Esta semana puso a prueba el temple de varios. Hubo desborde de nervios con derrotas y festejos anticipados. Algunos columnistas titularon sobre “la disolución del país”. Otros rápidamente salieron a dar clase sobre “cómo pagar la deuda externa” y otros de cómo no pagarla. Más la fragata embargada, más el tema del dólar y que YPF ahora vale la mitad y la crisis energética, más la pulseada con Macri por el subte. Y por supuesto la guerra abierta del Grupo Clarín y un 7 de diciembre que pareció diluirse en un océano de cautelares y chicanas judiciales. Las radios de los tacheros hervían con información en mal estado, pero sobre todo estaba la incertidumbre sobre la decisión de la Justicia para el 7 de diciembre y el fallo inaudito del juez Thomas Griesa en Nueva York.

Las críticas llovieron “por abrir varios frentes al mismo tiempo”, por el “confrontativismo” del Gobierno. Pero el sustento a tanto ruido de fondo eran esos dos temas pendientes en la Justicia. A este gobierno se le podrán cuestionar otras cosas, pero resulta difícil decir que actuó por vías no institucionales con la ley de medios o con la reestructuración de la deuda. Ahora, el curso ya no estaba en manos del Gobierno, sino de la Justicia. Las interferencias judiciales con la ley de medios, con cautelares y chicanas, ya habían conseguido demorar tres años su aplicación y la fortísima presión multimediática sobre los jueces creaba un clima impredecible.

Del juez Griesa no se esperaba un fallo tan desnivelado a favor de los fondos buitre. Y la Cámara de alzada ya lo había apoyado en fallos anteriores, así que también se podía esperar cualquier resultado. Dos temas en manos de la Justicia de Argentina y de Estados Unidos. Dos temas que definen el carácter de la democracia. Dos temas que pueden marcar si será sólo una ficción democrática donde las grandes corporaciones priman sobre las instituciones o una democracia con funcionamiento pleno y soberano de sus instituciones.

Y la madeja empezó a desenredarse. La Corte se expidió en términos muy firmes contra la intención de Clarín de prorrogar aún más los plazos de aplicación de la ley. Los grandes medios trataron de disimular el traspié, pero no podían ocultar que toda la estrategia del Grupo Clarín había sido para conseguir una postergación tras otra y que el dictamen de la Corte le cerraba ese camino.

La Cámara de Nueva York postergó cualquier resolución con respecto al dictamen de Griesa, con lo cual le dio más tiempo a la Argentina y evitó que el país cayera en un default técnico que ya había sido augurado por derecha e izquierda. Todo el mundo, los que nunca participaron ni participarán en ninguna negociación de nada, así como los que ya lo hicieron en su momento facilitando todo tipo de concesiones cuyas consecuencias nefastas todavía llegan hasta la actualidad, todos se habían puesto a dar clase de grandes entendedores de la deuda dando por segura la inminente catástrofe. Pero un primer dictamen de la Cámara neoyorquina favoreció a la Argentina. No quiere decir que el fallo en la cuestión de fondo, a partir de fines de febrero, también la favorezca, pero sí da una idea de lo rápido que se dan por vencidos algunos ante el primer incidente desfavorable. El tremendismo derrotista que se quiso instalar se despejó con estas decisiones judiciales.

Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, ya sin argumentos y muy desgastado por la ineficiencia en la gestión de las inundaciones, la basura, los problemas en el subte y los cortes de luz, envió a la Legislatura el proyecto para hacerse cargo de los subterráneos, poniéndole fin a una larga pulseada con el gobierno nacional. Macri retrasó más de un año una decisión que podría haber evitado molestias a los usuarios y pérdidas millonarias a la Ciudad. Durante ese año, los grandes medios, enrolados junto al macrismo, cuestionaron al gobierno nacional porque no cedía a los reclamos de Macri. Finalmente, el gobierno nacional también ganó esa pulseada que había planteado el gobierno porteño. Pero en el proyecto que se discutirá en la Legislatura, Macri puso una gran cantidad de condiciones. Reclama sobre todo libertad para aumentar impuestos y tarifas y para limitar el derecho de huelga a los trabajadores del subte. Funcionarios porteños advirtieron públicamente al kirchnerismo y al resto de la oposición al macrismo que si no aceptan por lo menos el 90 por ciento del proyecto la Ciudad no se hará cargo de los subterráneos. La pretensión es obvia: si no le aprueban lo que pide, no se hace cargo y la culpa sería del kirchnerismo y la oposición porteña.

En poker se llama blufear. Pero en este caso, Macri lo hace mostrando las cartas. Desde el momento en que aceptó que la Ciudad es responsable por los subterráneos y envió un proyecto a la Legislatura, en ese mismo momento se quedó sin carta para negociar. Si no se hace cargo ahora, tras reconocer que son de su dominio, la sociedad lo verá como una forma de evadir su responsabilidad. La pulseada principal con el gobierno nacional ya la perdió. No tiene nada para presionar. Lo único que le queda es victimizarse y hacerse cargo.

El “confrontativismo” del Gobierno en el caso del Grupo Clarín y los fondos buitre tiene que ver con el intento de factores de poder económico por imponerse sobre las instituciones. En el caso del subte, en una situación de crisis mundial, el gobierno nacional decidió achicar el gasto, pero sin ajuste social. Devolvió a los distritos que ahora exhiben marcas históricas en su recaudación gastos de los que la Nación se había hecho cargo en otro contexto, como sucede con la ciudad de Buenos Aires. La Nación discutió con distritos que están haciendo recaer el costo de la crisis con impuestos y recortes sobre los sectores populares, como el de Córdoba, o con los que reclaman subsidios porque realizan una mala administración de sus recursos, como el de Santa Cruz, e incluso con gobiernos amigos que para evitar el costo político se resisten a financiarse con impuestos a los sectores de más altos ingresos, como sucede con la provincia de Buenos Aires. Para el kirchnerismo, el cuidado de las cuentas (o la caja, como dice la oposición) es más importante que la disputa política. Los que hacen una lectura más política que económica no toman en cuenta la esencia de la administración kirchnerista y el famoso cuaderno bolichero de Néstor Kirchner.

La misma crisis internacional explica los límites puestos a la circulación de dólares o que no se haya subido el mínimo no imponible. Son medidas que pueden ser molestas y en algunos sectores más que en otros, pero que no pueden compararse con las centenas de miles de desocupados que irían a la calle si el Gobierno no recaudara para mantener importaciones, volcar grandes volúmenes de recursos al mercado y sostener la actividad económica.

Lo demás es puro ruido, como el grito de “devuelvan la fragata” pronunciado contra el Gobierno y no contra los fondos buitre. El que lo pronunció todavía estaría reclamando frente a los bancos si Néstor Kirchner no hubiera reestructurado la deuda externa, motivo por el que fue mal embargada la fragata.

El que diga que no hay escenarios de confrontación se equivoca tanto como el que los critica. Si el Gobierno no aceptara confrontar con la Iglesia, no habría matrimonio igualitario ni reforma al Código Civil. Si no confrontara con la parte corporativa de los amigos de los represores de la dictadura, no habría juicios por violaciones a los derechos humanos. Si se doblegara ante las presiones de las grandes corporaciones no habría espacio para un Estado democrático soberano. La sociedad seguirá conviviendo con todos esos sectores, pero no puede aceptar que se le impongan intereses sectoriales o corporativos y en ese esfuerzo puede ganar y perder algunas batallas, pero lo que no puede hacer es quedarse con los brazos cruzados.