“Las leyes establecen claramente las responsabilidades de cualquier funcionario, civil o no, por crímenes comunes o de lesa humanidad”, consideró Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata. Con respecto a la sentencia de Jaime Smart, primer funcionario civil condenado por crímenes de lesa humanidad y quien fuera ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1979, aseguró que “las leyes lo permiten, pero la responsabilidad de cumplir con esos mandatos y de investigar, y en su caso condenar, es de cada juez”. También pidió que los juzgados federales investiguen la actuación de sacerdotes y la posible complicidad de funcionarios judiciales con el terrorismo de Estado.

La condena a prisión perpetua que recibieron ayer en La Plata el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura y otros quince represores por crímenes cometidos en seis centros clandestinos de detención conocidos como el Circuito Camps tomó voz en diferentes personalidades. Representantes de organismos de derechos humanos, funcionarios y ex víctimas de secuestros en la dictadura consideraron que el fallo es “una reparación histórica ejemplar”. “Fue una sentencia ejemplar, que está a la altura de las circunstancias. El fallo le da sentido y densidad a la consigna Memoria, Verdad y Justicia”, aseguró Guido Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. De los 23 condenados, dieciséis represores recibieron perpetua y siete penas de entre dos y 25 años.

“Felicito al juez Carlos Rozanski –agregó Carlotto– y a todo el tribunal, ya que la sentencia profundiza sobre la matriz que se despliega desde el 25 de mayo de 2003: los valores que habitan en la política de Memoria, Verdad y Justicia y la búsqueda de poner luz sobre la complicidad civil hoy han sido fortalecidos.”

El juez Rozanski, junto a sus pares Mario Portela y Roberto Falcone, condenó en la sala del teatro de la ex AMIA en La Plata, además de a Smart, entre los de mayor rango, a Rodolfo Aníbal Camps, ex coronel del Ejército, y a Miguel Etchecolatz, comisario, director de la Brigada de Investigaciones de La Plata y mano derecha del ex jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps.

Emilce Moler, sobreviviente de La Noche de los Lápices, dijo que “son juicios reparadores que aportan a la construcción de una democracia más plena” y que “ponen en evidencia la complicidad de civiles y de representantes de la Iglesia” en la participación de “un aparato represivo y sistemático” de desaparición de personas. “Mi caso, después de tantos años de lucha bregando por justicia, convierte al de ayer en un día histórico”, señaló la ex estudiante secundaria secuestrada entre el 15 y 16 de septiembre de 1976 junto a un grupo de jóvenes que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios.

Por su parte, la titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, consideró que el represor Miguel Etchecolatz “es un payaso que sabe lo que le espera, terminará su vida en la cárcel como lo merece”. “Fue muy fuerte –agregó– para los familiares de las víctimas y no les podemos decir gracias a los jueces porque hicieron lo que debían, pero sí que han escrito una página en la historia con este juicio.”

“Estas condenas son una nueva señal de que la Argentina está enfrentando su trágico pasado y llevando a la sociedad verdad y justicia”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “El desafío es que la totalidad de aquellos que participaron en los asesinatos, torturas y desapariciones de millones de personas durante la última dictadura militar, incluyendo a los civiles, son llevados ante la Justicia”, expresó Belski.

Algunos de los casos por los que se condenó a los represores fueron los vinculados con Papel Prensa, a través del secuestro de los Graiver, entre ellos Lidia Papaleo y Jorge Rubinstein y los secuestros que se dieron en La Noche de los Lápices.