cumplimiento con los bonistas del canje que con los holdouts, a quienes también debe pagar intereses atrasados. Calculó que en diciembre se les deberían pagar a los buitres 1330 millones de dólares. Pero en lugar de esperar a que la Cámara tome una decisión, Griesa dio un paso más y planteó que las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández y del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, acerca de que el Gobierno no les pagará de ningún modo a los buitres, generan un panorama “excepcional” que amerita apurar los tiempos. Solicita entonces que Argentina deposite los fondos en una cuenta de garantía para los buitres junto con el pago del Cupón PBI del 15 de diciembre. De otra manera, los bonistas del canje no podrán cobrar.

“La Corte del Distrito Sur de Nueva York está respondiendo a los interrogantes planteados por la Cámara de Apelaciones. Este asunto ahora retornará a la Cámara, que luego dispondrá de una decisión final. De todos modos, debería quedar claro que las preguntas planteadas a la Corte del Distrito no afectaron la decisión básica de la Cámara de que no puede haber pagos de Argentina a los bonistas del canje sin un pago apropiado a los demandantes –el fondo buitre NML Capital–”, comienza el fallo. Griesa aclara, tal como luego subrayó Lorenzino en la conferencia de prensa, que la Cámara tiene pendiente la decisión de fondo, que es el pago a los buitres, sobre lo cual ya se mostró a favor, pero no confirmó su fallo justamente porque le requirió al juez más detalles.

El fallo hace continuas referencias a las distintas instancias del juicio. Recapitulando: Griesa falló a favor de los fondos buitre el 23 de febrero de este año. Estableció que el porcentaje de cumplimiento que Argentina tenga con los bonistas de los canjes de 2005 y 2010 ante cada vencimiento deberá replicarlo con los buitres, a quienes también deberá pagar intereses acumulados. Argentina apeló el 5 de marzo. La Cámara, el 26 de octubre, les dio la razón a los holdouts, pero pidió detalles a Griesa.

“Bajo estas circunstancias, la Corte del Distrito –a cargo de Griesa– normalmente dejaría la decisión del 5 de marzo en pie hasta que la Cámara de Apelaciones terminara su trabajo. Sin embargo, una situación extraordinaria ha surgido, que requiere una acción que sólo puede ser tomada ahora por la Corte del Distrito. Desde la decisión de la Cámara de Apelaciones del 26 de octubre, las más altas autoridades de Argentina declararon que el país pagaría a los bonistas del canje, pero no a los tenedores originales”, dice, en relación con los buitres, el fallo. “La presidenta Cristina Kirchner hizo tal declaración. El ministro de Economía, Lorenzino, declaró que a pesar de cualquier fallo que saliera de cualquier jurisdicción, Argentina no pagaría”, agrega Griesa.

“Esas declaraciones violan la orden del 5 de marzo, donde se prohíbe a la Argentina durante la apelación la adopción de medidas para evadir la orden del 23 de febrero y para disminuir la capacidad de la Corte de supervisar el cumplimiento de la orden”, asegura. “Una circunstancia extraordinaria de la naturaleza más seria surge de las declaraciones de la Presidenta de Argentina y los funcionarios de su gabinete; que Argentina no honrará o llevará a cabo las decisiones de la Corte del Distrito y la Cámara de Apelaciones en el litigio en el cual Argentina es una parte. En la visión de la Corte del Distrito, estas amenazas no pueden quedar desatendidas y es necesaria una acción”, indica el documento.

En función de las declaraciones del gobierno nacional, Griesa decidió actuar: “La Corte ha resuelto que los pasos siguientes deben ser tomados. La orden en relación con los pagos a prorrata –a los buitres– debe ser puesta en marcha lo antes posible. Cuanto menor tiempo tenga Argentina para idear medios de evasión, con más seguridad se evita tal evasión. Por lo tanto, se encomienda que la orden del 23 de febrero, ahora en algún modo modificada, sea llevada a cabo inmediatamente. Esto significa que la orden del 23 de febrero será aplicable a los pagos de interés hechos a los bonistas que cobren el 15 de diciembre de 2012”.

Griesa dice que en diciembre Argentina debe pagar intereses por 3140 millones de dólares por bonos del canje. Si paga todo, debe entregar a los buitres 1330 millones. “Se requiere que las obligaciones que se desprenden de distintas deudas sean cumplidas de la misma forma, en lugar de tener obligaciones de una deuda que se paga y obligaciones de otra deuda repudiada, como ha ocurrido hasta este momento”, pidió.

El juez se alarmó con las declaraciones del gobierno nacional, pero no desconoce que no puede saltear a la Cámara de Apelaciones. “Como la Cámara de Apelaciones finalmente no se ha manifestado en relación al cálculo del pago a los demandantes, dicho pago será realizado como un depósito de garantía, de modo que cualquier ajuste requerido por la decisión final de la Cámara de Apelaciones pueda ser hecha. Los bonistas del canje serán anoticiados de que el pago de intereses del 15 de diciembre no puede ser hecho a menos que Argentina certifique que está haciendo el pago apropiado para el beneficio de los demandantes al depósito de garantía, ya sea antes o en simultáneo a cualquier pago a los bonistas del canje”, resolvió, y exigió que en los próximos tres días Argentina provea copias del fallo a todos los participantes de los canjes registrados, incluyendo el Bank of New York Mellon, las firmas de clearing y demás operadores. Además, prohíbe expresamente a la Argentina pagar los bonos del canje sin obtener aprobación del tribunal, es decir, esquivando a Griesa. Luego del fallo de la Cámara, el depósito de garantía de 1330 millones podría sufrir “ajustes” según el pago final que decida ese tribunal, aclara Griesa.

Por otro lado, la Cámara de Apelaciones también le había solicitado al juez neoyorquino que explique cómo una potencial negativa de Argentina de beneficiar a los buitres, mientras se paga a los demás bonistas, afectaría a toda la red de intermediación financiera. En particular, al Bank New York Mellon. Griesa contestó, sin muchos detalles, que si Argentina le hace caso, “no habrá ningún problema” y si decide no pagar a los holdouts, las instituciones deberán encontrar un artilugio para que no queden ante sus clientes como responsables por el no pago y pueden ser demandadas.

El fallo contesta el argumento presentado por Argentina de que pagar a los buitres implica una discriminación a los bonistas del canje, que aceptaron una fuerte quita. “Los tenedores de bonos que participaron en el cambio negociaron por la certeza y para evitar la carga y el riesgo de litigar. Sabían perfectamente que había litigantes buscando el pago total. Después de diez años de litigio esto es un resultado justo”, piensa Griesa.