El gobierno nacional tiene decidido arrancar esta semana con el proceso de adecuación de oficio para el Grupo Clarín. A pesar de que prevén que la Cámara Civil y Comercial suspenderá nuevamente su aplicación, en la Afsca adelantaron a Página/12 que no esperarán hasta que se produzca esa medida, ya que mientras no haya una decisión judicial en contrario, el juez de primera instancia Horacio Alfonso ratificó el viernes la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y dispuso la finalización de las medidas cautelares vigentes. Además, en caso de producirse la suspensión por parte de la Cámara, anticiparon que presentarán un pedido de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la cuestión de fondo.

A partir del lunes, la Afsca está en condiciones de iniciar con el proceso de oficio, establecido en el reglamento de transferencia de oficio aprobado el 3 de diciembre último por el directorio del organismo. Esa decisión no necesita de una nueva resolución administrativa por parte de la autoridad de aplicación, ya que la misma había sido aprobada para iniciarse el 10 de diciembre y luego fue suspendida por la Cámara el 6D. En ese contexto, al organismo que preside Martín Sabbatella sólo le resta emitir la notificación al Grupo Clarín para avisarle que comenzará con el primer paso: la tasación de las licencias y los bienes afectados a ellas. Según fuentes de la Afsca, todo el proceso, que culmina en la transferencia de la licencia, lleva aproximadamente unos 100 días. Eso siempre y cuando no haya –y es probable que sí los haya– nuevos obstáculos judiciales.

“El reino de las cautelares se terminó. Una cosa era el clima de las cautelares donde no había plazos y otra cosa es ahora que está la sentencia de primera instancia, cuando empieza un proceso que no se puede alargar in eternum. Ahora corren los plazos que determina el Código Procesal”, explicó a Página/12 el subsecretario general de la Presidencia y ex titular del Comfer, Gustavo López, para remarcar el “cambio de escenario” que significó la sentencia del juez Alfonso, que el viernes último ratificó la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la LSdCA. Al igual que el fiscal Fernando Uriarte, Alfonso sostuvo que no hay riesgo para la libertad de expresión ni la libertad de prensa y que en todo caso Clarín podría realizar posteriormente algún planteo de índole patrimonial.

Según López, en términos procesales correspondería al juez de primera instancia determinar si la apelación del fallo tiene efectos “suspensivos” o “devolutivos”. Alfonso debería definir esta cuestión cuando eleva y da paso a la Cámara para que el multimedios exprese ante ella su “agravio” por la sentencia del magistrado. Sin embargo, dado el escenario de fuerte confrontación entre la Cámara y el Gobierno, en el kirchnerismo no descartan que los integrantes de la Sala I intenten frenar la aplicación de la ley en esos artículos, como ya sucedió anteriormente. Podrían hacerlo mediante la aplicación de efectos suspensivos en la apelación o mediante el otorgamiento de una nueva medida cautelar, situaciones jurídicamente diferentes, pero con un efecto similar. Dependerá del planteo que realice Clarín –que según anticipó será el lunes– y de hasta dónde esté dispuesta a actuar la Cámara. En la Corte Suprema dejaron trascender su enojo por la decisión que había adoptado ese tribunal al reponer la cautelar el 6 de diciembre, lo que el ministro Raúl Zaffaroni consideró expresamente que podría configurar un “alzamiento”.

“Es posible que esta Cámara, colonizada por sus patrones, actúe en función de los intereses de las corporaciones”, insisten hace días en el oficialismo cada vez que deben intervenir los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta. Entre otras cosas, los magistrados opinaron sobre cuestiones que nunca les habían sido requeridas, como el otorgamiento de un año más para presentar el plan de adecuación una vez vencidas las medidas cautelares. El Ejecutivo presentó semanas atrás una denuncia penal contra la Cámara, luego de advertir una serie de irregularidades y de que fueran desestimados sus pedidos de recusación por la sospecha de “dádivas” por parte del Grupo Clarín.

“Para nosotros empezó el tiempo de descuento, un camino sin obstáculos hacia la Corte, con o sin per saltum empezó un camino que no puede pasar de dos o tres meses”, reveló un funcionario oficialista que sigue al detalle los pormenores del caso.

El verdadero interrogante, entonces, no se plantea sobre la constitucionalidad de la ley, sino sobre los tiempos en los que podrá concretarse su aplicación integral. “Lo que busca Magnetto es ganar tiempo para generar condiciones políticas que le permitan evadir el cumplimiento de la ley. Y ese es el acuerdo con la oposición”, dijo Sabbatella días atrás a este diario. Para el oficialismo, entonces, resta saber si, más allá de las novedades que puedan producirse en las próximas semanas, al final del camino la Corte ratificará el criterio de su fallo del 22 de mayo y determinará que todos los plazos están vencidos o si le concederá a Clarín el plazo de un año para presentar su plan de adecuación.