El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) sumó ayer su “enérgico rechazo” a la denuncia presentada por el Grupo Clarín contra varios periodistas por presunta “incitación a la violencia” y “coacción agravada”, que expresaron incluso agrupaciones relativas a la profesión, como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“Resulta a todas luces curioso y llama a la reflexión que un grupo empresario que controla medios de comunicación y se asume públicamente como ‘independiente’ impute delitos a trabajadores de prensa por expresar libremente sus opiniones”, señaló un comunicado firmado por los secretarios general y de Prensa de la organización, Horacio Arreceygor y Alejandro Ruiz.

Los dirigentes sostuvieron, además, que es preciso preservar “el derecho de todos los ciudadanos a expresarse y a manifestarse y entender que cualquier intento de coaccionar, limitar o censurar a periodistas es un acto de barbarie y autoritarismo repudiable”.

La denuncia de Clarín apuntó a los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras, Roberto Caballero, Edgardo Mocca y Orlando Barone y el relator Javier Vicente. También fueron denunciados funcionarios nacionales, diputados, legisladores y militantes kirchneristas bajo los delitos de “incitación a la violencia” y “coacción agravada” en perjuicio del grupo, sus directivos, periodistas y familiares.

Ayer publicó en la edición papel de su diario y en La Nación una solicitada. “Se pensó que queríamos responsabilizarlos a ellos por los hechos de otros”, se excusó el Grupo Clarín por medio de ese texto y añadió: “Por eso ayer –por el martes– aclaramos que los periodistas fueron mencionados sólo como potenciales testigos. Y hoy, además, desistimos de proponerlos incluso como testigos, para que nadie pueda malinterpretar ese hecho o sentirse intimidado”, agregó.

Los abogados del multimedio habrían presentado ayer una rectificación ante el despacho del juez federal Luis Rodríguez, quien está a cargo de la denuncia, respecto de la intención del Grupo, que –según su nueva versión– “no busca criminalizar a los periodistas e involucrarlos en una investigación judicial”. Eso diría el texto que el apoderado de la empresa, José María Sáenz Valiente, presentaría ante la Justicia.

Más allá de las presentaciones espontáneas del monopolio, Rodríguez citó a la empresa para el 5 del mes próximo para que realice la ratificación de la denuncia original de la semana pasada, la que tiene verdadero peso hasta ahora en el caso. De todas maneras, y a pesar de la marcha atrás que los abogados intentaron a partir de las presentaciones de estos días, son las autoridades judiciales quienes tienen la potestad de definir quiénes son citados o no en calidad de testigos para sumar pruebas a una causa. En caso de que los periodistas denunciados en el documento presentado por Clarín sean llamados a declarar, “aún sea en calidad de testigos”, mencionó el secretario de la entidad, Damián Loreti, el CELS asumirá su defensa.