La Cámara en lo Civil y Comercial, que es la que interviene en el expediente sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, reaccionó con espíritu de cuerpo ante las denuncias del Gobierno que ponen en duda la imparcialidad de algunos de sus miembros al vincularlos de distintas formas con el Grupo Clarín. Por esas presentaciones (recusaciones y acusaciones penales y ante el Consejo de la Magistratura) el tribunal se considera en una “situación de notable excepcionalidad” y evalúa que está “afectada” su “independencia”. Así se lo hizo saber a la Corte Suprema.

La Cámara envió una nota donde detalla la sucesión de cuestionamientos del Poder Ejecutivo que, concluyen, complica su actuación en expedientes que tienen al Estado como uno de sus protagonistas. En la presidencia del máximo tribunal no descartan pronunciarse, en una jugada más bien política, sobre el planteo de los camaristas. La presentación condensa las conclusiones de un plenario que celebraron hace ya diez días, el 19 de noviembre, pero que evidentemente evaluaron más oportuno ventilar ahora.

La primera parte refleja un pequeño debate interno que deriva en cuestionamientos al ministro de Justicia, Julio Alak, por una nota que envió a la Cámara indicando cómo se debían designar jueces subrogantes. Alak había mandado ese texto tras la polémica por el sistema que se venía utilizando en el fuero civil y comercial, que incluía suplencias rotativas semanales y sorteos manuales (contra la práctica habitual de hacerlos con un sistema informático). “Esa nota es manifiestamente improcedente e inaceptable”, dijo la camarista Graciela Medina. “Afecta la independencia”, se sumó Ricardo Recondo, denunciado por el sorteo del juez para el caso Clarín, hecho con papelitos. En otro tramo, la Cámara advierte que sus integrantes denunciados penalmente deberían excusarse “en todos los expedientes en los que intervenga el Estado” y eso perturbaría “el servicio de justicia”.

La Sala de este tribunal que ha fallado y podría volver a hacerlo en la causa de la ley de medios es la Nº 1. En dos ocasiones benefició a Clarín con la medida cautelar que lo exime de desinvertir.

Uno de sus integrantes, Martín Farrell, renunció a su subrogancia semanas atrás. De las Carreras está recusado.