El juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso admitió y elevó a la Cámara del fuero la apelación del Grupo Clarín contra su propia sentencia de fondo, con la que el viernes último levantó la medida cautelar favorable a la empresa y rechazó sus planteos de inconstitucionalidad contra la ley de medios. En el Gobierno se inclinaban por asumir –aunque con discusiones internas– que esta situación judicial complica transitoriamente que la Autoridad Federal de Aplicación (Afsca) continúe con el proceso de transferencia de licencias que había iniciado el lunes de oficio. Pero hubo otra novedad ayer que generó en la Casa Rosada la expectativa de que sea la Corte Suprema la que defina primero la suerte de la cautelar, y con ella la de la aplicación de la norma: la Cámara le concedió el recurso extraordinario para que los jueces supremos decidan si anulan la resolución que la prolongó más allá del 7D. Mientras tanto, analizan otros posibles caminos, aunque aún con dudas, como la presentación de un per saltum para que el máximo tribunal también se expida sobre la constitucionalidad.

En la discusión judicial alrededor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se superponen dos expedientes enmarañados: en uno se discute la constitucionalidad de ley y en el otro la vigencia de la medida cautelar que mantuvo al Grupo Clarín eximido de ceder licencias de radio y televisión para adecuarse a la norma. En el primero, el juez Alfonso rechazó los planteos de inconstitucionalidad del holding contra la exigencia de adecuarse en un año a los límites de concentración y dijo que debía levantarse la cautelar. Esa medida estaba vigente porque, en el otro expediente, la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial había decidido prolongarla a pedido de Clarín más allá de la fecha de vencimiento del 7D que había fijado la Corte Suprema.

Por un lado, Clarín apeló la sentencia de Alfonso porque quiere que la Cámara –que hasta ahora jugó siempre a su favor– la revierta. El juez concedió ayer esa apelación y dispuso elevarla “libremente” a los camaristas “con la forma de estilo”. Con esa fórmula algo críptica evitó decir taxativamente si concedía la apelación con “efecto suspensivo”, lo que abrió un amplio arco de interpretaciones dentro del Gobierno y el análisis de distintas estrategias a seguir.

Clarín sostiene que la apelación suspende la aplicación del fallo y reinstala la cautelar. Una de las lecturas planteadas en despachos oficiales es que queda en suspenso la aplicación de la sentencia de Alfonso sobre la constitucionalidad y esto retrotrae todo al escenario previo a la sentencia del viernes, con dudas acerca de la cautelar. Pero por la noche ganaba adeptos un análisis según el cual si bien en un proceso ordinario y ante una sentencia condenatoria el recurso siempre tiene efecto suspensivo, esto no se traslada a una sentencia como la de Alfonso en el caso de Clarín, que es el rechazo de su demanda. El efecto suspensivo es para evitar modificar un estado de las cosas, pero la que intentó cambiarlo en este caso fue la empresa y no lo consiguió en primera instancia, por lo que se considera que la ley está vigente, y nadie la declaró inconstitucional. A ese razonamiento se agrega otro que señala que el efecto suspensivo no se aplica a las cautelares –que deben evaluar las instancias superiores–, aunque sí para la cuestión de fondo.

La apelación del Grupo Clarín seguirá su ruta hacia la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, que sostuvo la cautelar lo más que pudo en distintos fallos. La empresa apuesta a que como próximo paso sea ese tribunal el que resuelva. En el Gobierno, es evidente, preferirían saltear esa instancia. Por eso la concesión del recurso extraordinario sobre la prolongación de la medida cautelar más allá del 7D fue recibida como una buena noticia, ya que traslada ese debate otra vez a la Corte.

Cuando el máximo tribunal rechazó el primer per saltum planteado por el Estado, le indicó también que el camino correcto era presentar el recurso extraordinario en la Cámara. Ese tribunal de alzada tenía la llave para concederlo (o no), y finalmente lo habilitó ayer, por lo que después de las notificaciones de rigor llegará a los supremos. En el brindis de fin de año que celebraron ayer con la prensa, al menos dos integrantes del máximo tribunal dijeron que estaban esperando que les llegara esta cuestión en cualquier momento, lo que los devolvería al centro de la escena. No tienen plazo para resolver, pero el criterio de sus últimos fallos ha sido apurar todo el trámite judicial al máximo para que haya de una buena vez una definición sobre la cuestión de fondo. El argumento esgrimido por la Jefatura de Gabinete y la Procuración del Tesoro es que cuando la Cámara prolongó la cautelar contradijo a la propia Corte que había establecido que estas medidas provisorias no pueden ser eternas y terminar suplantando de hecho a una sentencia, y que el 7D caía la cautelar que protegía a Clarín. En un voto reciente, el juez Raúl Zaffaroni incluso dejó sentado que los camaristas pudieron haber protagonizado un “alzamiento”.

Así, el camino para que se expida nuevamente el máximo tribunal está abierto otra vez. Una de las hipótesis que circularon ayer en el Gobierno, al menos en la Afsca, y en especial entre quienes entendían que la decisión de Alfonso tenía efecto suspensivo, era plantear un nuevo per saltum. En ese caso, plantean que el Estado podría quejarse de que la imposibilidad de aplicar la ley genera el efecto de una sentencia definitiva. O que podría analizar algunas otras situaciones que les produjeran un agravio. Lo ideal sería, suponen, lograr que la Corte Suprema resuelva sobre la cautelar y sobre el fondo todo de una vez. También se evaluó la posibilidad de pedirle una aclaración a Alfonso, para lo cual todavía tienen tiempo, aunque de momento la intención sería no confrontar con el magistrado. Otra alternativa: no hacer ningún nuevo planteo, esperar que la maquinaria judicial siga avanzando. Que se eleve la discusión de la cautelar a la Corte favorece esta última opción. Habrá que ver si ese tribunal avanza y hasta dónde.