Desde el punto de vista jurídico, la presentación del Grupo Clarín es confusa y sibilina a la vez. Denuncia un hecho grave, que concierne a un universo vasto de potenciales víctimas. Lo encuadra en un delito, “la incitación a la violencia colectiva”, que no requiere daño concreto o consecuencia visible alguna para tipificarse. O sea, se comete con la sola acción. En el caso, la acción es el uso de la palabra. O sea, Clarín busca criminalizar la opinión o la información.

En la Argentina, como consecuencia de décadas de lucha de militantes, periodistas y organismos defensores de derechos humanos, se han despenalizado el desacato, las calumnias y las injurias. Los abogados denunciantes quieren burlar esos avances, valiéndose de un atajo argumentativo.

Es un precedente infausto e inédito. Jamás un medio de difusión, en un período democrático, procuró condenas contra periodistas por delito de opinión. Un record para las peores páginas del Guinness.

La presentación es insostenible jurídicamente. Políticamente es una provocación y un intento de amedrentar.

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Los fines y los medios: El discurso procesal no se sostiene. Mediáticamente podría ser otra cosa.

El confuso relato de los letrados mezcla, sin plan ni seriedad, a funcionarios públicos con periodistas supuestamente oficialistas. Los ubica en un mismo rango, los entrevera. Se agregan a la alquimia dos espacios de la tevé pública que escandalizan a las corporaciones mediáticas: el programa 6, 7, 8 y el Fútbol para Todos.

Esa mescolanza de tópicos, esa versión berreta de “Cambalache”, puede servir para lanzar al aire teorías conspirativas, jugando con la aquiescencia o la distracción del público. La cadena privada de medios lo hace día tras día. Pero no basta para plasmar un cargo penal, que exige un rigor particular.

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El Gran Diario no hablaba de ti: Lo fundamental está en el expediente, es tan brutal que los adjetivos sobran. Pero es interesante una recorrida por el contexto. Clarín –que no carece de canales de tevé, radios ni diarios– guardó silencio sobre una denuncia tan resonante. Rehusó esa información a sus lectores, oyentes o televidentes. La mantuvo en la clandestinidad. Y se tomó más de 24 horas para responder desde que se conoció la noticia por la primera fuente de divulgación, el diario Tiempo Argentino.

En términos periodísticos, un día es una eternidad. La lentitud trasunta una gran dificultad para explicarse, para dibujar un argumento o un atenuante. Algo parecido (aunque el lapso de silencio fue mucho más breve) ocurrió cuando la Corte Suprema le puso término a la medida cautelar que suspendía la vigencia parcial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La reacción del sistema democrático ante sus actos lentifica al mayor multimedios del país, lo deja sin reflejos.

Las primeras respuestas, diríase defensas, de los abogados acusadores fueron pobres y confusas. Hugo Wortman Jofré atendió parte de la requisitoria periodística. No pudo salir airoso ni siquiera cuando habló de local, en una radio del Grupo. No es un as expresándose, pero su problema finca en la ausencia de razón, no de labia.

Alegó que no había denuncia a los periodistas sino que pedía que se los citara como testigos. Pero, ay, el texto del escrito lo desmiente. Los colegas están mencionados en plan de paridad con funcionarios, legisladores y militantes kirchneristas a quienes se sindica como autores de la campaña.

Wortman adujo que si los periodistas testificaran que expresaron opiniones desistirá a su respecto. La incongruencia es patente. De la declaración testimonial no podría desistir, ya que estaría cumplida. Y de la denuncia, si sus dichos son veraces, no tendría cómo... porque nunca la formuló. En fin, es difícil justificar lo injustificable y borrar con la voz lo que está agregado al expediente.

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El infierno está en los detalles: Volvamos a un detalle, nada menor. Los letrados, profesionales de larga trayectoria, pretenden ser ambiguos en algo esencial: los mencionados ¿son testigos o sospechosos? Wortman Jofré pareció decir (no es tan sencillo traducirlo al castellano coloquial) que se les pediría testimonio y ahí se vería. Pero el derecho penal tiene sus bemoles. No se puede juguetear con la ambigüedad. Si el juez les hiciera caso a los abogados denunciantes, enfrentaría una encrucijada con solo dos malos desemboques posibles. Si convocara a los periodistas como imputados, les estaría atribuyendo un delito de opinión. Si los citara como testigos (con juramento de decir la verdad bajo apercibimiento de falso testimonio) los pondría en riesgo de autoincriminarse. De violar, nada menos, la garantía de no estar obligado a declarar en su contra.

Aunque su lenguaje es abstruso, la denuncia tiende a ubicar a los periodistas (tanto como a los funcionarios) en el rango de imputados. Atribuye la peligrosa campaña a “instigadores” y “determinadores”. No hay motivo para usar esas dos palabras, legalmente son sinónimos. “Propaladores”, que es como se sindica a los periodistas, solo puede equipararse a los instigadores en la jerigonza de la denuncia.

Todas las manifestaciones de los compañeros periodistas que reseña el escrito son, permítase la expresión, puras palabras. Ninguna propone hecho de violencia alguno.

Ni siquiera el alucinado escrito acusatorio propone que incurrieron en algún comportamiento que excediera la enunciación de ideas.

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Acechanzas y trayectorias: Es un deber expresar la solidaridad con todos los compañeros periodistas. Algunos de ellos, Roberto Caballero, Orlando Barone y Javier Vicente, trabajan en otros medios. Edgardo Mocca colabora asiduamente en este diario. Este cronista comparte con Sandra Russo y Nora Veiras, desde hace una pila de años, el orgullo y el desafío cotidiano de laburar en la redacción de Página/12. Un diario que sólo se editó (que sólo es concebible) en democracia. Que bregó siempre en defensa de los derechos humanos, por la búsqueda de verdad y justicia, contra la penalización de los delitos de opinión. Y que sigue defendiendo esas causas, la lucha contra la violencia policial y de género, la batalla por el aborto legal y gratuito para todas las mujeres, sin agotar la nómina. Vale dedicarles desde esta columna un abrazo especial a Sandra y Nora, tanto como a la casa que nos da espacio, libertad e inspiración. También subrayar la importancia institucional y la trayectoria formidable del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que albergó ayer un gran momento de las luchas democráticas (ver nota principal).

Para todos los colegas, laburantes ellos, es duro y hasta doloroso afrontar una acusación penal. Intimida, preocupa a las familias, los compañeros y los amigos. Es flagrantemente injusto y prepotente. El juez y el fiscal de la causa tienen a mano la posibilidad (el deber, por mejor decir) de archivar la causa cuanto antes. Y la potestad de sancionar la malicia de los denunciantes. Si lo hacen, por una vez, los tribunales impartirán justicia.

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