Hay tres fenómenos que sintetizan la temperatura de la coyuntura política actual y permiten vislumbrar la estructura de poder que subyace a las turbulencias políticas. Esta estructura se caracteriza por el control monopólico y oligopólico que un grupo de grandes empresas tiene sobre la producción, acopio y comercialización interna y externa de bienes de importancia estratégica para el conjunto de la economía, y sobre la emisión de valores, símbolos y mensajes que cristalizan en una determinada interpretación del pasado, del presente y del futuro. Esta interpretación impone una manera de “mirar” la realidad que busca ocultar dicha estructura para así legitimarla. La importancia del momento que vivimos reside en que, cual grietas en el muro de un mundo impenetrable, el 8N, la ofensiva de Moyano y el 7D dejan entrever el funcionamiento de esta estructura.

El 8 de noviembre pasado vastos segmentos de la clase media urbana fueron convocados a través de las redes para expresar su disgusto hacia el Gobierno haciendo sonar las cacerolas en las calles. Sin proponer un proyecto concreto, dijeron “basta” a la inseguridad, a la corrupción, a la inflación, al autoritarismo, a la re-reelección. El 8N fue fogoneado por una campaña sistemática de los medios de comunicación más poderosos contra el Gobierno, pero es también consecuencia de fenómenos que no pueden ser negados, ni relegados a una “sensación” de la población. Entre estos fenómenos cabe destacar –por su capacidad de erosionar la legitimidad institucional– la inflación, la corrupción y la inseguridad. Independientemente del nivel de ingresos de los participantes o de su orientación política e ideológica, los que se movilizaron el 8 de noviembre ejercieron su legítimo derecho a protestar. El que hayan podido hacerlo, y el carácter pacífico de la movilización, constituye, paradójicamente, un avance hacia el objetivo de lograr una democracia participativa.

Sin embargo, el fenómeno del 8N es más complejo. En efecto, más allá de algunas expresiones violentas de odio clasista, la mayoría de las demandas expresadas por este movimiento han sido planteadas desde un ángulo individual: la defensa del bolsillo, de la libertad y de la seguridad individual. A pesar de su legitimidad, estas demandas desconocen la necesidad de incorporar al bienestar económico y a la participación política a los sectores más vulnerables y excluidos de la sociedad, que no son precisamente los que “cacerolearon”. Estas reivindicaciones también ignoran que el control monopólico de la información es la antítesis de la libertad de expresión que se reclama.

De este modo, el 8N deja al descubierto la penetración en sectores de la población del relato de oposición expresado por los medios de comunicación más poderosos, un relato que oculta la estructura de poder desinformando y reproduciendo al infinito el reinado del mundo al revés.

Este es un mundo donde las causas de los fenómenos desaparecen, donde los intereses económicos y políticos de los actores sociales y del conjunto de la población se invisibilizan, donde el conflicto principal –el conflicto que bloquea el desarrollo de la sociedad como un todo– se oculta tras el fragor de conflictos secundarios planteados ya sea a nivel individual o a nivel de intereses sectoriales. Estos conflictos secundarios, si bien son importantes, no cuestionan la actual estructura de poder. Ocultan la contradicción que existe entre los intereses de un proyecto que perpetúa el poder político, económico y cultural de los monopolios y los intereses de la mayoría de la población. Este predominio del reino del revés en la interpretación de la vida cotidiana produce una fragmentación al infinito de los actores sociales y su cooptación en luchas individuales y parciales que multiplican las divisiones y el sectarismo.

En el mundo al revés rige la ley del más fuerte: dividir para reinar. En este mundo no hay lugar para la unidad nacional, la solidaridad social, y la integración nacional. En su lugar se reproduce el canibalismo social. Sólo se puede salir de esta lógica perversa si se mira al bosque y no se detiene en los árboles, si se miran las necesidades del conjunto de la sociedad y no se las reemplaza por las necesidades individuales o de sector. Nuestra historia muestra que, sin una verdadera inclusión social y política de los sectores más postergados, no puede haber desarrollo ni unidad nacional. Tampoco puede haber identidad nacional. El resultado de esta situación ha sido el crónico estancamiento económico y el permanente enfrentamiento tanto entre los que tienen más y los que tienen menos como entre las distintas fracciones del empresariado.

Los reclamos del 8N oscurecen la verdadera problemática actual, una problemática que no pertenece a un sector, sino que atañe al conjunto de la sociedad: cómo lograr un desarrollo que nos incluya a todos, un desarrollo que nos una, que consolide nuestra integración e identidad nacional y nos permita lograr una democracia participativa. Estos objetivos han sido y son frontalmente rechazados por los monopolios porque atentan contra sus intereses e implican una pérdida de lo que consideran su “derecho inmanente” a controlar al Estado y a decidir sobre la vida del país. De ahí la importancia de formular proyectos políticos que incluyan al conjunto de la sociedad y fortalezcan el rol económico y político del Estado, único modo de concretarlos. Este problema central del momento actual está ausente en los reclamos del 8N. Esto no significa que este movimiento exprese necesariamente la adhesión a un proyecto neoliberal. Si bien grupos minoritarios han explicitado esta adhesión, pareciera que la mayoría rechaza todo lo que existe, incluyendo a los dirigentes y a los partidos de oposición. Esta ausencia de un proyecto encadena al 8N –al menos por ahora– a las tinieblas del mundo al revés. Su futuro dependerá de la capacidad que los distintos actores sociales tengan de conciliar intereses y articular alianzas.

Diferente es el caso del “moyanismo” y sus nuevos aliados identificados con los sectores más reaccionarios de la sociedad. En este caso, se reproduce abiertamente el mundo al revés, impulsando en la práctica un proyecto global que es la antítesis de las reivindicaciones sectoriales que se usan como bandera de lucha. Abandonando hace ya tiempo el rol de aliado estratégico del Gobierno, Moyano pretende ahora liderar la ofensiva de la oposición. Las alianzas que articula con el neoliberalismo muestran su oportunismo político y los verdaderos objetivos que persigue. Utilizando reivindicaciones inmediatas legítimas, se monta ahora sobre el 8N y convoca al primer paro general contra el Gobierno, un paro que utiliza los piquetes para imponerse al conjunto de la población. En este proceso coopta a sectores sindicales y políticos de izquierda que confunden –o han olvidado– los principios y objetivos por los cuales siempre lucharon. Esgrimiendo reivindicaciones inmediatas también legítimas, estos sectores de izquierda construyen alianzas espurias con la derecha sindical y política que antaño combatieron. Son devorados por el mundo al revés y funcionales a la ofensiva de los monopolios. Reproducen el canibalismo social e intentan crear condiciones que permitan desestabilizar a un gobierno que –a pesar de sus limitaciones– realiza la tarea titánica de impulsar la inclusión social y ponerles limites a los monopolios.

En este contexto alborotado se aproxima el 7D, fecha en que por decisión de la Corte Suprema vence la cautelar que protege al Grupo Clarín de la aplicación de la ley de medios votada hace tres años en el Congreso. Esto ha dado lugar a un enfrentamiento cada vez más explícito entre el Gobierno y el Grupo Clarín, principal exponente del monopolio de los medios de comunicación. Centrado en el ámbito del Poder Judicial, este enfrentamiento ha expuesto a la luz del día las conexiones de los monopolios con la Justicia. Al mismo tiempo, por primera vez en nuestra historia el “cuarto poder” de las sociedades modernas –un poder mediático que resulta de la concentración económica y del control monopólico de la información, un poder que no está sujeto al control ciudadano del voto– es interpelado por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir una ley. Este enfrentamiento arroja luz sobre el propio funcionamiento de la estructura de poder.

En este contexto, el Gobierno ha adoptado en los últimos tiempos una serie de políticas destinadas a reforzar la capacidad regulatoria del Estado en el mercado. Estas reformas no son una revolución. Intentan impulsar un “capitalismo serio” con inclusión social. Más allá de si esto es posible, el simple esbozo de este proyecto político amenaza las bases del poder monopólico y su control sobre la vida cotidiana. De ahí la intensidad de su ofensiva contra el Gobierno. En esta ofensiva –que se da en todos los niveles– la inflación ocupa un rol central y constituye el talón de Aquiles por el cual penetra el mundo al revés en el ámbito de la propia política oficial.

En un país donde unos pocos grupos económicos (nacionales y extranjeros) controlan segmentos clave de la cadena de valor en la producción, acopio y distribución de bienes, en el comercio interior y exterior y en las finanzas, el rol de estos grupos en la formación de precios es decisivo. El control monopólico permite determinar precios en forma unilateral y anticipada derivando a los mismos: impuestos, aumentos de salarios, incrementos de precios en materias primas y bienes intermedios, variaciones en el tipo de cambio, etc. Más aún, permite trasladar a los precios algo tan inefable como las “expectativas” que estos grupos empresarios puedan tener sobre sus ganancias y/o la “percepción” de “inseguridad” política/jurídica en nuestro país. La “formación de precios” produce transferencias de ingresos de los que tienen menos hacia los que tienen más e impulsa la fragmentación de la sociedad en diversos conflictos sectoriales que reproducen el canibalismo social. El “todos contra todos” y el “sálvese quien pueda” al ritmo del bolsillo de cada uno reemplaza a la solidaridad social e impide la unidad nacional. La inflación reproduce así la estructura de poder y crea condiciones para erosionar la legitimidad institucional y política. El Gobierno no ha encontrado todavía una política adecuada para enfrentar este fenómeno.

A la lógica de la división y segmentación de intereses del mundo al revés hay que oponer la lógica de la unidad y de la participación colectiva, impulsando concretamente objetivos que nos conciernen a todos. Es, pues, imprescindible crear canales institucionales que permitan la participación organizada de la población –más allá del sector social al que pertenezca o de su signo político– en la lucha contra la inflación, en la discusión de políticas y en el control de gestión. La movilización de las energías colectivas permitirá legitimar las acciones que el Estado tome para controlar el abuso de la posición dominante en el mercado. Más aún, contribuirá a crear las condiciones para conciliar intereses divergentes articulando las luchas sectoriales en una movilización popular que las incluye y al mismo tiempo las trasciende, porque sus objetivos conciernen al conjunto de la sociedad.

* Socióloga, autora de La economía política argentina, entre otros libros.