Si el fallo del juez Thomas Griesa se aplicara, sentaría un precedente que impediría a los países reestructurar sus deudas soberanas. En el caso argentino, si no reestructuraba su deuda hubiera sido imposible que la economía pudiera salir del infierno al que la habían llevado los gobiernos anteriores. Es decir, aquellos que habían tomado deuda, de la dictadura en adelante. Con esa cruz de plomo no alcanzaba con la soja ni con los precios altos de los commodities. Argentina seguiría sumida en una crisis eterna, con la mayor parte de su población en la miseria, incluida gran parte de la actual clase media. Muchos de los comerciantes y profesionales que cacerolean, y muchos de los trabajadores que despotrican por el impuesto a las Ganancias, en gran parte deben su prosperidad a esa reestructuración que hizo Néstor Kirchner de una deuda que él no había contraído.

En los fundamentos de su fallo, el juez Griesa se basó en “declaraciones inflamadas” de altos funcionarios a medios de comunicación de que no pagarían ni un solo dólar a los fondos buitre. Parece hecho a propósito, como si fuera un capricho del destino que esa frase relacionada con los medios esté en el corazón de este embrollo con proyección internacional que tiene a la Argentina como protagonista. El tema “medios” se ha convertido en una marca nacional, la marca de la polémica.

Es difícil saber cuál habrá sido la intención del juez Griesa al basarse en parte en los medios para elaborar su fallo contra la Argentina y a favor de los fondos buitre. A esta altura, cualquier mención a los medios despierta susceptibilidades, aunque en este caso no vaya más allá de la mención. Pero, al mismo tiempo, esa alusión a los medios da un aire descuidado a la resolución de Griesa, como si hubiera sido hecha sin esfuerzo ni demasiada rigurosidad.

El tema de los medios estaba en el aire en ese momento. El Grupo Clarín había realizado un movimiento también inesperado. Después de criticar furiosamente el per saltum, el Supergrupo trató de llegar directamente a los jueces de la Corte, usando así un mecanismo al que se había opuesto en forma frenética cuando lo impulsó el oficialismo.

El planteo también hacía un rulo de paradoja. El multimedio expresaba su preocupación ante la crisis generada en el fuero civil y comercial, donde se resuelve la desinversión establecida por la ley de medios. Pero responsabiliza al Gobierno por una situación que se generó a partir de las operaciones del mismo Grupo para frenar la aplicación de la ley. Clarín acusa al Gobierno, pero no explica la participación de algunos jueces de ese fuero en actividades de lobby a favor de la megaempresa a través de una institución de lobby como es el Certal, que tiene, entre otros, a varios gerentes del Grupo Clarín entre sus directivos y en la que participan también familiares de jueces que han tenido un protagonismo desmedido en el esfuerzo por frenar la norma que aprobó el Congreso.

El único elemento extraño con relación a la ley de medios es que se haya demorado tres años su aplicación. Y eso demuestra el poder de lobby y presión de una empresa de capital concentrado y confirma la necesidad de que esa ley se aplique. Un grupo que tiene esa capacidad de operar sobre jueces, al punto de demorar la vigencia de una ley que fue aprobada después de largos debates en la sociedad y en el Parlamento, es contradictorio con el funcionamiento de la democracia. Porque lo peor de todo es que puede operar sobre los jueces y provocar esa demora a plena luz del día, mientras trata de convencer a la sociedad que lo normal es que las leyes no se apliquen o que los jueces tienen más autoridad que el Congreso.

Porque no se trata de una empresa común, por más concentrada que sea. Se trata de un megamultimedio que genera significados sobre lo que sucede en la realidad. Entonces, además de una posición dominante en el mercado, tiene la capacidad para convencer a una buena parte de la sociedad de que esa situación es normal. Puede naturalizar la anomalía y convertir en piropo al exabrupto.

Siempre en relación con los medios, el editorial del diario La Nación de ayer, tras conocerse el fallo de Griesa, fue titulado como: “El valor de honrar las deudas”. El diario apoyó, desde la dictadura en adelante, a todos los gobiernos que tomaron deuda en condiciones usurarias, con lo cual estimuló ese jugoso negocio financiero contra el Estado. En su editorial ahora aconsejó al Gobierno que traicione la confianza del 93 por ciento de los bonistas que entraron en las dos reestructuraciones de deuda para favorecer a los fondos buitre.

El editorial critica la reestructuración de la deuda que llevó a cabo el kirchnerismo con una quita de casi el 70 por ciento y afirma que podría haberse logrado un proceso menos traumático con una quita menor y acortando los plazos. Resulta alarmante que lo que está planteando no es que hay que acatar un fallo, es decir que aunque el fallo sea injusto hay que acatarlo porque son las reglas de juego, o lo que fuera. No alega una razón jurídica, sino que está planteando que los fondos buitre tienen razón y, por lo tanto, el fallo de Griesa es justo, es decir, toma partido por los fondos que embargaron la Fragata Libertad al mismo tiempo que critica al Gobierno por haber permitido que la embarguen.

La razón de fondo no es el embargo ni el fallo de Griesa, sino la vieja discusión sobre la deuda externa. Si no hubiera sido por el sistema de ideas que expresa La Nación, esa deuda no hubiera existido. No hay una discusión superada. Apenas puedan, apenas encuentren el más mínimo resquicio, los intereses que generaron esa deuda irracional, impagable y destructiva volverán a intentarlo.

Medios y más medios. El neoliberalismo trata de ocultar la fuerza del poder económico y cómo gravita sobre las instituciones democráticas, desde el Parlamento o los partidos políticos hasta la Justicia y los demás poderes. Y trata de convencer de que ese concepto sólo se utiliza como justificación de la ineficiencia. La forma en que los fondos buitre tratan de torcer el brazo a un Estado soberano y la forma en que el Grupo Clarín ha logrado retrasar tres años la aplicación de una norma antimonopolio tratando de torcerle el brazo al Estado, y a los poderes Legislativo y Judicial, dan significado al concepto de poder económico. Los dos problemas más graves de los que habló el país esta semana están definidos por acciones de poder económico que tratan de prevalecer por sobre las instituciones democráticas.

Y volviendo a los medios. Es difícil defenderse de esa ofensiva de sectores del poder económico cuando los grandes medios le atribuyen a esas ofensivas un carácter positivo. Hay dos escenarios de confrontación del poder económico con las instituciones democráticas. Y dos grandes medios, como Clarín y La Nación, generando información que justifica las actitudes del poder económico.

La Nación retrotrae el debate a la década de los ’90 con el mismo rosario de ideas que justificaron el endeudamiento y defendió la posición de los acreedores, en este caso los fondos buitre. En el caso de Clarín, denuncia supuestas presiones del Gobierno sobre el Poder Judicial, para ocultar sus propias operaciones de cooptación de jueces. El grupo multimediático se opuso a establecer de forma institucional la vía del per saltum, pero trató de usarla de oficio. En todo momento está latente la tormenta mediática que deberá afrontar cualquier decisión judicial que contradiga sus intereses.

Un desafío de la joven democracia en Argentina es disciplinar a un poder económico acostumbrado a marcarles el paso a los gobiernos y a las instituciones en general. Es muy difícil hacerlo cuando los grandes medios, que son los que explican esas situaciones, también están acostumbrados a ponerse siempre del lado del poder económico. Es muy difícil sostener o profundizar la democracia de esa manera. Y es mucho más difícil todavía cuando las grandes empresas de medios no solamente se ponen de ese lado, sino que además forman parte, ellas como empresas, del poder económico más concentrado.

La controversia entre mercado o democracia sostiene esa confrontación de intereses entre el interés público y el interés de una empresa. La democracia sólo puede avanzar en la medida en que prime el interés público.