El gobierno nacional presentó ayer, por segunda vez, un per saltum para que la Corte Suprema intervenga en la causa Clarín. El ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que el Poder Ejecutivo hizo el planteo con el objetivo de que el máximo tribunal resuelva las dos cuestiones que impiden la aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en juego: por un lado la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, por el otro, la vigencia de la medida cautelar dictada por la Cámara Civil y Comercial. Sobre este último punto, tramita en paralelo el recurso extraordinario presentado por el Gobierno, que como publicó ayer Página/12 fue elevado por la Cámara a la Corte, que en caso de rechazar el per saltum podría de todas formas resolver la situación de la medida cautelar.

“La salud de la democracia, el pleno funcionamiento de los poderes del Estado y la voluntad popular exigen una rápida solución judicial a esta cuestión”, sostuvo el ministro de Justicia, quien remarcó que recurren a la Corte “para que haga valer el pronunciamiento del 22 de mayo, que ponía fin a la cautelar, pero también para que se expida sobre la constitucionalidad de la ley, que Clarín ha desconocido durante tres años”.

La compleja maraña judicial sobre la ley de medios recién ahora podría aproximarse a una resolución por parte del máximo tribunal del país. Con el objetivo de acortar los plazos y evitar la intervención de la Cámara Civil y Comercial, el Gobierno insistió con la utilización del recurso extraordinario por salto de instancia, que se había rechazado antes del fallo del juez Horacio Alfonso del 14 de diciembre. En aquella oportunidad, la Corte le indicó al Ejecutivo que plantee el recurso extraordinario ante la Cámara y que continúe el camino procesal habitual.

Ayer, Alak explicó que ahora “se dan las condiciones” para solicitar el per saltum, y remarcó la “gravedad institucional” de la causa, ya que “excede el interés de dos partes porque involucra a toda la sociedad argentina que espera, con angustia y preocupada, que se cumpla la ley votada por el Congreso”.

Según la reglamentación del per saltum, éste puede ser rechazado por la Corte si no se observan los requisitos para su aceptación. Pero en caso de admitirlo, explicítamente expresa que tendrá “efectos suspensivos”. Es decir que si la Corte aceptara analizar el planteo, eso ya tendría consecuencias sobre la aplicación de la ley. Las partes tienen cinco días para contestar y luego el máximo tribunal deberá resolver la cuestión.

En el texto presentado este mediodía ante la Corte Suprema, el Ejecutivo reivindica el pronunciamiento del juez Alfonso a favor de la constitucionalidad de la ley, pero cuestiona otros tres puntos: el primero, respecto del rechazo de la “falta de legitimación activa” del Grupo Clarín. El Ejecutivo sostiene que hasta la promulgación de la ley en diciembre de 2009, el Grupo Clarín “no era titular de ninguna licencia de radiodifusión o señal de contenidos, razón por la cual no reviste el carácter de parte sustancial y no tiene aptitud para pretender la declaración de inconstitucionalidad que solicita”. Vinculado con esto, en el per saltum rechazaron que la empresa tenga derechos adquiridos respecto de esas licencias.

Cuestionamientos

En un segundo punto, el Estado cuestionó el fallo de primera instancia en tanto considera que el Grupo Clarín es “susceptible de reconocimiento de una reparación integral por la actividad lícita del Estado”. Es decir, el Gobierno rechazó una eventual reparación económica para el multimedios en caso de que pudiera demostrar el daño sufrido tras la aplicación de la ley. Según el escrito, correspondía desestimar expresamente la pretensión indemnizatoria de Clarín.

Por último, cuestionaron que el magistrado haya determinado el pago de las costas “por su orden”, en vez de establecer que los gastos corran por cuenta de la parte que pierde el juicio, como es costumbre.

Además, solicitó a la Corte que habilite “días y horas” para la resolución de la causa, fórmula utilizada para pedir que se computen como días hábiles los fines de semana, feriados y de ser necesario también la feria judicial de enero.

En otro tramo de la presentación, los abogados del Gobierno remarcaron que la Cámara Civil y Comercial “no ofrece garantías de objetividad e imparcialidad” dadas las irregularidades cometidas en la designación de magistrados subrogantes de primera instancia, la denuncia por “dádivas” que pesa sobre el camarista de la Sala I, Francisco de las Carreras, y un “compendio de arbitrariedades” llevado a cabo por esa Cámara para resolver las recusaciones planteadas por el Ejecutivo sobre De las Carreras, entre otros magistrados.

En otra crítica a la Cámara, le solicitó a la Corte que restablezca “el respeto a su supremacía como máxima autoridad jurisdiccional” y determine el fin de la medida cautelar. El Ejecutivo sostiene que la resolución de la Sala I, prorrogando la vigencia de la cautelar, contradice lo dispuesto por la Corte en su fallo del 22 de mayo, cuando fijó el 7 de diciembre para su finalización.

Al filo de las fiestas y de fin de año, la Corte tiene una vez más la posibilidad de acortar considerablemente el proceso judicial, que, en caso de rechazar el per saltum, recién podría ver una sentencia firme para marzo o abril del año próximo.