Mañana, como ya ocurrió el 10 de noviembre del 2011, la presidenta Cristina Fernández recibirá al titular de la Conferencia Episcopal, el arzobispo santafesino José María Arancedo. El encuentro será un signo irrebatible de que el diálogo entre el máximo nivel del Poder Ejecutivo y las autoridades de la Iglesia Católica no está roto, como quisieron hacer creer de manera interesada algunos medios de comunicación empeñados en fabricar enemigos al Gobierno. Pero la existencia de la reunión tampoco habla de coincidencias, de acuerdos. Sí de disposición al diálogo, a pesar de las diferencias y de los mutuos disgustos que generan las posiciones de cada una de las partes. Desde que asumió Arancedo al frente del Episcopado y con Cristina Fernández como presidenta, hay un esfuerzo por mantener abiertas las vías de diálogo que, en otro tiempo, estuvieron cerradas entre Néstor Kirchner y el entonces titular de la Conferencia Episcopal, el cardenal Jorge Bergoglio.

Los canales de diálogo se mantienen hoy a pesar de las discrepancias. Eso, por una parte, gracias a la disposición política de la Presidenta para sostener sus puntos de vista pero sin enfrentarse de manera directa con la jerarquía de la Iglesia. Y, por otra, al estilo habitualmente distendido y no confrontativo –lo que no quiere decir exento de firmeza en sus posiciones– del arzobispo Arancedo.

El escenario del martes será muy similar en sus participantes al de un año atrás. La Presidenta seguramente estará acompañada por el canciller Héctor Timerman y por el secretario de Culto, embajador Guillermo Oliveri, responsable directo de las relaciones del Gobierno con la Iglesia. Oliveri es quien habitualmente habla con los obispos, y su interlocutor natural es el secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo Enrique Eguía Seguí. Quizá de la parte oficial se sume el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Por el episcopado, además de Arancedo, estarán los vicepresidentes Virginio Bressanelli (Neuquén) y Mario Cargnello (Salta), dos hombres de perfil y trayectorias distintas. El neuquino, vicepresidente primero, es un religioso que durante su vida sacerdotal se ha destacado por sus posiciones progresistas y su apertura. Al salteño, en cambio, se lo ubica cerca de los conservadores del episcopado. También estará Eguía Seguí, como parte de la Comisión Ejecutiva.

No hay una agenda establecida, pero los obispos pidieron la entrevista para entregarle a la Presidenta el documento emitido con posterioridad a la asamblea plenaria de noviembre y que se difundió pocos días antes del tan mentado 7D. Por el contenido de la declaración episcopal –que sólo plantea objeciones y dificultades sin reconocer ningún logro– y por la oportunidad de la publicación, el pronunciamiento episcopal cayó mal en el Gobierno. Los obispos, junto al saludo navideño a la Presidenta, expondrán sus “preocupaciones”. La Presidenta, en el mismo tono, seguramente les reiterará la postura oficial: ¿por qué mirar siempre la mitad vacía del vaso y no rescatar la mitad llena?

En ese caso los obispos recibirán el mismo reproche que, desde las propias filas, les marcaron muchos católicos. Comenzando por los Curas en la Opción por los Pobres y siguiendo por el recientemente constituido grupo de Cristianos para el Tercer Milenio y, entre otros, el Centro Nueva Tierra que agrupa a laicos y religiosos cristianos, en su mayoría católicos. El mismo día en que se difundió el documento episcopal los Curas dijeron enfáticamente que no están de acuerdo con la mirada de la jerarquía y pocos días después emitieron su propio saludo navideño destacando las “buenas noticias” que ha generado esta gestión de gobierno. Los obispos saben que hablan por sí mismos y se hacen voceros de una parte del catolicismo que, en términos políticos, se alinea en la oposición. Aunque formalmente sostengan que no participan en política, que opinan desde los principios y la doctrina y que hablan “para todos” sin dirigir mensajes a nadie. Difícil de creer con los hechos a la vista. Pero tanto los miembros de la jerarquía católica como los integrantes del Gobierno saben que los obispos ya no expresan el pensamiento y el sentir de gran parte de quienes se siguen considerando católicos en el país.

No habrá lugar en este caso para otros temas urticantes como la revisión de la actuación de la institucionalidad católica durante la dictadura, la falta de sanción de la jerarquía actual al dictador Jorge Videla, que se sigue proclamando católico, o la falta de colaboración episcopal para brindar información institucional con el fin de aclarar delitos de lesa humanidad. Estos puntos, entre otros, formaron parte de reclamos recientes de laicos católicos a sus obispos.

Lo más probable es que todo sea formalmente cordial. A tono con los adjetivos que ambas partes usan cuando se consulta sobre las relaciones entre la jerarquía de la Iglesia y Gobierno. “Institucionales” y “fluidas” suelen ser las palabras. Esto quiere decir que cada uno atiende su juego, que las jugadas de ambos lados resultan previsibles y que no debería haber lugar para los exabruptos ni las sorpresas. Mensajes apenas insinuados en medio de un clima de cordialidad y fotos de todos los participantes sonrientes. Arancedo y los suyos podrán informar a sus pares y a Roma que pusieron en manos de la Presidenta los reclamos contenidos en su último documento. Cristina Fernández, por su parte, habrá dejado sin argumentos a quienes sostuvieron que no accedería a encontrarse con la jerarquía de la Iglesia. Pero nada habrá cambiado sustancialmente.